El Gobierno desmanteló la unidad encargada de buscar bebés robados durante la dictadura

Mediante el decreto 727/2024 se le impide a la CONADI hacer investigaciones y acceder a archivos del Estado que tengan que ver con la desaparición de niños como consecuencia del accionar del terrorismo de Estado.

En el marco del desmantelamiento de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi), el Gobierno publicó a través del Boletín Oficial la eliminación de la Unidad Especial de Investigación para la búsqueda de nietos apropiados mediante el decreto 727/2024. Esto se debe a que priorizan el derecho a la Identidad hacer investigaciones y acceder a archivos del Estado.

Considera que la Unidad Especial de Investigación de la desaparición de niños como consecuencia del accionar del terrorismo de Estado “contravienen lo establecido en los artículos 19, 43, 108, 109, 116 y 120 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL y de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal N° 27.148 y sus modificatorias”.

Agregan también que no tienen sustento constitucional que “un organismo dependiente del Poder Ejecutivo Nacional lleve a cabo medidas y tiene prerrogativas de índole jurisdiccional o que corresponda al Ministerio Público Fiscal.

El organismo se encargaba de “acceder en forma directa a todos los archivos de los organismos dependientes del Poder Ejecutivo nacional incluidos los de la Presidencia de la Nación, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, sus organismos dependientes, Fuerzas Armadas y de Seguridad y los organismos registrales”; y “requerir directamente a dichos organismos informaciones, testimonios y documentos sobre la materia de este decreto obrantes en sus archivos, los que deberán cumplimentarse en el término que se fije en el requerimiento”.

También asegura que “no debe soslayarse el artículo 19 como el artículo 43 de la Constitución Nacional que protegen el derecho a la intimidad, uno de los más preciados valores del respeto a la dignidad del ser humano, por lo que este puede ser objeto de injerencia en la medida que exista una orden judicial”.