Aberración K: los presos ganan 46% más que los jubilados

A partir de la suba del mínimo salarial, los reos estirarán la diferencia salarial con los jubilados. Se despilfarran los recursos del sistema previsional para sostener el clientelismo político 

Sólo un gobierno como el kirchnerista puede crear las condiciones para una aberración semejante: los presos del país ganarán un 46 por ciento más que millones de jubilados que deben sobrevivir con míseros $3.821,33 mensuales. Así quedó determinado luego de la suba oficializada del Salario Mínimo Vital y Móvil de un 18,5% ($5.588) desde el 1º de agosto y de un 10,5% más en enero ($6.060). 

El aumento alcanzará al 75 por ciento de las personas que estaban privadas de su libertad en la Argentina. Además, el incremento representa para el Servicio Penitenciario Federal un gasto adicional de 130 millones de pesos anuales, parte de los cuales provienen de ANSES.

De esta forma, quienes afrontaron toda una vida de trabajo con dignidad, cumpliendo con la ley, hoy se  encuentran varios escalones por debajo, en la escala salarial, de aquellos que están en deuda con la sociedad por haber robado, estafado, violado y/o asesinado. Este es el país que nos dejará el kirchnerismo luego de 12 años en el poder.

“En términos simbólicos, que aquel que le debe a la sociedad que cobre a mas que un jubilado es casi obsceno”, le dijo a Hoy Eugenio Semino, Defensor de la Tercera Edad. Y remarcó que “ni siquiera se está cumpliendo lo que establece la ley de Ejecución Penal que establece que los reclusos deben cobrar el 75% el haber mínimo. Pero el artículo 121 de esa misma norma, que se incumple sistemáticamente, dice que esa retribución se debe distribuir de la siguiente manera: 10% para indemnizar los daños y perjuicios causados por el delito, conforme lo disponga la sentencia; 35% para la prestación de alimentos, según el Código Civil; 25 % para costear los gastos que le genera a la cárcel y 30% para formar un fondo propio que se le entregará a su salida”.

Según el último relevamiento realizado por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires que preside Semino, la canasta de la Tercera Edad asciende a 7600 pesos. Es decir, los más de 5 millones de jubilados que cobran menos que esa cifra no pueden acceder a los bienes y servicios más básicos.

“La canasta que nosotros medidos es modesta. Incluye alimentos para una ingesta diaria de 2000 calorías, gastos de vivienda (ya sea alquiler compartido, pensión o manutención de vivienda propia); gastos de salud (tres medicamentos diarios para patologías crónicas, incluyendo los descuentos que aplica el Pami), un viaje al mes en remisse, gastos de higiene, cinco viajes en colectivos por semana, una salida de recreación al mes, costos de telefonía y de otros servicios elementales”, agregó Semino.

El defensor de la Tercera Edad se mostró convencido de que, con los recursos disponibles, se podría otorgar un aumento de $4000 a los jubilados, siempre en cuando los fondos de la Anses dejen de ser utilizados para financiar gastos políticos y clientelares que nada tienen que ver con las necesidades de la clase pasiva. 

“La movilidad que estableció el gobierno, partió de una base muy baja con los cual lo único que se está haciendo es perpetuar la miseria. Lo que ocurre es que el gobierno se aprovecha de un vacío legal que existente en torno al Fondo de Garantías de las Anses. Este fondo se creó por decreto en el año 2007, y establecía un tope de los recursos que se podían usar por fuera de las necesidades salariales de los jubilados. Es decir, sólo se podía usar una parte del excedente del sistema previsional. Pero ese tope se eliminó cuando se reestatizaron las AFJP”, dijo Semino.

Toda esta situación se hubiese evitado si el gobierno, en lugar de incentivar el clientelismo político y gasto público improductivo, hubiese cumplido con los numerosos fallos judiciales, y la letra de la propia Constitución Nacional, que establecen que los jubilados y pensionados deben percibir el 82% del salario mínimo, vital y móvil. Esta decisión política, que significa condenar a millones de jubilados a la pobreza, hizo que haya más de 500 mil demandas judiciales, iniciadas por integrantes de la clase pasiva que reclaman que se actualicen sus haberes en función de lo que aportaron durante toda una vida de trabajo. 

La única respuesta del gobierno fue tratar de “buitres” y “caranchos” a quienes hicieron las demandas (esos fueron las palabras utilizadas por Cristina Kirchner en el año 2012) y pagar las sentencias a cuenta gotas. El objetivo es estirar al máximo los plazos para que los jubilados y pensionados litigantes se vayan muriendo y, de esta manera, se queden sin cobrar lo que por derecho les corresponde.