Pusieron en jaque a la justicia K

La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal declaró inconstitucional la reforma a la ley del Consejo de la Magistratura, impulsada por CFK hace 9 años. Esos cambios fueron los que iniciaron el copamiento del poder judicial por parte del oficialismo

El contexto político es determinante. El kirchnerismo se agota y algunos jueces se animan a poner las cosas en orden. En ese marco la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal declaró inconstitucional la ley que en 2006 reformó el Consejo de la Magistratura, impulsada por la presidenta Cristina Fernández cuando era senadora nacional, y objetó "el notable predominio del estamento político" sobre los restantes estratos del organismo.

Se trata de la ley 26.080 que redujo de 20 a 13 el número de consejeros y alteró la proporcionalidad de los distintos segmentos que conforman el Consejo de la Magistratura.

El fallo, que contiene duras objeciones a la norma, firmado por José Luis López Castiñeira y Luis María Márquez, pone en la mira la designación del camporista Ernesto Kreplak al frente del Juzgado Federal nº 3 de La Plata.

El dictamen responde a una apelación del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y el tribunal cuestionó "el notable predominio del estamento político respecto de los restantes estratos que componen el Consejo de la Magistratura".

Cuestionado predominio político
El sector político está, en la actual formación, habilitado para "ejercer por sí innumerables funciones -y adoptar decisiones al respecto- con su sola voluntad y mayoría, vulnerando de esa manera el equilibro establecido en la Carta Magna".

Los jueces sostuvieron que la actual integración "permite que la simple mayoría del estamento político, por sí sola, decida acerca de todo lo atinente a la administración general del Poder Judicial y la sanción disciplinaria de los magistrados".

Ello -consideró el tribunal- "atenta de manera frontal contra la independencia que el constituyente quiso preservar en la reforma constitucional de 1994" pues "posibilita el ejercicio de un ostensible predominio por parte del estamento político respecto de los restantes sectores representados". El fallo impone regresar a la vieja conformación de 20 consejeros.

Estas resoluciones son mensajes que la justicia está dando. Ahora,  los magistrados, ante un gobierno en retirada les resulta mucho más fácil dictar algunos fallos. Es que se avizora el comienzo de una nueva etapa y quieren marcar bien el poder que la justicia debe tener para el caso de que se produzcan nuevos embates.

El kirchnerismo lo hizo con la reforma al Consejo de la Magistratura, la Ley de democratización de la Justicia, que la Corte declaró inconstitucional en 2013 y por la nueva ley de subrogancias, derogada el 4 de noviembre pasado por el Máximo Tribunal.

“Era una ley violatoria de la Constitución”

Andrés Gil Domínguez (Abogado constitucionalista y docente de la UBA)
Especial para Hoy

Me parece que el fallo de la Sala II es muy valioso, que se adecua a lo establecido por la Corte Suprema de Justicia cuando interpretó los términos constitucionales de la integración del Consejo de la Magistratura. Pero también es un fallo que demoró demasiado.

La ley de 2006 lo que logró fue imponer dentro del Consejo de la Magistratura al segmento político, por encima del resto de los estamentos, que son los jueces y abogados. Esta norma claramente violaba el equilibrio que impone el artículo 114 de la Constitución Nacional.

Esta resolución anunciada hoy (por ayer) está en sintonía con los fallos que está dictando la Corte Suprema de la Nación. Seguramente desde la Casa Rosada van a apelar esta determinación, pero con el cambio de gobierno, es de esperar que las nuevas autoridades auspicien una nueva ley del Consejo de la Magistratura donde se le dé una nueva composición  y equilibrada. Hoy por hoy, de 13 integrantes, siete son del estamento político. Y con siete se tiene quórum, se toman un montón de decisiones, sin tener que contar con el resto de los integrantes.

Y esto ha sido aprovechado por el kirchnerismo para avanzar sobre la independencia de poderes, al sancionar magistrados y designar subrogantes con discrecionalidad.