Echegaray, al banquillo por los aprietes al diario Hoy

Un fiscal federal lo imputó por “abuso de autoridad”. Solicitó una serie de medidas que fueron avaladas por el juez Sebastián Ramos. Echegaray está acusado de realizar acciones arbitrarias con el objetivo de castigar en forma de represalia y persecución política al diario Hoy

El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió impulsar una investigación penal por el accionar del extitular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, por supuesto abuso de autoridad sobre el diario Hoy. Lo acusa de groseras irregularidades y arbitrariedades en los procedimientos impositivos que tuvieron por objetivo silenciar y frenar nuestras notas e investigaciones durante los años 2013, 2014 y 2015.

Según indicaron fuentes judiciales, el juez federal Sebastián Ramos hizo lugar a una serie de medidas solicitadas por Pollicita, entre ellas el levantamiento del secreto fiscal con vistas a solicitar a la AFIP que envíe toda la documentación referida a las inspecciones realizadas contra el diario. La denuncia había sido impulsada por el fiscal federal Guillermo Marijuán, luego de una investigación preliminar en la que consideró contar con elementos suficientes para solicitar la apertura de una pesquisa penal.

El fiscal tuvo en cuenta la declaración de la exdirectora del diario Hoy, Myriam Chávez de Balcedo, quien aseguró que Echegaray se habría “valido de su cargo a fin de realizar acciones arbitrarias con el objeto de castigar en forma de represalia y persecuciones políticas a los titulares del diario”.

La exdirectora señaló que, pese a los aprietes de la AFIP. “nosotros en ningún momento dejamos de publicar nuestras notas e investigaciones. Hasta que un día, en octubre de 2014, luego de una nota de tapa sobre la AFIP y sus prácticas dictatoriales, recibí en el diario una notificación de una supuesta deuda. Cuando me avisaron, me llamó la atención porque llegó el mismo día de la publicación, después de las 18, que ya de por sí era un horario inusual. Y después, 48 horas más tarde, me enteré que pretendían hacer una inspección en la empresa. Fue muy evidente el intento de extorsión y fue en ese momento que decidí presentarme a la Justicia”.

Según la denuncia, la AFIP realizó inspecciones al diario a partir del 15 de octubre de 2013 y luego formuló una denuncia penal por supuesta evasión, todo tras la publicación de una serie de investigaciones criticas. Por ejemplo,  desde nuestras páginas se mostró cómo ya el 2 de julio de 2013 el gobierno kirchnerista apretaba a la Justicia con los sabuesos del ente recaudador, violando las reglas de juego básicas, utilizando el aparato de recaudación de impuestos para hacer aprietes a eventuales adversarios políticos. Ese mismo año, el diario Hoy estableció los grandes beneficios que “le eran otorgados al empresario del juego Cristóbal López, al hacer la AFIP la vista gorda permitiéndole comprar al dueño del Grupo Indalo la sucursal argentina de Petrobras con el dinero que debería haber utilizado en abonar obligaciones impositivas, y que le costaron al Estado casi $8.000 millones”.

Precisamente, el fiscal Pollicita promovió la indagatoria de Echegaray por esa presunta protección a Cristóbal López, en el marco de la causa por asociación ilícita contra el expresidente Néstor Kirchner, exfuncionarios y empresarios amigos. Echegaray fue procesado hace diez días por el juez federal Claudio Bonadío en una causa por violación de secreto fiscal y falso testimonio que afectaban al ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, y el fallo sirvió para que la justicia del fuero en lo Contencioso Administrativo Federal lo suspendiera en su cargo al frente de la Auditoría General de la Nación.

Conexiones narcos

La investigación que lleva adelante el fiscal Pollicita también apunta al accionar de quien fue mano derecha de Echegaray en la AFIP,: Guillermo Michel, el cual además fue primer subdirector general de Coordinación Técnico Institucional del organismo recaudador para luego ser ascendido a director general de Aduana.
Tras el cambio de gobierno el 10 de diciembre pasado, Michel –acusado por haber montado operativos impositivos contra jueces (entre ellos el titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti), medios de comunicación y opositores- pasó a desempeñarse como secretario ejecutivo de la Presidencia de la AGN, organismo que era presidido por Echegaray hasta que fue suspendido por la Justicia.
Tal como lo denunció Hoy, Michel se jacta de ser un especialista en paraísos fiscales y en la conformación de empresas, habiendo intervenido en la creación de numerosas sociedades comerciales que serían cáscaras vacías que podrían servir como plataforma para lavar dinero. También tendría vínculos con la ex- SIDE, tal como denunció oportunamente la diputada Elisa Carrió.

A partir de distintas investigaciones, nuestro diario dio a conocer los estrechos vínculos de Michel con Jorge Lambiris, un uruguayo amigo y socio de Echegaray que hace 16 años estuvo preso por piratería del asfalto y que durante la era K a gestionar depósitos fiscales a través de testaferros. En ese sentido, tuvimos acceso a registros de sociedades comerciales que echan luz sobre la relación. Por ejemplo, de la documentación analizada se desprende que la escribana Sara Celia Hurovich y la abogada Ana Cristina Palesa figuran en la conformación de las empresas L&L Mandatos y Negocios SRL y LW Logística y Carga SA que tienen a Lambiris como titular, y al mismo tiempo también intervienen en varias sociedades comerciales de Michel. A saber: AGE SA, Rapp Collins Worldwide SA, Panza Verde SA, Comercializadora de Combustibles del Litoral SA, Sandebus Inversiones SA, Riga Transporte SA, NP Fotografía, WM Zurich, La Barranca de Gualeguaychú SA, CAF Jauser SA, PNA SA, Inspire Group SA y Flechas de Los Andes SA. También intervienen en Baco Inversiones SA, una sociedad comercial que hasta el año 2010 tuvo como socios a Michel y al actual senador kirchnerista Pedro Guastavino, que es oriundo de Gualeguaychú al igual que el extitular de la Aduana.

El accionar de la abogada Palesa también nos conduce a una red de empresas vinculadas con el narcotráfico. Concretamente, la letrada puso la firma en numerosas compañías integradas por Carlos Alberto Salvatore, otro abogado que está preso en el penal de Ezeiza luego de haber sido condenado en la causa “Carbón Blanco”.