El garante de la impunidad K volvió al banquillo de los acusados

El extitular de la AFIP, Ricardo Echegaray, declaró por su presunta protección a Lázaro Báez en el caso de las facturas truchas que le permitieron al testaferro de los Kirchner incrementar su patrimonio a costa del bolsillo de todos los contribuyentes

Por segunda vez en menos de dos semanas, ayer, el extitular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, tuvo que sentarse en el banquillo de los acusados para declarar ante el juez Sebastián Casanello en el marco de “la ruta del dinero K”, acusado de haber protegido con sus favores fiscales al detenido empresario Lázaro Báez.

Concretamente, al cuestionado Auditor General de la Nación se le imputa el encubrimiento al empresario K, involucrado en una millonaria maniobra de evasión impositiva con facturas truchas a través de una usina montada en la ciudad de Bahía Blanca, lo que le permitió enriquecerse a costa de los bolsillos de todos los contribuyentes y la pobreza de millones. Para el juez, este es el delito precedente que probaría el blanqueo de dinero en la causa por la que está detenido Báez.

Para la Justicia, “esa conducta le habría permitido al empresario reducir el monto de impuestos pagados a la AFIP”, en un ardid similar a aquel que le permitió al zar del juego K, Cristóbal López, acumular una deuda de más de $8.000 millones.

La doble vara

Estos son apenas dos paradigmas de la corrupción: dos amigos del poder que incrementaron su patrimonio cubiertos por el paraguas de la AFIP que, paradoja mediante, azotaba con su látigo a pequeños empresarios, comerciantes y contribuyentes en general. A estos últimos se los perseguía y multaba por el más mínimo desliz, exentos de las piadosas moratorias que el organismo otorgaba a los aliados K.

Por esa doble vara con la que garantizó la impunidad de exfuncionarios y allegados K, ayer, finalmente, Echegaray tuvo que responder ante Casanello, en una indagatoria que postergó ayudado, entre otros, por el corrupto exjuez Norberto Oyarbide, quien en diciembre último firmó sobre su sobreseimiento en la causa de las facturas truchas, apenas una de las puntas de este gran iceberg de la corrupción, revelado –y hasta denunciado penalmente- por Hoy en reiteradas ediciones.

Negador serial

Fue minutos antes de las 10 que Echegaray llegó a los Tribunales de Comodoro Py, presentó un escrito y negó los cargos durante más de cinco horas. La estrategia la elaboró su abogado defensor, Carlos Arslanián, exministro de Justicia de Carlos Menem;  exministro de Seguridad durante las gestiones bonaerenses de Eduardo Duhalde y Felipe Solá, y al que se recuerda por penosos antecedentes: desde escandalosas compras directas, hasta manipulaciones estadísticas para ocultar el delito en la Provincia.

Asesorado por él, Echegaray desmintió el encubrimiento a Báez; aseguró que la disolución  de la AFIP en Bahía Blanca no fue para proteger al dueño de Austral Construcciones, sino que se debió a “un conflicto gremial”; y deslindó las responsabilidades en el entonces titular de la DGI, Angel Toninelli -que reportaba al propio Echegaray-, quien hoy debe declarar y explicar su viaje, en 2012, junto a Lázaro y Martín Báez en un avión del empresario. También sobre ese hecho, Echegaray adujo amnesia.

Sin embargo, su desesperación se hizo evidente cuando tuvo que recurrir a una serie de videos, con presuntas reuniones internas de la AFIP, para defenderse. Manotazos de ahogado que no podrán contra el inexorable río de la realidad. Ese que, más pronto que tarde, deberá arrastrar hacia la cárcel a los arquitectos de la corrupción durante el gobierno anterior: desde Cristina Kirchner para abajo.

Multidenunciado

Hace diez días, Echegaray tuvo su primera indagatoria ante el juez Claudio Bonadio, quien lo investiga por una denuncia de falso testimonio que impulsó el ahora ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay.

También, lo imputó el fiscal Gerardo Pollicita en la causa por asociación ilícita que impulsó la diputada Elisa Carrió en 2008 y el fiscal Jorge Di Lello, en el caso del salvataje de la eximprenta Ciccone, por la que está procesado el ex vicepresidente Amado Boudou y con la que, tal como reveló Hoy, se habría querido quedar el exrecaudador.

Además, Pollicita pidió que se indague a Echegaray en otro expediente en el que se investiga la impresionante deuda, cercana a los 8 mil millones de pesos, que acumuló Cristóbal López con el fisco durante el kirchnerismo.

De hecho, días atrás el exfuncionario de la AFIP, Jaime Mecikovsky, detalló el blindaje que Echegaray diseñó a medida de los empresarios K y hasta aportó pruebas que sirven para otras investigaciones, entre ellas, la que lleva adelante el juez Julián Ercolini sobre la actuación de Echegaray, mientras López evadía impuestos.

A esto, se le agregan denuncias por presunto enriquecimiento ilícito, todos hechos que llevan a referentes políticos como la propia Carrió a insistir en la renuncia del cuestionado funcionario a la Auditoría General de la Nación, desde donde debe controlar los últimos años de gestión de la administración en la que él mismo habría cometido sus delitos.