Cuestionan políticas del Estado sobre las personas con discapacidad

Desde la REDI, organización que representa a este sector de la población, reclaman la restitución del cobro de pensiones no contributivas. Además, exigen la implementación de la Ley de Salud Mental

A principios del mes junio, el Gobierno nacional realizó la quita de miles de pensiones no contributivas a personas con discapacidades. La decisión, que aún transita el camino de la Justicia, mantiene a una porción importante de argentinos que recibían este beneficio (unos 170.000) aguardando por estos días volver a percibir el cobro.

El pasado viernes, luego de una acción judicial interpuesta por la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), la Cámara de la Seguridad Social ordenó que el Ministerio de Desarrollo Social restituya el cobro del beneficio. La decisión aplicada sobre las pensiones, a la luz del panorama que existe con respecto a las políticas del Estado sobre las personas discapacitadas, no es un hecho aislado. 

En este sentido, desde la REDI señalaron que el Gobierno nacional no aplica la Ley de Salud Mental y denuncian que desde la Presidencia se anunció un Plan Nacional de Discapacidad que aún no existe. Asimismo, se creó por decreto una Agencia Nacional de Discapacidad, cuya aprobación se decidirá esta semana en el Parlamento, la cual no se ajusta a lo establecido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD).

La voz judicial

El camino en la Justicia por la quita de las pensiones ya lleva tres meses. La situación parecía estar cerca de encontrar una solución el pasado 7 de septiembre, cuando un fallo determinó restablecer los subsidios a las personas con discapacidad hasta tanto se dictara sentencia definitiva. Sin embargo, desde el Ministerio de Desarrollo Social apelaron esa resolución.

Finalmente, en las últimas horas del viernes, la Cámara de la Seguridad Social ordenó ante un amparo colectivo que el Ministerio de Desa­rrollo Social restituya las pensiones no contributivas que fueron dadas de baja, con el fundamento de evitar que queden “en el más absoluto desamparo los derechos alimentarios e irrenunciables” de quienes se vieron afectados por la decisión del Gobierno.

En diálogo con este medio, Varina Suleiman, abogada de la REDI, explicó que, “hasta que la Cámara de Apelaciones resuelva la cuestión de fondo, la gente no puede quedarse sin cobrar. Se quita el efecto suspensivo de la medida. El Estado está obligado a hacer de manera inmediata el depósito de las pensiones”. De este modo, para la letrada, la actuación judicial del Gobierno da cuenta de “una falta de decisión política” frente a la pérdida de derechos de sectores vulnerables.

La necesidad de aplicar la norma

Uno de los reclamos más importantes con respecto a la salud de parte de la población discapacitada tiene que ver con la puesta en marcha de la Ley de Salud Mental. En este sentido, el Gobierno nacional no ha presentado una propuesta concreta de cumplimiento. Al respecto, Varina Suleiman indicó que “el Estado está obligado a proveer dispositivos alternativos a la internación: lo que se llama casas de medio camino, que son centros de tratamiento de base comunitaria para que las personas puedan dejar el manicomio de una manera sustentable”.

En la actualidad, se destinan fondos para mantener la internación en hospitales psiquiátricos que violan los Derechos Humanos. “Lo que hay que hacer es lo que plantea la ley: reconvertir las clínicas psiquiátricas y pasarlas a un modelo social”, detalló Suleiman. En esta línea, además, no descartó que existan “presiones por los intereses corporativos de los dueños de los neuropsiquiátricos”.

Carlos Castagneto, diputado nacional e integrante de la comisión de Salud y Acción Social, dijo a este medio que “en el área sanitaria se han dejado de lado muchos programas y la ejecución del presupuesto es muy baja”. “Creo que todo tiende a la privatización del sistema de salud en la Argentina”, consideró.

Polémica por la creación de una agencia por DNU

En la actualidad, la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad (Conadis) es el organismo de aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD). 

Sin embargo, dicho ente podría quedar absorbido por la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya creación se determinó por un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). Esa medida evitó que la Agencia fuera consagrada en el Parlamento e impidió el aporte de personas con discapacidad y organizaciones que trabajan habitualmente esta realidad, violando lo que establece la CDPD.

Con respecto a esto, mañana en la Comisión Bicameral encargada de analizar los DNU se decidirá si queda establecida la Agencia o si se rechaza la iniciativa. El diputado y exviceministro de De­sarrollo Social, Carlos Castagneto, dijo a este medio que “se buscará tener los votos suficientes para dejar sin efecto este decreto, que vulnera los derechos de la CDPD y que realmente se trabaje en una ley, con un abordaje integral de la discapacidad”.

El anuncio de un plan que no llega

El 11 de mayo, el Presidente Mauricio Macri y la vicepresidenta Gabriela Michetti anunciaron el Plan Nacional de Discapacidad. En aquella ocasión, el jefe de Estado remarcó que “los derechos de las personas con discapacidad son los mismos que los de todos” y aseguró: “Vamos a demostrar una madurez, un crecimiento como comunidad”.

Sin embargo, aquel anuncio no tiene aprobación formal, es decir que no existe ley, decreto ni resolución en la que este plan esté plasmado. Además, luego de la presentación que hizo hace 10 días el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, del Presupuesto 2018, se pudo vislumbrar que tampoco hay recursos asignados para su desarrollo.

La abogada y representante de la REDI, Varina Suleiman, afirmó: “Nosotros interpretamos que es un anuncio electoral, porque no hay ninguna base de lo que se va a hacer, de cuáles serán sus ejes ni de cómo se va a actuar”.

Conceptos desafortunados

A su vez, unos días después del anuncio del Gobierno, la vicepresidenta Michetti, en ocasión de presentar en Neuquén el mismo programa, expresó la instauración de un “apadrinamiento” de las personas con discapacidad. Dicho concepto se ubica diametralmente opuesto al paradigma de sujetos de derecho.

Varina Suleiman señaló que “las personas no necesitan que el Gobierno los esté apadrinando: el Estado tiene que proveer apoyo y derribar las barreras que impiden su participación en la vida social”. “La persona tiene que valerse por sí misma, en eso consiste la autonomía”, aseguró.