Citan a declarar a 14 directivos de Vicentin
La empresa está envuelta en una batalla legal
Catorce directivos y exdirectivos de la empresa agroexportadora Vicentin, que estuvo en el centro del debate público durante el primer año del gobierno de Alberto Fernández, cuando se avanzó en la idea de expropiarla, fueron citados a declarar en una causa por presunto fraude al Estado con la devolución del impuesto al valor agregado (IVA) por ventas al exterior.
Las maniobras que, según se sospecha, realizó la empresa aceitera habrían redundado en un perjuicio al Estado por más de 111 millones de pesos. Se trata de operaciones con “54 proveedores apócrifos”, documentadas con facturas aparentemente truchas, que se utilizaron luego para solicitar reintegros del IVA en concepto de crédito fiscal, entre 2016 y 2018.
Todos los directivos y exdirectivos citados, que deberán declarar entre el 1° de noviembre y el 20 de diciembre, ya habían sufrido el año pasado un embargo por el monto del presunto fraude, que se calcula en exactamente $111.637.479.
Daniel Buyatti, Alberto Macua, Sergio y Pedro Vicentin, Máximo y Cristian Padoan, Roberto Gazze y Martin Colombo son algunos de los convocados a prestar declaración indagatoria. El año pasado, el fiscal Miguel Moreno, de Rosario (especializado en delitos económicos), los había imputado por supuesta estafas y defraudación por unos 500 millones de dólares, en el contexto del concurso preventivo de la compañía.
La causa se inició por una denuncia de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que detectó presuntas maniobras irregulares en los pedidos de reintegro del impuesto por exportaciones de granos realizados por la empresa durante el gobierno de Mauricio Macri.
La entidad recaudadora actuó ante la fuerte sospecha que las facturas eran falsas o, mejor dicho, que documentaban operaciones no realizadas, ya que las sociedades referidas no tenían plantas de acopio de granos ni la capacidad financiera para realizar esas compras.
Por eso, los directivos y exdirectivos quedaron bajo la lupa de la Justicia, sospechados de haber participado en una maniobra de defraudación al Estado.
El juez federal Aldo Alurralde, de Reconquista, Santa Fe, dispuso por ello citarlos a todos a prestar declaración en su juzgado, a lo largo de los próximos dos meses.
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