Peligro extremo

Lo que está ocurriendo en la Argentina, a partir de la sospechosa muerte del fiscal Alberto Nisman, está poniendo en riesgo la institucionalidad del país, los cimientos de la República que se han visto conmovidos por una situación que ha trascendido largamente lo que comenzó siendo una disputa entre la administración gubernamental y un funcionario judicial que, antes de morir, denunció la oscura trama para encubrir a los autores materiales de la voladura de la AMIA.

La crisis que se está viviendo tiene, como máxima responsable, a la presidenta Cristina Kirchner, cuyo accionar no ha hecho más que sembrar confusión y nerviosismo. Ayer, luego de que durante casi 72 horas tanto ella como sus aplaudidores afirmaran a diestra y siniestra que la muerte del fiscal era un suicidio, la primera mandataria dio un giro de 180 grados para intentar hacer creer que le tiraron “un muerto”. Copió la actitud que tuvo en 1997 el entonces gobernador bonaerense Eduardo Duhalde, cuando se conoció el asesinato del fotógrafo José Luis Cabezas en Pinamar, que puso en jaque su proyecto político.

Además, la presidenta denunció, así como al pasar, que supuestamente le plantaron “pistas falsas” al fiscal, cuando fue ella misma la que impulsó que se aprobara en el congreso en tiempo récord –y prácticamente sin discusión- el memorándum de entendimiento con Irán.   “Estoy convencida de que no fue suicidio. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas", dijo la primera mandataria en su cuenta de twitter, demostrando una vez más que no quiere o no puede hablarle cara a cara al pueblo argentino, negándose a utilizar la cadena nacional que tantas veces usó para mostrar a su perro o para anunciar medidas intrascendentes.

Como si todo esto fuera poco, horas después de difundirse los tuits de CFK, aparecieron los integrantes de ese sello de goma que se hace llamar Partido Justicialista para dar a conocer un documento de “apoyo” al gobierno nacional y agitar fantasmas destituyentes que, además de no existir, ya no asustan a nadie. En todo caso, lo que asusta es el pasado y el presente de varios de estos personajes que forman parte de un partido político que nada tiene que ver con la impronta de Juan Domingo Perón: el PJ es hoy una plataforma para defender lo indefendible, y justificar lo injustificable.

¿Qué pruebas ofreció CFK para sustentar sus afirmaciones y justificar su cambio de parecer? Absolutamente ninguna, demostrando la falta de conducción de un gobierno que ha perdido el rumbo. Y que está dejando al país en la anarquía. De buenas a primeras, Cristina intenta responsabilizar a los servicios inteligencia sobre la muerte de Nisman. Pero esta misma afirmación demuestra el propio fracaso de su administración. Como Presidenta de la Nación, Cristina no puede ni debe actuar como una “mera relatora” de la realidad, basando sus dichos o suposiciones en conjeturas. Por su investidura, ella es la comandante en jefe de las fuerzas armadas, de las fuerzas de seguridad y, por ende, de los servicios de inteligencia. Es decir, tiene a su alcance todas las atribuciones y las facultades para determinar qué fue lo que ocurrió efectivamente en el departamento de Puerto Madero y sancionar a los culpables.

Ahora bien, si luego de once años en el poder, el kirchnerismo no puede poner en caja a las bandas de Inteligencia que Cristina alimento cuando en la última década permitió que se hiciera inteligencia interna (como mecanismo de apriete a opositores y personalidades con voces críticas), quizás sea hora de analizar si están dadas las condiciones para que siga conduciendo los destinos del país. ¿Si Duhalde no tuvo otra alternativa que adelantar las elecciones por el asesinato de dos piqueteros por parte de policías, qué actitud se debería tomar ante el magnicidio que podría significar la muerte del fiscal y que es motivo de consternación en todo el mundo civilizado?

Pasaron más de cuatro días de la muerte del fiscal, y nadie ha renunciado en el gobierno. Sigue en funciones el canciller acusado de pactar con Irán, como así también el secretario de Seguridad que se metió indebidamente en el departamento de Nisman. Asimismo, nadie en la administración K ha desautorizado la diplomacia paralela que, según las escuchas, realizaban Luis D´Elía y Fernando Esteche con el régimen iraní.  En otras palabras, el gobierno no tiene la más mínima intención de evitar que continúe la impunidad ya que, en caso de que alguna vez se conozca la verdad, varios de los que hoy están en la conducción política del país terminarán tras las rejas.

Ante la complejidad de este escenario, llama poderosamente la atención el silencio que mantienen varios sectores. Por ejemplo, desde la CGT que conduce Hugo Moyano, no hicieron ningún comentario al respecto. Tampoco dijeron nada los representantes de la Unión Industrial y de las distintas entidades empresarias, cuando indefectiblemente la crisis institucional tendrá consecuencias económicas. ¿Quién estará dispuesto a invertir en un país cuyo gobierno no ofrece la más mínima seguridad jurídica?, ¿Qué tipo de capitales vendrán a la Argentina cuando, en los centros de poder internacional, se está escuchando voces que piden sanciones ante lo que consideran un magnicidio? El futuro cercano pinta bien negro.