La Provincia lanzó la tarifa social para el agua potable

La gobernadora María Eugenia Vidal firmó ayer el decreto que establece valores diferenciados en el servicio para usuarios residenciales que no superen el Salario Mínimo, Vital y Móvil

La gobernadora María Eugenia Vidal aprobó la Tarifa de Interés Social (TIS) para la prestación de los servicios de provisión de agua potable y desa­gües cloacales en usuarios residenciales con ingresos que no superen el Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Mediante el decreto 1.477, publicado ayer en el Boletín Oficial y firmado por el saliente ministro de Infraestructura David Cenzón, que será reemplazado por Roberto Gigante, la mandataria bonaerense estableció los criterios de inclusión para la asignación de los aranceles diferenciados, que deberán ser actualizados una vez al año.

En ese sentido, los parámetros con que se decidirá el acceso a la Tarifa de Interés Social son: que el ingreso mensual por grupo familiar sea equivalente al valor de dos salarios mínimos, no ser propietario de más de un inmueble y no superar un consumo promedio mensual de energía de más de 180 Kw. 

El porcentaje de descuento alcanzará, además, a casos puntuales como residencias en las que habiten uno o más discapacitados, beneficiarios de programas sociales, personas que cobren seguro de desempleo y jubilados o pensionados cuyo pago sea de hasta el equivalente a dos haberes mínimos.

Con estos requisitos, los aspirantes a obtener el beneficio deberán solicitarlo en las dependencias de Aguas Bonaerenses (ABSA) o del Organismo de Control del Agua de la Provincia de Buenos Aires (Ocaba).

Los alcances de la TIS

En base a la escala establecida, el descuento para grupos familiares de hasta dos personas, cuyo ingreso sea menor o igual al equivalente a dos salarios mínimos será del 20 por ciento sobre el total de la factura. 

En el caso de las familias compuestas por más de dos integrantes y cuyo ingreso sea menor o igual a la suma de dos salarios mínimos, la deducción ascenderá al 50 por ciento.

Para ambas situaciones se prevé una rebaja adicional si hay una o más personas discapacitadas en la residencia: 5% en la primera y 15% en la última.

Cuando el ingreso del grupo familiar sea menor o igual a un salario mínimo, la rebaja será de entre el 65% y el 80% sobre el total de la factura, a criterio de la prestadora.

Todos los beneficiarios de la TIS estarán exentos, además, de abonar la tasa de fiscalización y control del Organismo de Control del Agua de Buenos Aires.

Descuentos a beneficiarios de la Tarifa de Interés Social

- 20% para el grupo familiar de hasta dos personas cuyo ingreso sea menor o igual al equivalente a dos salarios mínimos.

- 50% para el grupo familiar de más de dos personas cuyo ingreso sea menor o igual al equivalente a dos salarios mínimos.

- Entre 65% y 80% para el grupo familiar cuyo ingreso sea menor o igual al equivalente a un Salario Mínimo, Vital y Móvil.

- Entre 5% y 15% será el descuento adicional para grupos familiares en los que haya uno o más integrantes discapacitados.

- Los descuentos se realizarán sobre el total de la factura.

- En todos los casos, será condición no superar un consumo promedio mensual de energía de más de 180 Kw.

Piden decretar la emergencia en el servicio brindado en la ciudad

El concejal del GEN, Gastón Crespo, le solicitó al Departamento Ejecutivo que decrete la emergencia en el servicio de agua potable y tome las medidas necesarias tanto para mejorar las condiciones de distribución como para establecer las obligaciones y sanciones que le corresponden a ABSA.

Según el edil, la peor situación se vive con la calidad del agua que llega a los domicilios. “A simple vista, se observa la presencia de sustancias que colorean el líquido y algunos sólidos de consistencia arenosa que impiden la ingesta. Esta mala calidad del producto obliga a los vecinos a abastecerse de agua por su cuenta comprando bidones, lo que implica un gasto innecesario, ya que también están obligados a pagar las boletas de ABSA por un servicio que no presta”.

Crespo explicó: “La solución, en una primera medida, es que el Estado de una vez por todas ejerza la representatividad que le otorgaron los vecinos y obligue a la empresa ABSA a cumplir con un plan de desarrollo e inversión que en el corto plazo regularice el servicio. En el mismo sentido, el propio Estado debe organizar y planificar el desarrollo de un ente regional que en el mediano plazo reemplace el servicio de ABSA y garantice la provisión de agua potable de buena calidad y a bajo costo”.

Demanda colectiva contra ABSA

A través de la Facultad de Derecho de la UNLP, vecinos de Villa Castells y otros barrios de Gonnet anunciarán esta tarde la presentación de una demanda colectiva contra ABSA por la negligencia en el servicio y la no potabilidad del agua en las zonas de 487 a 496, desde 15 a 21 de Gonnet; y de 489 a 505 y desde Camino Centenario hasta calle 2, de Villa Castells, que afecta a 50.000 personas.

Las acciones legales por el agua contaminada en la zona están patrocinadas por la Clínica de Defensa al Consumidor, a cargo de Jorge Martínez.

Frentistas adelantaron a este medio que también presentarán una medida cautelar preventiva contra la prestataria para que informe a los habitantes de la zona que el agua no es apta para el consumo humano.

En septiembre, el juez de Faltas Dante Rusconi ya se había expedido en ese sentido luego de ordenar analizar el servicio de esas cuadras y determinar que el agua triplica los valores de cloruros y sólidos aceptables, por lo que no es potable. 

Rusconi emitió entonces una medida cautelar en la que ordenó a ABSA garantizar el “derecho a la información” de los consumidores.