Un empresario echado de Uruguay que recibe millonarios favores del gobierno K

Se trata del mexicano Carlos Slim, estrechamente vinculado con la familia del jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina. El gobierno uruguayo de José Mujica le acaba de revocar una licencia de televisión satelital

A Carlos Slim se lo conoce por ser el dueño de  la empresa de telefonía celular Claro y por ser considerado el hombre más rico del mundo. Lo que pocos se preguntan es cómo logró masar semejante fortuna en México, donde los carteles de la droga y el crimen organizado tienen más poder que el propio Estado.

La realidad es que, a la hora de hacer negocios oscuros, a los K poco les importa los antecedentes de sus posibles socios.  Slim, desde hace varios años, mantiene una estrecha relación –es su mano derecha- con el padre de Juan Manuel Abal Medina, actual jefe de gabinete K, lo que le permitió que le abrieran las puertas en la Argentina. Y esto se da en momentos donde, en distintos países, intentan sacárselo de encima.

De esta manera, la suerte para la empresa Claro puede variar considerablemente según de qué lado del Río de la Plata se encuentre. Mientras el gobierno uruguayo la expulsó por violar reglamentaciones comerciales, en Argentina se ha amparado su accionar irresponsable que no ha hecho más que sabotear los intereses de miles de usuarios y consumidores.

El mandatario de la banda oriental, José “Pepe” Mujica decidió días atrás firmar un decreto por el que se le revoca a dicha compañía  el permiso concedido para operar el sistema de televisión por satélite para abonados. La decisión del gobierno se fundamentó en base a una "grosera violación" de la reglamentación que regula al servicio en cuestión, ya que se señala que la empresa Flimay (Claro) es una sociedad con acciones nominativas y su único accionista es Metrored Holdings, "cuyos accionistas se desconocen". Según las autoridades uruguayas, al no existir identidad de los titulares que figuren como integrante de esa sociedad "se está incumpliendo con la legislación vigente".

La telefonía celular, un gran negocio en el país

A diferencia de Uruguay, en la Argentina, la empresa dirigida Slim orienta sus negocios hacia la telefonía celular, prestación totalmente desregulada y sin ningún tipo de control estatal. En la nación limítrofe, el sector privado controla el 53% de dicho servicio, del cual Claro posee tan sólo el 16%. Por el contrario en Argentina, casi la totalidad de la prestación está concentrada de manera oligopólica, donde tres empresas manejan el 99% del negocio (Claro posee el  36% del mercado, Personal el 33,7% y Movistar el 30,1%), y no reciben ningún tipo de controles por parte del Estado.

“En Argentina hay 36 millones de líneas y 58 millones de teléfonos celulares. A esta altura del partido no puede ser que la telefonía celular no esté regulada. Además, se  está empujando a los usuarios a la telefonía celular, inclusive venden el servicio de teléfono celular fijo que es de mala calidad, de mala señal e inclusive hay muchos problemas con el servicio de Internet”, indicó a Hoy Osvaldo Bassano,  presidente de la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores (Adduc). Además sostuvo que existe una “falta de inversión en antenas y en infraestructura por parte de las cuatro empresas que participan del mercado, inclusive Claro, prefiriendo sacar del país la ganancia y no poner un peso acá”.

Una inmensa facturación para una pésima prestación

Argentina le sienta bien al magnate azteca Carlos Slim. Claro, uno de sus principales capitales residentes en el país facturó en 2011 (uno de los últimos registros conocidos) unos 11.284 millones de dólares.

Pese a los niveles de rentabilidad que tiene, del monto total facturado sólo viene estipulando inversiones anuales que no superan los 1000 millones de dólares.

Cabe recordar que Claro,  a través América Móvil (empresa de la que es subsidiaria) es dueña de Tracfone, en los Estados Unidos, y de Comcel en Colombia y Telcel en México.

El evidente amparo gubernamental

Ante las constantes quejas de las asociaciones de consumidores, el gobierno nacional se vio obligado a tomar decisiones respecto a las problemáticas existentes en el servicio de telefonía celular. En ese marco, y evitando denunciar el rol oligopólico, así como las pésimas prestaciones brindadas por las empresas, en septiembre del año pasado, el  ministro de Planificación Julio De Vido anunció la creación de la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (Arsat), la cual estaría a cargo del Estado.

Lo cierto es que el problema central que vienen denunciando los Consumidores y sobre lo cual el gobierno ha decidido no expedirse tiene que ver con el tipo de regulación que posee el sector. De ahí, que Adduc, Consumidores Libres, Deuco, entre otras asociaciones, vienen reclamando que se apruebe un proyecto legislativo (cajoneado en el Congreso) para calificar como “servicio público” a la prestación, situación por la cual no sólo se podrían realizar controles más concretos sobre las inversiones de las empresas, sino que también debería realizarse una audiencia pública ante cualquier intento de aumento de tarifas.

“El sistema de telefonía celular debe ser regulado como servicio público. Y el sistema de Internet que se brinda a través de la telefonía celular o a través de la telefonía fija, tiene que tener una regulación inclusive tomándolo como servicio público, porque si no el consumidor tiene problemas muy serios”, agregó Bassano.

A partir de la decisión gubernamental, el capital mexicano decidió retirarse de Uruguay y evaluará acciones legales a futuro.