Posnet obligatorio: comercios en crisis
Un fallo judicial declaró constitucional una disposición de la AFIP que establece la imposición de aceptar el pago con tarjetas de débito para las operaciones comerciales. Pequeños comerciantes en jaque. Advierten sobre posibles subas de precios
La Justicia Federal de Mar del Plata rechazó el pedido de inconstitucionalidad de la reglamentación dispuesta por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que determina la obligatoriedad de aceptar el pago con tarjeta de débito para las operaciones comerciales. La medida rige para todos los negocios en lugares de más de 5000 habitantes, lo que motivó numerosas denuncias de pequeños comerciantes que dicen ser víctimas de constantes aprietes del organismo recaudador, en momentos en que la recesión económica está reduciendo los márgenes de ganancias a su mínima expresión y en no pocos casos, se trabaja a pérdida.
Ahora bien, nadie en su sano juicio puede estar en contra de que se faciliten los medios de pago para los consumidores, y que haya mayor transparencia tributaria y que cada contribuyente cumpla con su obligación de pagar impuestos. En realidad, lo que resulta muy repudiable es que las máximas autoridades encargadas de cobrar impuestos en la Argentina, que mandan un ejército de inspectores a perseguir a pequeños comerciantes por un simple posnet, son las mismas que están seriamente manchadas por casos de corrupción, por lo que todo sus accionar prácticamente está viciado de nulidad. Estamos hablando de personajes comprometidos en escándalos tales como la compra fraudulenta de la ex Ciccone Calcográfica y la conformación de empresas fantasmas que podrían haber servido como plataforma de lavado de dinero. A eso se le suman las crecientes sospechas de las vinculaciones que unirían a la Aduana, organismo que depende de la AFIP, con resonantes casos de narcotráfico.
Asimismo, las autoridades del organismo público, mientras aprietan las clavijas contra pequeños y medianos comerciantes, hacen la vista gorda ante los gobernantes, funcionarios y legisladores que ni siquiera presentan declaraciones juradas, en un acto altamente repudiado por la sociedad.
Fuentes judiciales, aclararon que el tribunal marplatense se recostó en un fallo brindado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un caso similar, donde el máximo tribunal entendió que el contribuyente no podía probar en ningún caso que exista la más mínima lesión a determinados derechos, por lo que se deja constancia de que el ente recaudador que conduce Ricardo Echegaray, tiene facultades delegadas para dictar normas reglamentarias de ese tipo y para llevar adelante su aplicación y fiscalización.
En una de las partes del fallo, se dice que se rechaza “la impugnación de inconstitucionalidad de las resoluciones de la AFIP (dictadas en el marco de las facultades que emanan el art.32 de la Ley 11.683) que impusieron la obligación de adquirir los controladores fiscales, si los planteos configuran alegaciones abstractas sobre la supuesta violación del derecho de trabajar, de propiedad y de capacidad económica, sin que se haya aportado elemento probatorio concreto alguno sobre tales extremos, por lo que resultan agravios meramente conjeturales”.
Con este fallo, los más perjudicados terminan siendo los comercios más chicos, ya que se tendrán que hacer cargo de un costo extra, como lo es el trámite bancario de instalación del posnet, y que muchos de ellos decidirán trasladar al producto final, encareciendo de esta manera los productos, perjudicando aún más el malogrado bolsillo de los argentinos.
Como modo de ejemplo de las complicaciones que surgen con este fallo, los comerciantes que el mismo no tiene en cuenta los descuentos que hacen los bancos, lo que implica una especie de retención, que es pagada por el propio comerciante y que terminaría trasladando al valor final para no perder dinero.
La nueva normativa que vio el visto bueno ayer por la medida judicial, complica a los pequeños y medianos comerciantes, ya que se quiere avanzar sobre la evasión apretando a los contribuyentes más chicos, dejando de lado a los más grandes, en una práctica claramente discriminatoria y que favorece sólo a los eternos ganadores del sistema.
“Esta medida va a afectar de la peor manera”
Por Diego Piancazzo (*)
Especial para Hoy
La medida va a afectar de la peor manera, ya que así el producto final, el producto que recibe el consumidor va a tener un aumento en su precio. El gasto de poseer el posnet que se plantea desde el Estado lo que va a lograr es que el producto final termine saliendo más caro ya que el comerciante o pierde dinero o lo va a pagar el consumidor final en el producto.
Esto conmueve sobre todo a los comercios más chicos ya que los negocios más grandes tienen una envergadura en sus transacciones que hace que este sistema no los afecte. Pero los pequeños y medianos emprendedores con esto se tiene un enorme costo más.
Además, esta situación acarrea ciertas dificultades ya que hay ciertos pueblos de la provincia de Buenos Aires que no están bancarizados, donde esto va a ser muy difícil de implementar. Hay pueblos donde no hay sucursales bancarias y tienen que hacer 30 o 40 kilómetros para poder retirar el dinero de las cuentas, por lo que esto va a terminar siendo un costo importante para el comercio chico.
La realidad marca que esto es un problema. A pesar de que la AFIP diga que así se va a terminar la evasión, eso no es así. Y va a tener el efecto totalmente contrario a lo que busca el gobierno.
(*) Gerente de la Cámara de Comercio de La Plata
Alerta empresarial
La Federación Empresaria de La Plata (FELP) volvió a remarcar que la implacable caída en las ventas que vienen sufriendo los comercios en los últimos tiempos, pone en riesgo una gran cantidad de fuentes de trabajo.
Todo esto cobra inusitada trascendencia en un marco de notoria competencia irregular con la suba de la venta ilegal.
El marco de alarma se cierne peligrosamente sobre el mayor generador de empleo genuino de la región: pérdida del poder adquisitivo por parte del consumidor, venta ilegal sin control y una presión impositiva creciente sobre los sectores formales de la economía.