Polémica alrededor de las castraciones masivas
El Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires emitió un comunicado que cuestiona el trabajo promovido por algunas ONG proteccionistas sobre la esterilización quirúrgica de las mascotas
El Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires le expresó a las autoridades provinciales la necesidad de atender lo que señalan como una problemática actual de la profesión en lo referente a su responsabilidad social, y pidió limitar el accionar de entidades no veterinarias sobre decisiones exclusivamente médicas.
“Se debe buscar una solución armoniosa para las partes involucradas, fijando una posición clara y haciendo cumplir la legislación vigente”, explicaron en un comunicado que apunta a dar una solución en relación a las campañas de castraciones masivas impulsadas por ciertos grupos de proteccionistas.
“La problemática no radica en la realización de las castraciones, sino en el desarrollo de eventos masivos que incumplen con la normativa vigente”, manifestaron, y recordaron que a fin de 2016 la institución expuso la violación constante, por parte de diversas ONG, de las normas nacionales y provinciales, en relación a la protección de la salud pública y bienestar animal.
El Colegio Veterinario recordó también que, de acuerdo a las leyes vigentes, las castraciones deben ser realizadas en los centros de zoonosis y/o antirrábicos municipales y provinciales, con apoyo y coordinación de autoridades, las facultades de Ciencias Veterinarias, los colegios profesionales e institutos y/o las ONG especializadas de todo el país.
El escenario actual
El reclamo del Colegio de Veterinarios se da en un marco complejo. Numerosas ONG, a lo largo de todo el país, avanzan en la promoción de campañas de castración masiva. Según explicaron numerosos grupos proteccionistas, la castración es prioridad, no solo para cuidar la sobrepoblación de animales abandonados, sino también para evitar que estos puedan enfermar a la población humana.
Ante la necesidad de respuestas inmediatas, desde hace alrededor de cuatro años se comenzaron a organizar campañas masivas de castración con el apoyo de veterinarios particulares que se prestaban como voluntarios, muchas veces fuera de todo acuerdo municipal o provincial, como ahora señala la institución.
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