Calculan que la reforma laboral transfiere $21 billones a empresarios

El especialista Leito Monk, de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo de Tecnología, Innovación y Conocimiento (FACTTIC), elaboró un detallado análisis sobre la reforma laboral que presentó el gobierno de Milei. El informe concluye en que todas las medidas del proyecto combinadas significan una transferencia anual de $21 billones desde los trabajadores hacia la patronal.

El trabajo detalla artículo por artículo cuál es el costo para los trabajadores. Por ejemplo, el número 245, que estipula un tope a las indemnizaciones recudiéndolas un 50%, afectaría a 935.000 personas. El especialista calcula una pérdida promedio anual por trabajador de $2.200.000, lo que totaliza $2.06 billones por año.

Otro artículo relacionado con la indemnización es el 246, que deroga el agravamiento por la doble indemnización. De esta manera, el despido sin causa dejaría de pagarse por duplicado, lo que iguala el costo de la regularización del empleado. El cálculo de 625 mil trabajadores que afecta esta medida por el costo anual promedio por persona (de $3.080.000) da $1.93 billones a favor de las empresas.

Uno de los artículos más polémicos es el 23, que habla de “presunción laboral”. Es decir, elimina la presunción si hay factura, lo que facilita fraude laboral en monotributistas. Monk calcula que afectaría a 800 mil trabajadores, con costo promedio de $3.520.000 por persona, lo que totaliza $2.82 billones por año.

El banco de horas (compensación con francos en lugar de pago) es otra de las polémicas en la reforma laboral, que elimina el pago doble o triple de las horas extras. De aprobarse, afectaría a 3.750.000 trabajadores por un total de $660 mil por persona por año, lo que totaliza $2.48 billones.

Los $21 billones por año los completan: artículo 30, solidaridad en tercerización ($1.58 billones); artículo 31, solidaridad entre empresas del grupo solo si hay maniobras fraudulentas probadas ($1.23 billones); artículo 55, libro especial del empleador como prueba privilegiada ($990 mil millones); artículo 245, que reduce la base de cálculo ($2.34 billones); artículo 212, reducción por incapacidad ($1.24 billones); artículo 154, vacaciones fraccionadas ($1.24 billones); y artículo 231, que fortalece el periodo de prueba ($825 mil millones).