Garro y Esur, complicados: avanza causa penal por irregularidades millonarias

El fiscal Hugo Tesón envió un pedido de informes al ente residual del Banco Municipal. Recibió solo datos parciales y por ello realizó una nueva solicitud. Hay sospechas de que las cooperativas que intervienen en el negocio de la basura son entidades fantasmas. El intendente y los dueños de la empresa podrían ser citados a indagatoria

El titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones (UFI) nº 8 de La Plata, Hugo Tesón, avanza a paso firme con la causa en la que siete cooperativistas denunciaron penalmente al intendente Julio Garro, a la directora de cooperativas y concejal electa, Ileana Cid, y a los titulares de la empresa Esur. Se los acusa de la presunta comisión de los delitos de administración fraudulenta, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de caudales.

Tesón puso en la mira el cobro que percibían cientos de cooperativistas que desempeñaban tareas para la cuestionada empresa de recolección de residuos, a la que Garro prorrogó dos veces el contrato, vencido desde el año pasado, y a la que ahora quiere beneficiar con un pliego para llamar a licitación que, según se sospecha, estaría hecho a medida de la compañía. El oficialismo pretende que se apruebe el pliego el próximo 6 de diciembre, con la actual conformación del Concejo Deliberante, que cuenta con varios ediles a los que se les vence el mandato, supuestamente opositores, quienes estarían dispuestos a negociar su voto a cambio de cargos políticos.

La denuncia apunta a que Esur se beneficiaba económicamente al pagar a los cooperativistas unos 6.000 pesos mensuales, siendo trabajadores que hacían iguales tareas que los recolectores de la empresa, quienes percibían salarios de acuerdo al convenio colectivo del sector. Es decir, sus haberes quintuplican los ingresos percibidos por los cooperativistas. Eso no es todo: la empresa solo se hacía cargo de abonar el denominado “plus por presentismo”, mientras que los haberes de los empleados precarizados se pagaban con fondos públicos del propio Municipio. 

Ante esta situación, según pudo saber el diario Hoy, el fiscal Tesón pidió al ente residual del Banco Municipal, ubicado en 7 y 49, que informe oficialmente cuánto cobraban los cooperativistas denunciantes, debido a que en esa entidad financiera el Municipio depositaba el dinero para pagarles. Como respuesta, recibió un expediente con montos globales en un oficio de apenas una carilla. Por ello, ahora el funcionario judicial insistió para que le manden copias de los recibos de sueldo y, de ese modo, ver en qué concepto se les abonaba.

A modo de ejemplo, entre enero de 2016 y octubre de este año uno de los cooperativistas cobró en total 120.770 pesos, que dividido en 21 meses da alrededor de 6.000 pesos mensuales. Pero el fiscal necesita saber detalles, ya que Esur paga el presentismo. Lo que se sospecha es que la empresa, que actualmente recibe de la Comuna cerca de 1.000 millones de pesos al año por un servicio que solo cosecha críticas, utilizó a las cooperativas para no pagar cargas sociales, beneficiándose con un régimen de trabajo semiesclavo. Según los denunciantes, la estafa a los trabajadores y al propio Estado ascendería a 38 millones de pesos, monto que podría haberse incrementado sustancialmente en los últimos meses, ya que el esquema de trabajo precario mantiene plena vigencia. “Hay indicios de que tanto el Municipio como el Concejo Deliberante actuaron a sabiendas de estas irregularidades”, afirmó a este diario una fuente judicial.

Además, el fiscal pidió un reporte a unas 20 cooperativas de trabajo sobre los contratos que tenían con la Municipalidad, con los que aportaban gente para cumplir labores de limpieza de la ciudad, tanto de barrido como de recolección de residuos. La fiscalía está recolectando información ya que quiere saber si las cooperativas realmente existen o si son “sellos de goma”. También busca indagar a fondo sobre los contratos firmados por cada una de estas entidades y si se respetan los pagos.

Fuentes judiciales afirmaron que, luego de que el fiscal Tesón termine de recibir toda la información, podría imputar a Garro, Ileana Cid y a los responsables de la empresa Esur. Así, estarían en condiciones de poder ser citados a declaración indagatoria.

“Sellos de goma”

En la denuncia de los cooperativistas, se destaca que el año pasado la empresa Esur se habría comprometido, mediante un convenio firmado con Garro, “a incorporar herramientas, camiones, limpiadoras de calle, etc., lo que no se habría verificado en los hechos, siendo la propia Municipalidad la que ha debido, por caso, adquirir camiones a través de empréstitos contraídos con la banca provincial”.

“En los hechos, la Municipalidad cumplía el rol de agencia de empleo, soportando los salarios pauperizados de los empleados cooperativistas. La Comuna era la que disponía qué trabajadores prestarían servicios en Esur SA. Lo cierto es que, a través de este mecanismo fraudulento de contratación, la empresa podía acceder, parafrasean­do a Carl Marx, a una plusvalía del esfuerzo del trabajador, de la que se apropiaba como ganancia neta”, según consta en la denuncia.

Los denunciantes también sostienen “que ningún cooperativista que desempeña tareas para Esur ha sido asociado fundador de cooperativa alguna. Esas cooperativas son meros sellos de goma, solo existen en una realidad virtual. Cuando uno va a la Dirección de Cooperativas le dicen: Vos trabajás en tal lugar y hacés tal cosa… vas a cobrar tanto. No existen asambleas de asociados, retiro de beneficios ni nada por el estilo. El pago, la confección de los recibos, la contabilidad, los descuentos y las cuestiones disciplinarias son efectuados y ejercidos por la Municipalidad y sus funcionarios”.