Tras el rechazo en Diputados, el Gobierno redobla su ofensiva

El revés parlamentario no alcanzó para frenar la insistencia del Gobierno en desconocer la Emergencia en Discapacidad. Apenas horas después de fracasar en su intento de derogarla dentro del Presupuesto 2026, el oficialismo volvió a la carga por la vía judicial y apeló el fallo que lo obliga a cumplir con una norma respaldada por una mayoría transversal del Congreso y ratificada por la Justicia.

La presentación realizada por el oficialismo ante la Cámara Federal de San Martín, apunta directamente contra la resolución del juez Adrián González Charvay, quien la semana pasada declaró nulo el artículo del decreto presidencial que había suspendido la ejecución de la ley 27.793. Para el magistrado, aquella suspensión constituía un veto encubierto, incompatible con la división de poderes y contrario a los estándares internacionales de derechos humanos. De acuerdo al fallo, el Ejecutivo no puede desobedecer una ley alegando falta de fondos ni puede reinterpretar a conveniencia lo que el Parlamento ya decidió.

Lejos de acatar, el Gobierno eligió profundizar el conflicto. La apelación, concedida con efecto devolutivo, no frena la obligación de aplicar la ley, pero sí revela la estrategia oficial de estirar tiempos, mantener el escenario de incertidumbre y apostar a que el desgaste administrativo funcione como un freno. Es el mismo patrón que se vio con el veto inicial, con la promulgación parcial y con la inclusión forzada de la derogación en el capítulo 11 del presupuesto. Cada paso tuvo como objetivo evitar que la emergencia entre en vigencia plena.

El contraste con el consenso social y político es evidente. La ley fue impulsada por familias, organizaciones y prestadores que vienen denunciando la crisis del sistema de atención, y obtuvo apoyos que cruzan bloques, provincias y alianzas. Incluso legisladores cercanos al oficialismo reconocieron la legitimidad del reclamo. Sin embargo, el Gobierno insiste en desconocer ese respaldo y en sostener una disputa que lo deja cada vez más aislado.

Mientras tanto, las consecuencias recaen sobre quienes menos margen tienen para esperar. La decisión de apelar no modifica la vigencia de la ley, pero sí prolonga la incertidumbre de miles de familias y prestadores que dependen de su aplicación inmediata.

La nueva maniobra del Gobierno es la confirmación de que, aun derrotado en el Congreso y cuestionado por la Justicia, seguirá buscando mecanismos para eludir obligaciones básicas, apostando a mayor confrontación y menor responsabilidad.