España avanza con más derechos para el colectivo LGBTIQ+

El gobierno español aprobó ayer, en plena Semana del Orgullo LGBTIQ+, en el Consejo de Ministros la ley Trans, que contempla la autodeterminación de género y deberá pasar por el Congreso para su sanción definitiva.

Un día después del emblemático 28 de junio, cuando se celebra el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+ a raíz de la revuelta de Stonewall de 1969, y con el fin de convertirse en destino seguro para ese colectivo, España dio luz verde al anteproyecto del gobierno de coalición conformado por el PSOE y Unidas Podemos, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de sus derechos.

El texto permite el cambio de sexo legal a partir de los 12 años, no antes, en diferentes tramos: a partir de los 16 sin requisitos, entre los 14 y 16 con consentimiento de sus representantes legales, y entre los 12 y 14 mediante autorización judicial.

La norma, que aún debe pasar por órganos consultivos, volver al gobierno y de ahí pasar al Congreso antes de su aprobación definitiva, contempla la autodeterminación de género, una pelea histórica de las personas trans, que ya no tendrán que declararse enfermas para modificar su sexo legal en el DNI, y lo harán en base a la libre manifestación de su voluntad y reafirmarán la decisión ante el Registro Civil a los tres meses.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, aseguró que “hacemos historia” al dar lo que ha considerado “un paso de gigante en los derechos LGBTIQ+, y particularmente los derechos de las personas trans”.

“Es una ley feminista que entiende que o llegamos todas o no llegará ninguna. Hay miles de mujeres feministas en nuestro país, entre las que me incluyo, que estamos convencidas de que siempre que se garantizan los derechos humanos hacemos una sociedad más libre”, aseguró.

Asimismo, el Congreso español quiere que el gobierno promueva a España como destino seguro para el colectivo LGBTIQ+, incluyendo la realización de un plan de refugio para personas perseguidas en su país por su orientación sexual.

Además, se anima al Ejecutivo a impulsar una investigación en el Tribunal Penal Internacional (TPI) contra los Estados que persigan a los homosexuales.

La iniciativa fue debatida y votada este lunes en la comisión de Asuntos Exteriores del Congreso. El texto expresa su solidaridad “con los miles de personas en el mundo que, en pleno siglo XXI, continúan siendo cruelmente perseguidas, encarceladas, sometidas a trabajos forzados, castigos físicos e incluso, en los casos más atroces, condenadas a muerte o asesinadas, en razón de su mera orientación sexual o identidad de género”, recogió la agencia de noticias Europa Press.

Asimismo, el documento reconoce la persecución de este colectivo como una forma de “crímenes contra la humanidad”, de modo que llama al gobierno a promover ante la fiscalía del TPI “una investigación oficial e independiente de la persecución que vienen sufriendo las personas LGBTI en alguno de los lugares en los que se están violando sus derechos y libertades, en tanto crimen de lesa humanidad”.

La propuesta, que recibió la abstención del partido opositor Vox, insta al gobierno a “posicionar a España en el mundo como destino seguro para las personas LGBTI”, como parte fundamental de la estrategia de diplomacia pública y de acción exterior.