El misterioso láser de la Universidad de La Plata
Para desarrollar tecnología láser, el año pasado la UNLP firmó un convenio con una empresa ligada con Lázaro Báez y con distintos negocios oscuros del kirchnerismo. En el Rectorado reconocen que están buscando otras alternativas
Corría el 21 de mayo del año 2013. El entonces vicepresidente del área institucional de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Raúl Perdomo, que es el actual rector de la casa de altos estudios, le abría las puertas de su despacho al agrimensor y empresario santacruceño Jorge Luis Pinto, representante de la firma Consultores Argentinos Asociados (Consular SA).
El objetivo de la reunión parecía ambicioso: desarrollar tecnología láser en la Universidad, con aplicaciones en áreas como la geología, la sismología y la física de atmósfera. En ese sentido, se firmó un convenio marco para impulsar actividades de investigación y de desarrollos tecnológicos en la problemática LIDAR (Light Detection and Ranging), que permite determinar la distancia desde un emisor láser a un objeto o superficie utilizando un haz láser pulsado.
Los convenios o trabajos a terceros que se llevan a cabo desde la Universidad, en varias ocasiones, fueron cuestionados. Hasta hubo debates en el Consejo Superior, el órgano de cogobierno universitario, ya que el Rectorado y las unidades académicas generan recursos extrapresupuestarios que, en algunos casos, no serían sometidos a controles exhaustivos.
Pasaron más de 14 meses del convenio con Consular, y no hubo ningún avance. Incluso representantes de laboratorios de distintas facultades que fueron consultados por Hoy, que deberían haber intervenido en el desarrollo del proyecto, dijeron a nuestro diario que nunca estuvieron al tanto de la iniciativa y que jamás fueron consultados. En ese sentido, fuentes del Rectorado de la Universidad Nacional de La Plata reconocieron a nuestro diario que el convenio está en punto muerto, y que la casa de altos estudios estaría evaluando alternativas para el desarrollo de la tecnología láser por su cuenta, sin la participación de esta empresa (ver aparte). ¿Qué pasó el medio?
Según pudo saber Hoy, Consular estaría estrechamente ligada a negocios oscuros del kirchnerismo, incluido el mismísimo empresario Lázaro Báez, sindicado como presunto testaferro de la familia presidencial y cuyos activos en el exterior actualmente se encuentra en la mira de la Justicia de Estados Unidos.
Entre los negocios oscuros de la era K en los que habría estado Consular se destaca su participación de una licitación investigada por la justicia federal. Se trata de las obras para la construcción de La Barrancosa y Condor Cliff, dos represas sobre el Río Santa Cruz que costarían 5.000 millones de dólares y que han sido cuestionadas por la sospecha de que esconden elevados sobreprecios. Estas obras fueron anunciadas reiteradas veces por el gobierno nacional y hasta cambió de nombre. En 2012, las hidroeléctricas pasaron a llamarse “Presidente Néstor Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic”.
En febrero de 2010, desde la Coalición Cívica se denunció que el empresario kirchnerista Lázaro Báez había comprado grandes extensiones de tierras aledañas a ese río, a sabiendas que allí se realizaría esa obra. La especulación es que, como esos terrenos deben ser inundados, su nuevo dueño debía recibir una millonaria indemnización del Estado. En esta historia habría metido la cola Consular. Y es que el 27 de noviembre de 2007, el ex ministro de Economía de Santa Cruz, Juan Bontempo, actual Superintendente de Seguros de la Nación, firmó el decreto 3110. Y aprobó la licitación para llevar adelante “levantamientos topográficos del área necesaria”. Aquella tarea, que hubiera permitido a quien la realice saber al dedillo qué tierras debían luego ser inundadas, recayó en “la Empresa Consular SA, representada por su apoderado señor Jorge Donnini”. Actualmente, Donnini es el vicepresidente de la empresa
Si bien en un principio —en los años 2003 y 2004— un grupo de agrimensores de la provincia de Santa Cruz ya había realizado el estudio altimétrico inicial, constatando que los terrenos efectivamente iban a ser inundados por la represa, habría sido Consular S.A. la encargada de aconsejar al empresario kirchnerista de hacer la compra de tierras.
Eso no todo. Esta empresa también habría participado activamente en negocios no del todo claros que fueron tejidos por funcionarios argentinos y venezolanos, actuando como intermediaria. Además, resultó seleccionada para construir viviendas en tierra chavista. Esta empresa también participó en uno de los consorcios que presentaron ofertas para la construcción de la represa Garabí-Panambí, un proyecto hidroeléctrico que se ubicará en el tramo del río Uruguay compartido entre Argentina y Brasil. El proyecto, ideado en 1972, tendrá un costo para ambos estados de 4.600 millones de dólares.
En su página web, Consular admite que su buena estrella comenzó en 2005, con la llegada de los socios santacruceños, con José Luis Pinto de a la cabeza, “quienes han incorporado una nueva gestión de negocios y personal, renovando el equipamiento y fundamentalmente reposicionando a Consular como consultora líder”. En lugar de consultora líder, habría denominarla como empresa amiga. Es decir, amiga del poder político.
Algunos de los negocios de Consular
El plan de terminación de Yaciretá; obras en las rutas nacionales 40 (Jujuy), 12 (Entre Ríos) o 205 (Buenos Aires); el acceso al parque nacional Monte León; los puentes Reconquista-Goya y Encarnación-Posadas. Todas esas obras tienen algo en común: fueron realizadas después de 2005 y tiene la intervención de Consular SA, que también mordió en numerosas obras públicas de Santa Cruz, el pago chico de los Kirchner. La ampliación del puerto de Caleta Paula, una planta de tratamiento cloacal en El Calafate o el nuevo litoral costero de Río Gallegos, son solo algunos ejemplos.
La versión de la UNLP
Ante una consulta de Hoy, fuentes del Rectorado de la UNLP explicaron que la firma del convenio con Consular “se produjo a partir del hecho de que esta empresa era la única que, en aquel momento, tenía la capacidad de desarrollar la tecnología láser que la Universidad está necesitando”.
Igualmente reconocieron que no hubo avances, aunque no se explayaron demasiado en los motivos. “Los que se firmó fue un convenio marco, pero nunca se pudo avanzar con el proyecto específico para su aplicación. De hecho, no hubo ninguna contraprestación económica por parte de la empresa o de la Universidad.
Este tipo de cuestiones suelen suceder. Igualmente, desde la Universidad estamos buscando otras alternativas para el desarrollo de la tecnología láser”.
