Allanan al director del SPF por presunta corrupción en contratos de alimentos
La causa por contratos irregulares expuso maniobras empresariales y volvió a poner en foco la conducción política que avaló su llegada al cargo.
La Justicia federal de Lomas de Zamora allanó las oficinas de Fernando Julián Martínez, director del Servicio Penitenciario Federal (SPF), en una causa por presunta corrupción en la contratación de alimentos para detenidos en el complejo de Ezeiza. El juez Federico Villena investiga un esquema de cartelización del servicio mediante empresas pantalla que habrían eludido sanciones previas.
El procedimiento estuvo atravesado por momentos de tensión cuando Martínez intentó ocultar su teléfono habitual, lo que reforzó la sospecha de una posible destrucción de pruebas. La causa se originó en denuncias por alimentos contaminados, confirmadas por peritajes de la Anmat, y permitió detectar vínculos entre firmas sancionadas y nuevas prestatarias creadas como fachada.
Más allá de las irregularidades empresariales, el caso abrió un frente institucional. La gestión de Martínez coincidió con el traspaso del SPF del ámbito del Ministerio de Justicia al de Seguridad, una decisión presentada en su momento como un refuerzo del control estatal, pero que hoy aparece bajo sospecha por haber facilitado prácticas señaladas como “mafias enquistadas”.
La investigación también reavivó cuestionamientos sobre la gestión de Patricia Bullrich, quien como ministra de Seguridad firmó la designación de Martínez y promovió el traspaso del organismo a su cartera. Aquella decisión política hoy queda bajo la lupa judicial. El caso vuelve a poner en debate la transparencia del sistema penitenciario y las responsabilidades políticas detrás de su conducción.
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