Las deudas de la Ley de Salud Mental, a 10 años de su sanción

Por estos días es noticia la Ley de Salud Mental sancionada una década atrás porque, entre otras cosas, la legislación establecía que el año 2020 sería el plazo límite para el cierre de todos los hospitales psiquiátricos de la Argentina. No obstante, el censo realizado en 2019 estableció que todavía existen unos 162 en el país, entre públicos y privados, con más de 12.000 personas internadas, que llevan un promedio de más de 8 años de internación.

Para conocer el estado de situación de la ley 26.657, diario Hoy dialogó con Elena García, trabajadora social y presidenta de la asociación Una Movida de Locos, un colectivo que desde 2009 trabaja en generar espacios de inclusión socio-laboral para personas usuarias de servicios de salud mental.

—¿Qué propone la ley sancionada en 2010?

—La ley vino a plantear el reconocimiento de los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud mental con una perspectiva de derechos humanos. Principalmente, propuso la atención en dispositivos comunitarios y la sustitución y cierre definitivo de los hospitales psiquiátricos, es decir de los manicomios de la Argentina, para el año 2020. Pero llegamos y los hospitales psiquiátricos siguen funcionando porque, básicamente, en estos diez años no se han generado los dispositivos comunitarios que sustituyan la atención del hospital psiquiátrico. Hoy, el modelo de atención sigue basándose en el modelo hospitalocéntrico, en el hospital monovalente. No hubo una inversión presupuestaria como plantea la ley, que sugiere que el 10% del presupuesto de Salud debe ser destinado a salud mental. No se han generado políticas públicas para la inclusión, o las que se han generado no son suficientes.

—¿Por qué considerás que no se ha avanzado más?

—La ley es molesta para los sectores de la industria farmacéutica y también para muchos profesionales que en estos diez años han querido deslegitimar la ley diciendo que les saca el poder de acción a los psiquiatras. Y la ley lo que justamente plantea es la responsabilidad de los equipos interdisciplinarios, la posibilidad de que otras profesiones estén a cargo de los servicios de salud mental y no solo sea hegemonía médica.

—¿Cómo deberían estar conformados los equipos?

—Los equipos tienen que estar conformados por psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, terapistas ocupacionales, abogados, entre otros. No solo tiene que haber profesionales de la salud, sino equipos que piensen una salud mental integral y no segmentada. A partir de la ley se generaron equipos interdisciplinarios en los hospitales, es cierto, pero la ley también plantea que esos equipos tienen que trabajar en la comunidad. No pueden seguir existiendo instituciones en las que las personas terminen encerradas 30, 40 y hasta 90 años. Hay situaciones en que se estuvo internado toda una vida sin posibilidad de otra cosa.

—¿Es suficiente una ley para cambiar un paradigma?

—No. La ley vino a respaldar una práctica en la que muchos ya venía­mos trabajando, pero falta la decisión política para la real implementación, una decisión política que ponga el presupuesto donde tiene que estar, que cree los dispositivos necesarios.

—Una semana atrás, el gobierno bonaerense anunció la puesta en marcha del plan de adecuación de los hospitales neuropsiquiátricos bonaerenses, para abrir estos lugares de encierro a la comunidad. ¿Qué lectura tenés sobre esto?

—Todos los trabajadores del campo de la salud mental estamos muy expectantes, porque es la primera vez que se ve un compromiso en la transformación y sustitución del modelo manicomial. Está demostrado que el encierro no cura, sino que es iatrogénico para la salud.