Alicia K busca borrar pruebas de connivencias con Báez y pide represión a manifestantes

En lugar de hacerse cargo de los 1800 empleados que la empresa de Lázaro Báez, sindicado como testaferro de la familia Kirchner, dejó en la calle, la cuñada de la expresidenta Cristina Fernández, la gobernadora santacruceña Alicia Kirchner (foto)  ahora pide que el gobierno de Macri solucione con represión el problema económico que le dejó su clan.

 Ya sin las mieles de los fondos públicos, la empresa Austral Construcciones cesanteó a los obreros a pesar de los contratos millonarios que ligó al empresario patagónico con el Estado. 

Alicia, que a todas luces es inoperante, se quiere sacar el problema de encima y demandó la presencia de gendarmes para reprimir a los piquetes, en una clara maniobra distractiva.

En la actualidad los santacruceños sufren los estragos de la política del gobierno K, con desabastecimiento de productos básicos y combustibles en casi todos los puntos de la provincia. 

En un intento por tapar los negociados de su familia con Báez, la mandataria le reclamó ayer a Vialidad Nacional que le rescinda las obras al empresario, a la vez que reiteró el pedido a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para que envíe efectivos de Gendarmería que garanticen el tránsito en las rutas. 

Con estas acciones dilatorias, lo que buscaría Alicia es borrar las huellas y pruebas que involucran a su familia con el empresario patagónico.