La familia Kirchner en jaque

El juez Bonadio pidió a la AFIP las últimas declaraciones juradas de la presidenta, de Néstor Kirchner y de sus dos hijos: Máximo y Florencia. La solicitud también alcanza a Lázaro Báez. Crecen las sospechas por las presuntas operaciones de lavado de dinero a través del negocio hotelero

El escandaloso crecimiento patrimonial que han tenido los Kirchner, en la mal llamada “década ganada”, está poniendo a la familia presidencial contra las cuerdas.

Ayer, el juez federal Claudio Bonadío avanzó con la investigación que incomoda de sobremanera a Cristina Fernández y a su círculo más cercano. El magistrado pidió ayer a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) -el organismo que preside Ricardo Echegaray, que durante años protegió los negocios turbios de la presidenta y de su fallecido marido- las declaraciones juradas de la Presidenta, del ex mandatario Néstor Kirchner, sus hijos, Máximo y Florencia, y del empresario Lázaro Báez.

Se trata de la causa en la que se investigan supuestas anomalías registrales y la falta de presentación de balances de la sociedad Hotesur, donde la jefa del Estado es accionista y que administra Alto Calafate, uno de sus hoteles.

Bonadio, además, investiga la hipótesis del lavado de dinero, dado que la firma acordó alquilar casi un millar de habitaciones al mes a Báez durante dos años, estén o no ocupadas.

Por orden del juez federal, efectivos de la Policía Metropolitana se presentaron ayer en la sede central de la AFIP para requerir las declaraciones juradas de la Presidenta, sus hijos y Báez, según confirmaron fuentes de la fuerza a este medio. Asimismo, solicitó la información patrimonial de Néstor Kirchner entre los años 2008 y 2010, cuando falleció.

El juez federal ordenó el jueves pasado un allanamiento en la sede de Hotesur, propiedad de la Presidenta, por irregularidades administrativas. También dispuso un operativo en la Inspección General de Justicia (IGJ) para pedir los legajos originales de esa empresa.

La acción judicial sobre Hotesur respondió a una denuncia de la diputada Margarita Stolbizer, quien señaló irregularidades registrales en la firma presidencial. Las medidas del magistrado generaron una dura reacción del Gobierno. En su reaparición en público tras tres semanas de reposo, la Presidenta advirtió que no se dejará "extorsionar por ningún carancho judicial" y acusó a Bonadio de ser propietario de una firma que también debe balances.
Además, el kirchnerismo embistió contra el juez en dos frentes: el oficialismo lo denunció por mal desempeño en el Consejo de la Magistratura y el senador del Frente para la Victoria, Marcelo Fuentes, impulsó una investigación en los tribunales por supuesto enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y abuso de autoridad. A todas luces, lo que intentó realizar el gobierno K fue un apriete.

“Esta ofensiva contra Bonadío me preocupa mucho, teniendo en cuenta algunos antecedentes. Por ejemplo, cuando Rafecas allanó el domicilio de Boudou, el vicepresidente hizo que separaran al fiscal, al juez e hizo que renuncie el propio Procurador General. Luego quisieron hacer lo mismo con el fiscal Campagnoli. Existen los caminos constitucionales para pedir o apartar un juez. Pero lo que no se puede hacer es perseguirlo por cumplir con sus funciones”, le dijo a Hoy la legisladora Graciela Ocaña, impulsora de varias de las denuncias de corrupción que hoy tiene contra las cuerdas al kirchnerismo.

“El juez está investigando, que es su función y esto es lo que está sucediendo. Espero que se encamine la investigación tal cual lo establecido por la denuncia de lavado de dinero en las cuestiones vinculadas a Hotesur y a los bienes de la presidenta y su familia. Que el juez Bonadío haya pedido las declaraciones juradas de Néstor, Cristina, Máximo y Florencia Kirchner entra todo dentro de la investigación que se viene desarrollando”, concluyó Ocaña

Grosera maniobra contra Stolbizer

El presidente del GEN bonaerense, Gerardo Milman, afirmó ayer que la denuncia contra la diputada Margarita Stolbizer por presunto "enriquecimiento ilícito" la presentó "un abogado vinculado al gobierno" nacional.

"Es la actitud del desesperado que prende el ventilador", evaluó el director por la oposición en la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA).

Milman respaldó a su colega del GEN al calificar como "una actitud adolescente" la denuncia que realizó un particular identificado como Santiago Masilla, en medio de la embestida del kirchnerismo por la acusación de Stolbizer contra la presidenta Cristina Fernández por presunto "lavado de dinero".

"La diputada Stolbizer cuelga sus declaraciones juradas en su web", remarcó el referente del GEN bonaerense, y pidió "que  comparen la declaración de la diputada con la de la Presidenta y saquen conclusiones".