El Gobierno avanza en la reforma del sistema migratorio

Ayer, ministros de distintas carteras se reunieron con Horacio García, director nacional del área. Los cambios podrían concretarse en los próximos días

Germán Garavano, ministro de Justicia y Derechos Humanos, Patricia Bullrich, a cargo de la cartera de Seguridad, y Rogelio Frigerio, quien lidera el organismo del Interior, Obras Públicas y Vivienda, se reunieron con el director nacional de Migraciones, Horacio García, y el secretario de Legal y Técnica, Pablo Clusellas, en la Casa de Gobierno. El motivo del encuentro fue avanzar con la reforma en la normativa de migraciones y ciudadanía, y dar mayor severidad a las penas recibidas por delincuentes de origen extranjero.

Desde el Ejecutivo nacional insisten en que las modificaciones buscan “impedir” el ingreso de personas extranjeras con antecedentes penales al país y expulsarlos con mayor celeridad. La medida aún está en elaboración y no fue elevada para su firma al Presidente Mauricio Macri, por lo cual el decreto que endurecería los controles podría darse a conocer recién a fines de esta semana o principios de la próxima.

La normativa apunta a instituir herramientas mucho más eficaces para combatir el narcotráfico, el crimen organizado, el lavado de dinero y la trata de personas, que permitan la expulsión de extranjeros que hayan cometido delitos o tengan antecedentes penales. Se aspira a que las extradiciones se resuelvan en dos meses y que no haya demoras de varios años como suele ocurrir en determinados casos judiciales. Desde el Ejecutivo salieron a aclarar que el endurecimiento está “enfocado en las personas que delinquen” y “no es en contra de los inmigrantes, sino contra los delincuentes”. 

Con esta iniciativa, los extranjeros podrán apelar cualquier decisión gubernamental. Mediante el “Procedimiento Migratorio Especial Sumarísimo”, un residente no argentino tendrá tres días para pedir la revisión de su expulsión. Luego, terminado ese trámite, contará con otras 72 horas para interponer un recurso judicial y será un magistrado el que deberá resolverlo en el mismo plazo de tiempo . 

Según las estadísticas que maneja el propio Ministerio de Seguridad, “el 30% de los detenidos en cárceles por narcotráfico son extranjeros, mientras que por delitos comunes el porcentaje desciende a solo un 6%”. La mayor parte de esos detenidos, muchos esperando condena, “son peruanos, bolivianos, paraguayos y, en menor medida, mexicanos y colombianos”.