Reforma del Código Penal: se definen detalles de legítima defensa

El debate de los expertos que están elaborando el proyecto del nuevo Código Penal avanzó esta semana sobre la definición de las causales de legítima defensa y profundizó en la discusión sobre la responsabilidad de las personas jurídicas. También se abordó la justificación como el estado de necesidad justificante y el obrar en cumplimiento de un deber, indicaron fuentes judiciales.

En el cuarto encuentro que se desarrolló en el edificio de tribunales de Comodoro Py 2002, la comisión abordó diferentes cuestiones de la parte general del derecho penal. Luego de un intenso intercambio de ideas, que duró hasta altas horas de la noche, sus integrantes aprobaron el texto de diversos preceptos que regulan la reparación del daño producido por la comisión de un delito, la imputabilidad de las personas mayores de edad, errores de tipo y de prohibición, además de causas de justificación como el estado de necesidad justificante, el obrar en cumplimiento de un deber, ejercicio legítimo de un derecho, cargo o autoridad y la conocida legítima defensa.

En relación con la legítima defensa, se efectuaron diversas modificaciones en torno a las presunciones legales sobre la concurrencia de las circunstancias que fundan esta causa de justificación con particular tratamiento de la situación de los miembros de las fuerzas de seguridad pública o policiales en el desempeño de sus funciones reglamentarias. También fueron objeto de tratamiento otras cuestiones novedosas como la punibilidad en supuestos de imputabilidad disminuida y la responsabilidad penal en los casos de actuación en lugar de otro cuando no se reúnan las cualidades exigidas por el tipo penal.

Tales avances permiten dar base al anteproyecto de Código Penal que se procura elaborar en el menor tiempo posible, con el compromiso de modernizar y mejorar el marco legal vigente. Este es un nuevo paso fundamental hacia una reforma integral del Código Penal, respondiendo a las necesidades actuales de la sociedad y garantizando un sistema de justicia más eficiente y equitativo.