El gobierno de Milei acusa a la Provincia de Buenos Aires de millonarias deudas

A pesar de la acusación de Nación, desde el gobierno provincial aseguran que las deudas corresponden a gestiones anteriores.

En un nuevo capítulo de conflicto entre el gobierno de Javier Milei y la provincia de Buenos Aires, el Presidente, a través de su vocero Manuel Adorni, lanzó una fuerte acusación sobre una supuesta deuda millonaria relacionada con el financiamiento de hospitales Samic. Según la versión oficial, las provincias de Buenos Aires y Santa Cruz adeudarían grandes sumas de dinero por los costos de funcionamiento de centros de salud interjurisdiccionales.

Para la provincia de Buenos Aires, el reclamo asciende a una cifra alarmante: 263 millones de dólares por cinco hospitales, de los cuales se destaca el Hospital El Cruce de Florencio Varela, con una deuda de 178 millones de dólares. El gobierno de Milei anunció que otorgará un plazo de 15 días para regularizar la situación, y en caso de no obtener una respuesta favorable, no dudará en tomar "acciones mucho más fuertes".

Sin embargo, desde la administración de Axel Kicillof, las acusaciones son fuertemente rechazadas. Funcionarios provinciales señalan que la deuda reclamada corresponde a períodos anteriores, mucho antes de la llegada del gobierno de Milei, y que el dinero solicitado se relaciona con el crecimiento de los hospitales en infraestructura y servicios, lo que permitió ampliar la cobertura de salud en la provincia. Aseguran que bajo la gestión de Kicillof no existe deuda alguna, lo que pone en evidencia una vez más la intención del gobierno nacional de manipular la información para responsabilizar a la provincia por situaciones que no le competen.

Desde el gobierno bonaerense también remarcan que los hospitales SAMIC son administrados por el Ministerio de Salud de la Nación, y que las provincias, como la de Buenos Aires, solo aportan un porcentaje del dinero destinado a su funcionamiento. Además, apuntan que el reclamo de Nación desconoce el esfuerzo realizado por la provincia en términos de profesionales, insumos, salarios y medicamentos. "Las provincias no tienen injerencia en la planificación ni ejecución de los presupuestos", explican, criticando la falta de responsabilidad asumida por el gobierno central.

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