Aseguran que Echegaray espiaba para extorsionar desde la AFIP

Echegaray fue uno de los garantes de la corrupción y el saqueo que sufrió el país en la era Kirchnerista. Sin su participación no hubiese podido ser la maniobra de corrupción a través de la obra pública más grande de la historia.

Sin él ni Cristobal López, ni Lázaro Baéz, ni Ciccone, habrían tenido el camino libre para el robo y la destrucción de lo público. Su función desde la AFIP era controlar, pero él encubrió y allanó el terreno para que todas las operaciones de corrupción se pudieran realizar. Sus crímenes deberían considerarse como de lesa humanidad, ya que las consecuencias masivas con su accionar han afectado a todos los argentinos y los efectos del saqueo serán sufridos por mucho tiempo más.

Y no perdemos la capacidad de asombro con su accionar, ya que según se supo después de una auditoría realizada en la AFIP, Echegaray espió en forma ilegal a Mauricio Macri y a todo el entorno del actual Presidente de la Nación. Esto ocurrió durante el segundo semestre del año pasado, con la ayuda de un “grupo de tareas” que se filtró en forma ilícita el sistema informático secreto de la AFIP.

El ex jefe del organismo aceleró los trabajos entre octubre y noviembre. La búsqueda de información confidencial, secreta y privada del actual Presidente, se hizo con un severo agravante: ninguna de las figuras afectadas por el espionaje ilegal eran “contribuyentes en fiscalización o con investigación previa a una fiscalización.” Echegaray extendió la maniobra al entorno de Macri, como su propia mujer Juliana Awada, y amigos de su circulo íntimo como Nicolás Caputo, Angelo Calcaterra y Cesar Tortorella.

Esta operatoria fue ratificada a través de una auditoría interna de la propia AFIP.

La información está bajo estricto secreto por su gravedad. En sus conclusiones –en poder de solo tres actuales funcionarios de la AFIP– se desprende que Echegaray había creado una “área especifica” para conocer secretos patrimoniales y movimientos económicos de políticos, banqueros, empresarios e integrantes de la Justicia.

Alberto Abad, el hermético jefe actual de la AFIP, calificó en la intimidad a la maniobra de Echegaray como “una verdadera fábrica de dossier.” Para eso su antecesor trabajó con Guillermo Michel con una consigna: se cerraba una oficina al ingresar a ella el grupo encargado de bajar datos sensibles de un conjunto de contribuyentes.

La auditoría interna confirmó que también se sacó información confidencial de Elisa Carrió, Margarita Stolbizer, Martín Lousteau, Eduardo Amadeo y el juez Claudio Bonadio.

También hubo empresarios que sufrieron espionaje; entre ellos, Jorge Brito y Héctor Méndez, que fueron titulares de Adeba y la UIA.

Ahora la AFIP tendría decidido hacer a la brevedad una denuncia penal contra Echegaray y todo su equipo por el espionaje ilegal del sistema y la ruptura del secreto fiscal con fines de persecución política.

Echegaray –se especula y comenta– montó esa “fabrica de dossier” con la intención de presionar a los afectados, obtener favores políticos y buscar protección en el llano. Logró que la Justicia en un trámite exprés le cerrara una serie de causas antes de diciembre y, en forma increíble, la conducción de Cambiemos evaluó seriamente dejarlo al frente de la AFIP después del triunfo de Macri. Al final se refugió en la Auditoría General de la Nación.

El problema de las filtraciones ya está en conocimiento de la Justicia y en tribunales sensibles: los datos los tienen los jueces Sebastían Casanello y Claudio Bonadio, y el fiscal Gerardo Pollicita.