El Gobierno avanza con la privatización de las centrales hidroeléctricas
Las represas del Comahue fueron preadjudicadas en un polémico proceso que abre el debate sobre privatización y control estatal.
El Ministerio de Economía de la Nación confirmó la preadjudicación del paquete accionario de cuatro centrales hidroeléctricas del Comahue —Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila—, dando uno de los últimos pasos hacia su privatización definitiva. La decisión quedó plasmada este viernes en la Resolución 2059/2025, firmada por el ministro Luis Caputo.
El proceso se enmarca en la política de privatización de empresas estratégicas que lleva adelante el gobierno de Javier Milei, con el argumento de reducir la presencia estatal y atraer inversiones privadas. Sin embargo, el avance sobre activos vinculados a la generación hidroeléctrica en la Patagonia reavivó críticas sobre el impacto en la soberanía energética y el rol de las provincias en el manejo de recursos naturales.
Las empresas adjudicatarias
La central Piedra del Águila fue preadjudicada a Central Puerto S.A., con una oferta de 245 millones de dólares. El complejo El Chocón quedó en manos del consorcio liderado por BML Inversora S.A.U. y MSU Energy, por un monto de 235.671.294 dólares. En tanto, Edison Inversiones S.A.U. y el Consorcio de Empresas Mendocinas para Potrerillos se adjudicaron Alicurá y Cerros Colorados, con ofertas de 162.040.002 y 64.174.002 dólares respectivamente.
La Comisión Evaluadora desestimó las propuestas presentadas por Hidroeléctrica Futaleufú, Genneia y Aluar. El organismo consideró que se trataban de ofertas “no serias”, lo que cerró la posibilidad de adjudicación a esas firmas.
Críticas y tensiones
El anuncio de la administración libertaria generó reacciones encontradas. Desde sectores empresariales vinculados a la minería y la energía se celebró la decisión, al considerar que permitirá reglas más claras y previsibilidad para inversiones. Sin embargo, organizaciones ambientalistas y referentes académicos advirtieron que la privatización de represas estratégicas podría debilitar los mecanismos de control estatal sobre recursos hídricos esenciales y abrir la puerta a conflictos constitucionales.
Gobernadores de provincias con fuerte presencia minera, como San Juan y Catamarca, defendieron la necesidad de compatibilizar desarrollo productivo y protección ambiental, aunque reconocieron que el esquema vigente genera incertidumbre. Por su parte, dese Casa Rosada justificaron la iniciativa como un ordenamiento de competencias provinciales y un modo de despejar conflictos normativos.
El acto de firma de los contratos de concesión y transferencia está previsto para el 22 de diciembre en Cipolletti, provincia de Río Negro, y los contratos entrarán en vigencia una vez publicada la resolución definitiva en el Boletín Oficial.
La venta de las represas del Comahue se convierte así en un hito dentro del programa de privatizaciones del Gobierno, que insiste en mostrar avances en su agenda económica mientras acumula resistencias políticas y sociales. La decisión, sin embargo, profundiza el debate sobre la pérdida de control estatal en áreas sensibles y expone el riesgo de que intereses privados definan el rumbo de la política energética.
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