Máxima impunidad
Apartaron al Juez Norberto Oyarbide de la causa por el desvío de fondos en la Fundación Madres. Se anularon los procesamientos de los Schoklender y la causa vuelve a “foja cero”
Desde que el juez Norberto Oyarbide había quedado al frente de la causa por el millonario desvío de fondos públicos otorgados a la Fundación Madres de Plaza de Mayo para la construcción de viviendas, era previsible que el caso estuviera yendo camino a quedar impune.
El magistrado ya había actuado a favor del kirchnerismo en otras investigaciones y esta no fue la excepción: la causa tenía tantas irregularidades que dio pie a que ayer la Cámara Federal aparatara a Oyarbide de la misma, lo que automáticamente anuló los procesamientos de todos los acusados, encabezados por los hermanos Sergio y Pablo Schoklender. Para peor, todo el procedimiento volvió a “foja cero”.
Por la cantidad de falencias que tenía la imputación que había realizado Oyarbide, no fue difícil para la Cámara resolver el apartamiento y cancelar todo lo que el magistrado había hecho. Según los integrantes del tribunal la imputación que había realizado el magistrado era “imprecisa”, “genérica”, e “indeterminada”, errores que podría cometer sólo un principiante.
Según estableció la Cámara, las citaciones a indagatoria “carecen de las precisiones necesarias en cuanto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que habrían” ocurrido los delitos. La causa estaba destinada al fracaso desde el principio.
“Salen todos ganando”
Luis Gasulla, autor del libro “El negocio de los derechos humanos”, en el que investiga el desvío de fondos en el marco del programa “Sueños Compartidos”, aseguró a Hoy que esta resolución judicial “era esperable”.
“Lamentablemente la investigación de Oyarbide estuvo mal hecha. Hace dos años y medio que estalló el escándalo, hace dos años que este Juez empezó a investigar e imputó a más de sesenta personas, pero muchos de ellos eran perejiles, y estas son algunas de las cuestiones por las cuales la Cámara cree que la investigación estuvo mal hecha”, señaló.
Además, destacó que “ahora va a caer todo en Di Giorgi, que en realidad no se movió en lo más mínimo”. De esta forma se refería Gasulla a que la investigación quedará a cargo del juez federal Marcelo Martínez Di Giorgi, quien ya tenía en sus manos la otra causa sobre este caso, destinada a determinar la responsabilidad de funcionarios públicos por el desvío de los fondos, con escasos avances. Asimismo, este magistrado ya benefició al kirchnerismo en otras causas, por lo que las expectativas de que el caso avance son escasas.
“Me parece que con este fallo salen todos ganando, excepto los estafados”, sentenció Gasulla.
Otro Juez amigo de los K
El juez federal Marcelo Martínez Di Giorgi estará ahora a cargo de la investigación. Este magistrado es el mismo que sobreseyó a Cristina Fernández y Néstor Kirchner por la creación de la consultora privada El Chapel, que había sido denunciada por ser incompatible con la función pública. A su vez, sobreseyó también al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime en una causa en la que se investigaba si había favorecido a las empresas de transporte para que pudieran seguir usando colectivos con antigüedad antirreglamentaria.
Asociación ilícita y lavado de dinero
El Juez Norberto Oyarbide había procesado a los hermanos Schoklender y al contador Alejandro Gotkin por los delitos de "defraudación al Estado, asociación ilícita y lavado de dinero" por desviar fondos que el Estado le daba a las Madres para construir viviendas sociales.
Se sospecha que a través de la constructora Meldorek se desviaron parte de los 1126 millones de pesos que el Estado le giró a la fundación, entre 2009 y 2011, para la construcción de viviendas sociales. Sin embargo, el magistrado dispuso el sobreseimiento de Alejandra Bonafini, la hija de la titular de Madres Hebe de Bonafini, quien había sido sospechada de integrar la asociación ilícita.
Apenas una citación como testigo
La presidenta de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, no fue imputada en ningún momento por el juez Norberto Oyarbide.
En los dos años en que instruyó la causa, citó e imputó a varios de los integrantes de la Fundación pero su titular estuvo siempre exenta de toda acusación, a pesar de que su firma autorizaba muchas de las maniobras investigadas. Bonafini fue citada recién a declarar en febrero, pero como una simple testigo del hecho.
Su hija, Alejandra Bonafini, sí estuvo sospechada de haber integrado la asociación ilícita pero luego fue sobreseída.
“Los máximos responsables están en el Gobierno nacional”
El autor del libro “El negocio de los derechos humanos”, Luis Gasulla, explicó a Hoy: “Los máximos responsables” del desvío de fondos públicos “están en el Gobierno nacional, Ministerio de Planificación, y en cada una de las intendencias y provincias en las que se manejó ‘Sueños Compartidos’. Aunque hay que hacer salvedades: no es lo mismo cómo se manejó en Capital Federal, que cómo se manejo en Chaco, o en Santiago del Estero, o en Tartagal donde directamente no se hizo ninguna casa”.
Luego, Gasulla profundizó: “Después está la corrupción individual. Hubo implicados que admiten que no es que robaron si no que se beneficiaron de ‘Sueños Compartidos’. Porque ya tienen tan asimilada la confusión entre lo público y lo privado que no distinguen qué es un hecho de corrupción”. En ese sentido, remarcó que “hubo tráfico de influencias, crearon sociedades anónimas contando con información necesaria dentro de cada uno de los organismos, y después porque tenían los nexos políticos para que así fuese”.
Además, destacó un punto nodal de su investigación, afirmando que “existió tasa de retorno y hubo corrupción en ese sentido. Eso es lo que todos los protagonistas se ponen de acuerdo en negar, desde los intendentes, gobernadores, Ministerio de Planificación, y fundamentalmente los Schoklender. Esto no tengo dudas de que existió, basado en los testimonios de la gente que estaba ahí adentro, que eran mano derecha de muchos de los que están implicados”.