Causa Hotesur
Embargaron los bienes de Máximo y Florencia Kirchner
La medida adoptada sobre los hijos de los presidentes incluye 16 inmuebles, un vehículo y la participación societaria en tres empresas. Se investigan presuntas maniobras de retorno de fondos obtenidos a través de una matriz de corrupción creada en torno a la obra pública.
El juez Julián Ercolini decidió embargar los bienes de Florencia y Máximo Kirchner en el marco de la causa Hotesur SA. Se trata tanto de las propiedades cedidas por la expresidenta Cristina Fernández como de aquellas heredadas de Néstor Kirchner.
La medida, que había sido solicitada por los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, incluye 16 inmuebles, un vehículo y la participación societaria en tres empresas (Los Sauces, COMA y Hotesur). Aparte, se dio lugar al embargo de los hoteles Alto Calafate y La Aldea, en los que se investiga enriquecimiento ilícito y falsificación de documentos públicos.
El pedido realizado por los funcionarios judiciales contiene un terreno fiscal de la exmandataria, que habría sido cedido a Lázaro Báez como forma de pago por una operación comercial, aunque nunca se inscribió dicha titularidad.
Pollicita y Mahiques habían realizado un extenso informe indicando al juez de la causa que hay “sólidos indicadores que demuestran la intención de las personas investigadas de diluir el voluminoso patrimonio que registran en pos de que no pueda ser tutelado por la Justicia”. En este sentido, consideraron que el embargo preventivo es la mejor medida para “resguardar los valores que eventualmente podrían ser decomisados”.
La medida dictaminada ayer por Ercolini sobre Florencia y Máximo Kirchner se suma a lo que se había conocido el martes, cuando la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner sufrió un embargo de $10.000 millones, tras ser procesada por asociación ilícita en la investigación por la adjudicación de obra pública durante su gobierno. Además, el juez Bonadio ya había trabado previamente bienes de Cristina por la causa de venta del dólar futuro.
El dictamen de los fiscales cita que la Unidad de Información Financiera (UIF) había pedido la inhibición total de los bienes incluidos en la sucesión de Néstor Kirchner “ya que el patrimonio del exmandatario se encontraba sospechado de haberse incrementado fraudulentamente”.
De acuerdo a lo detallado por los funcionarios de la Justicia, se investigan “presuntas maniobras de retorno a la exfamilia presidencial de parte de los fondos obtenidos de manera ilícita, entre otros canales, a través de la matriz de corrupción creada en torno a la obra pública vial”. Las supuestas maniobras “se habrían instrumentado mediante el arrendamiento de los complejos hoteleros de su propiedad y la falsa contratación de habitaciones”.