Investigan irregularidades en el desalojo de la comunidad mapuche

La Fiscalía Federal de Esquel 

inició ayer una investigación para determinar si se cometieron irregularidades durante el operativo para desalojar el paso del mítico tren cordillerano, La Trochita, el cual atraviesa tierras que se encuentran en una zona de conflicto territorial entre la comunidad mapuche, que considera la zona como territorio ancestral, y la empresa Benetton. 

El desalojo se llevó a cabo el pasado 10 de enero por efectivos de la Gendarmería Nacional, que actuaron por orden del juez federal de Esquel, Guido Otranto. 

Ante la repercusión de los hechos, la fiscal Silvina Ávila solicitó ayer información a la Gendarmería para determinar en qué horario comenzó y terminó el procedimiento en la estancia del empresario italiano Luciano Benetton, a fin de evaluar si hubo irregularidades en el proceso. 

Ávila también indagará si los efectivos de la fuerza pública recibieron órdenes de alguna autoridad judicial de la provincia o pedidos de colaboración de la Policía de Chubut, dado que el mismo día se produjo otro allanamiento a integrantes de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), ordenado por la Justicia local, en el que hubo heridos. 

El desalojo se llevó a cabo por una orden de allanamiento dispuesta por el Juzgado Federal de Esquel, con el objetivo retirar los obstáculos que impedían la circulación del tren.

“Tras el fracaso de las negociaciones llevadas adelante en la mesa que impulsó la Justicia Federal a lo largo del año pasado con el gobierno provincial, garantes, asesores y la comunidad, se intimó a las partes a remover los obstáculos de las vías y luego ordenó el procedimiento”, señaló el portal de noticias de la Procuración General.

Tras esta operación fueron detenidos Nicolás Daniel Hernández Huala, Ariel Mariotto Garzi, y Ricardo Darío Antigual. Los tres resultaron imputados por impedir la circulación del transporte ferroviario, resistencia a la autoridad, lesiones y daño agravado. 

Cabe recordar que en el mismo día que se realizaba este allanamiento, los miembros de la RAM recibieron un segundo procesamiento, esta vez por orden de la Justicia provincial, por el supuesto delito de robo de ganado. 

“Como resultado de esos hechos, varios miembros de la comunidad resultaron heridos. Además, siete personas fueron detenidas y luego liberadas”, se indicó desde el sitio de Fiscales. La Justicia chubutense declaró el accionar como legal.