La mafia de los medicamentos sobrevuela la región
Los implicados en el escándalo por la venta de remedios adulterados, que estalló hace siete años, aguardan el juicio oral. El socio de un ex funcionario involucrado, que declaró en la causa, es candidato a concejal K en Berisso
Hace siete años, el país se vio sacudido por un escándalo sin precedentes: el accionar de una mafia que fue acusada por la adulteración y tráfico ilegal de medicamentos. La causa se inició a partir de la denuncia de familiares de pacientes fallecidos, supuestamente como consecuencia de haber recibido remedios falsificados y llevó a que el entonces titular del gremio La Bancaria, Juan José Zanola, terminará tras las rejas.
Zanola no es el único implicado. También fue procesado Héctor Cappacioli, quien fue cajero de las campañas electorales del kirchnerismo y cuando estalló el escándalo se desempeñaba como titular de la Superintendencia de Servicios de Salud, y Alberto Gabriel Costa, un odontólogo de Ensenada que fue subsecretario de Control Sanitario bonaerense (en los hechos era el viceministro de Salud de la Provincia). Todos ellos están acusados de haber integrado una asociación ilícita y se encuentran a la espera del juicio oral que estará a cargo del Tribunal Nº 5 de Capital Federal que está integrado por los jueces Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Oscar Hergott. Según pudo saber Hoy, pese al tiempo transcurrido, el juicio todavía no tiene fecha y el proceso se alarga cada día más.
Hay un sabio refrán que dice que “cuando la justicia es lenta, no es justicia”. Por eso, mientras se van dilatando los tiempos, todos los procesados se encuentran en libertad y, en algunos casos, siguen haciendo política.
En ese contexto, quien fuera –y hay sospechas de que sigue siendo- uno de los principales socios de Costa (el ex viceministro está seriamente comprometido a partir de escuchas telefónicas que se realizaron en el marco de la investigación judicial) hoy se presenta como primer candidato a concejal del kirchnerismo en Berisso. Estamos hablando de Rodolfo Oscar Potes, un odontólogo divorciado de 59 años quien en la década pasada fue edil, luego pasó a ser secretario de Promoción Social de la comuna a cargo del kirchnerista Enrique Slezack y ahora busca volver al Concejo Deliberante de la mano de la lista que encabeza el funcionario del ministerio del Interior, Juan Ignacio Mincarelli, como candidato a intendente.
Es tan estrecha la relación entre Costa y Potes que, según consta en el expediente judicial, el ex funcionario del Ministerio de Salud -para favorecer su situación procesal- propuso que su socio declare como testigo en la causa de la mafia de los medicamentos. Según pudo saber Hoy, ambos compartieron durante un lustro la empresa SIODONT SA, que regenteaba clínicas odontológicas en Wilde y Berazategui.
Además, Costa fue presidente de la Agremiación Odontológica de La Plata, Berisso y Ensenada. Y Potes también desempeñó esa función a fines de los años 80. Esa entidad actualmente es presidida por Sebastián Mincarelli, actual concejal K en la Capital del Inmigrante y hermano de quien hoy es precandidato a intendente del kirchnerismo. En el año 2009, en el marco de la causa por los medicamentos adulterados, Costa tuvo que renunciar a su cargo en el Ministerio de Salud y luego decidió entregarse a la Justicia. Lo mismo hizo el empresario farmacéutico, Néstor Lorenzo, quien está acusado de haber sido uno de los principales proveedores de medicamentos adulterados a obras sociales. Pero no solamente está involucrado en este escándalo. También se lo relacionó con uno de los integrantes de la denominada mafia de la efedrina que fue asesinado en General Rodríguez: Sebastián Forza. Por eso, la ex ministra de Salud y actual legisladora porteña, Graciela Ocaña, quien fue una de las principales impulsoras de las investigaciones de estos ilícitos, bautizó a Lorenzo como “el Yabrán de los medicamentos”.
Lorenzo habría reconocido, ante la Administración Nacional de Medicamentos y Tecnología, que Forza le había vendido remedios adulterados para pacientes con hemofilia de la Obra Social Bancaria. Recordó también, en sede judicial, que conoció a Forza en 2005 cuando se desempeñaba como visitador médico para un laboratorio multinacional. Y dijo, además, que en 2007 volvió a tener contacto con Forza por medio de un amigo en común.
Una vez más, con la mafia de los medicamentos, queda demostrado que la corrupción mata.
Sospechosos aportes de campaña
La mafia de los medicamentos y la política están estrechamente vinculados. Al punto de que empresas y empresarios, involucrados en el escándalo, hicieron aportes a distintas campañas electorales del Frente para la Victoria.
Gabriel Brito, un empresario farmacéutico procesado como presunto miembro de la mafia de los medicamentos, es clave para conocer cómo plata de empresas ligadas a la mafia de la efedrina terminó entre los fondos de aquella campaña.
El Frente para la Victoria declaró a la justicia electoral que la empresa Global Pharmacy SA aportó 310.000 pesos en cuatro cheques. Es sólo una pequeña parte de los fondos de origen oscuro que están en la mira. Pero, ante Oyarbide, Brito negó haber aportado ese dinero. Sostuvo que el partido usó cheques que él le había entregado al empresario Néstor Lorenzo (dueño de la droguería San Javier y preso como jefe de una presunta asociación ilícita que traficaba remedios), para justificar el ingreso de fondos a la campaña. Después, según Brito, Lorenzo lo llevó personalmente a las oficinas del recaudador de campaña Héctor Capaccioli, y allí lo forzaron a firmar, ante una escribana, que el aporte había sido voluntario.
Decenas de escuchas de conversaciones telefónicas entre Lorenzo, Capaccioli y Gramajo son parte de las pruebas en esta investigación. Capaccioli ofició como recaudador de fondos para la campaña Cristina Kirchner-Cobos de 2007, que fue sostenida, en buena medida, por empresas del sector de la salud. De acuerdo con la rendición de cuentas que firmaron Diez y Gramajo, de los más de $ 10 millones que declaró en 2007 el FPV como aportes de personas jurídicas el 36,5% lo donaron firmas del área. Por eso la jueza federal con competencia electoral María Servini de Cubría archivó sin aprobar la rendición de cuentas del kirchnerismo hasta que se resuelvan las causas penales en que se investiga el origen de los fondos electorales.