El narcotráfico y los hijos del poder

Ayer, el intendente de Pergamino, intentó deslindar responsabilidades luego de que su hijo fuera arrestado con dos kilos de marihuana. La clase política repite una polémica actitud

Desde hace tiempo, en la Argentina, una parte de la clase política cree que puede manejarse al margen de la ley. Sus integrantes se consideran como una suerte de ciudadanos con “coronita”, con privilegios que no tienen los ciudadanos de a pié, y como tales -en muchos casos- también trasladan esa concepción a integrantes de su propia familia.

Ayer se conoció que el hijo del intendente de Pergamino, Héctor “Cachi” Gutiérrez, fue detenido luego de que, durante un operativo policial, se le encontrara en un auto un kilo de marihuana. 

Un caso similar se había registrado en 2009, cuando uno de los hijos del dirigente piquetero Emilio Pérsico, exvicejefe de gabinete bonaerense y actual funcionarios del Ministerio de Agricultura de la Nación, fue descubierto mientras transportaba plantas de cannabis en una camioneta de uso oficial, es decir, perteneciente al Estado. Ello derivó en un escándalo, que llevó a que Pérsico terminara renunciando al cargo que ocupaba por aquel entonces en el Ministerio de Desarrollo Social. Pero, tiempo después, el gobierno K lo terminó reciclando en un puesto de otro ministerio: la cartera agropecuaria.

Puntos en común

Un punto en común que tiene los hijos del poder, involucrados en este tipo de episodios, es que sus padres siempre buscan deslindar responsabilidades. “Mi hijo no tiene nada que ver”, “Es una operación política”, y “Es una jugada de la oposición”,   son las frases que suelen escucharse. Así sucedió, por ejemplo, con el caso de la joven Paulina Lebbos, que fue asesinada en Tucumán, en un hecho que salpica a uno de los hijos del gobernador José Alperovich y que hizo recordar a lo sucedido con el crimen de María Soledad Morales en los ’90, en Catamarca. La diferencia es que este último caso hizo caer a una dinastía política, los Saadi, que estuvo involucrada en el episodio, que luego derivó en la intervención de la provincia. En Tucumán, por el momento, reina la impunidad.

Ayer, el jefe comunal de Pergamino no se movió de la lógica imperante en la clase política, tratando de deslindar responsabilidades. Dijo que, supuestamente, la mochila en donde estaba la marihuana era de un menor de edad que estaba hablando con ellos afuera del auto y al ver el control policial dejó el bolso y corrió hasta su casa.

En definitiva, casos como el que involucra al hijo del jefe comunal muestra como el flagelo del narcotráfico está impactando en todas las clases sociales. Y esto es producto del descontrol reinante causado por la administración K, que prácticamente ha liberado las fronteras y los puertos, que se han convertido en verdaderos coladores donde se filtran los mercaderes de la muerte que traen la droga y/o los insumos para producir los estupefacientes en nuestro territorio. 

Cachi y una causa que lo puso contra las cuerdas

En el año 2009, “Cachi” Gutiérrez se vio envuelto en un escándalo cuando se vio involucrado en una denuncia sobre presuntos vínculos con empresarios de la noche, que presuntamente regenteaban prostíbulos en la zona. Esa denuncia hizo que no pudiera ser candidato a diputado nacional, algo que finalmente logró concretar cuatro años más tarde. 

Por esta supuesta causa de trata de blancas que sacudió la armonía de la localidad, el intendente tuvo que dar explicaciones ante el Concejo Deliberante, interpelación que terminó en escándalo por la presencia de una supuesta barra brava.

En la causa aparecían muchos funcionarios municipales y el intendente solo aparecía mencionado y nunca fue ni procesado ni imputado.

En ese momento, la monja Marta Pelloni, que en los ’90 se puso al frente de las protestas por el crimen de María Soledad Morales en Catamarca, contó: “Hace dos años hubo un gran escándalo en Pergamino con el boliche Espartacus, donde una chica menor de edad –había 11 “paraguayitas” trabajando ahí que luego fueron secuestradas- cuando quiso cruzar la frontera y descubrieron que no tenía documento porque la chica estaba siendo explotada. Cuando se ponen en comunicación con Pergamino, concejales de esa ciudad se ponen en contacto con la Justicia de Misiones y se trasladan allá. Ahí vieron la gravedad del caso porque casi todas eran menores”.

“Lo que hay es una acusación. Está la denuncia, una querella doble porque se incendió el prostíbulo y desaparecieron las documentaciones que se tuvieron en un primer momento”, finalizó Pelloni.