Cifras escalofriantes: aumentó el número de defensores ambientales asesinados en Colombia

Al menos 60 defensores ambientales fueron asesinados en Colombia en 2022, según el informe anual de la ONG Global Witness publicado el pasado martes. El número de muertos en el país representó un 34% de los 177 que fallecieron en todo el mundo. Por su parte, América Latina representó el 88% de los asesinatos.

El 2022 fue testigo de una transición política en Colombia. El gobierno de Iván Duque -muy criticado por su inacción y por el llamado genocidio de dirigentes sociales- dio paso a la administración de Gustavo Petro, que asumió el poder en agosto de 2022, junto a la primera vicepresidenta afrocolombiana de Colombia, Francia Márquez.

Aunque el gobierno colombiano está obligado a prevenir e investigar los ataques, la cifra que se dio a conocer casi duplica el número de asesinatos registrados en 2021.

“Su programa político es el primero de la historia del país que incluye expresamente la necesidad de proteger a las personas defensoras y abordar las causas que provocan los ataques contra ellas. Las cifras de 2022 de Colombia son un recordatorio elocuente de lo mucho que aún queda por hacer y de su apremiante urgencia”, resalta el informe.

Es que, a pesar de que Colombia ratificó en octubre de 2022 un importante acuerdo regional jurídicamente vinculante que obliga al Gobierno a prevenir e investigar estos ataques, la cifra que se dio a conocer este martes casi duplica el número de asesinatos registrados en 2021.

En ese marco, diario Hoy habló en exclusiva con Yehudith Ayala Mosquera, líder ambiental chocona de la Fundación Agroindustrial y Ambiental de Colombia, quien expresó: “Colombia es uno de los países que más riqueza tiene en materia ambiental, tiene ríos, lagunas, fuentes hídricas, montañas, selvas y en esos territorios los pueblos campesinos, negros e indígenas están ubicados y lejos de los centros urbanos y son una zona vulnerable donde cualquiera que tenga un arma tendrá dominio sobre el territorio”.

“Lo que ha agravado esta situación es la ambición de actores externos, armados, no estatales, empresas extractivistas, que tienen intereses sobre la tierra donde habitan estas personas, y no tienen la mínima intención de conocer, escuchar, hablar, lo hacen de manera abrupta, violenta el tener acceso a los recursos naturales renovables y no renovables como oro, cobre, esmeralda, son vistos con buenos ojos. Y como el Estado no está presente o tiene a esas empresas detrás, es difícil que puedan defenderse”, afirmó Mosquera.

En ese sentido añadió: “Hoy llega una minera a hacer aprovechamiento del recurso y se forman los choques contra la gente de lugar que tiene muchas veces un nivel de ignorancia alto y cuando hay uno o dos que conocen los derechos y enseñan al resto, son silenciados para que siga esa impunidad”.

“Amazonas, la Guajira, tienen su riqueza dispersa y cada territorio es rico, el común denominador es ese, que los actores no estatales vienen con los ojos puestos en la rentabilidad de esos recursos, no hay entendimiento, como no hay acuerdos hay choques, no es entendible para la gente de esos lugares por qué se tiene que dañar lo cuidado”, recalcó.

La referente en la lucha ambiental indicó que “Colombia es un país que tiene toda la legislación vigente, la falta de compromiso territorial y del gobierno con sus paisanos es lo que no deja que sea aplicada, hay corrupción, el Estado no debe olvidarse de quienes lo pusieron allí. Hablamos de números de muertos pero no son números, son personas, padres, hijos, vecinos, amigos, que cayeron primero porque alzaron la voz”.

“Esto no va a cambiar si el gobierno no entiende que no gobierna solo, que son un conjunto que hace parte del todo. Deben escuchar para que las cosas puedan cambiar”, sentenció.

El Acuerdo de Escazú

El Acuerdo de Escazú es el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe. Busca otorgar garantías a los ciudadanos en tres ejes: el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales.

El tratado fue adoptado en Escazú (Costa Rica) el 4 de marzo de 2018 y entró en vigencia el 22 de abril de 2021. Por el momento, este acuerdo ha sido firmado por 24 países de América Latina y el Caribe, de los 33 de la región. Y son 15 los Estados parte que ya han ratificado el acuerdo, entre los que está la Argentina.

Desde su entrada en vigencia, tres países nuevos han ratificado el acuerdo: Chile, Granada y Belice. Entre los grandes ausentes está Costa Rica, uno de los países que lideró la creación del acuerdo, y Brasil y Perú, países amazónicos. Por su parte, en Colombia el presidente Gustavo Petro firmó la ratificación, a la espera de la aprobación de la Corte Constitucional.

Mosquera en ese marco sentenció: “Necesitamos ver reflejado el interés del país por el medio ambiente a través del reconocimiento en el ámbito del foro internacional y que se acompañe el acuerdo de Escazú porque hemos decidido enfrentarnos con el sistema en defensa de los recursos, y hay muchos que decidieron poner su vida en juego, Amazonas es el pulmón del mundo y sin él desaparece la humanidad”.