Revelan cómo el fiscal preferido de Massa entorpecía investigaciones judiciales

La Justicia Federal constató que el suspendido fiscal general de San Isidro, Julio Novo, de estrecha relación con el líder del Frente Renovador, desarrolló una serie de estrategias destinadas a viciar diferentes causas, muchas de ellas vinculadas al narcotráfico. Detalles exclusivos de las maniobras

El diario Hoy pudo acceder al expediente de una causa extremadamente sensible que tramita en el Juzgado Federal a cargo de Sandra Arroyo Salgado, la exesposa del fallecido fiscal Alberto Nisman. De la lectura del expediente surge que la magistrada pudo acreditar una serie de maniobras que habrían sido instrumentadas por el suspendido fiscal general de San Isidro, Julio Alberto Novo, el funcionario judicial preferido de Sergio Massa, que atraviesa un proceso de juicio político.

Cabe recordar que Massa mantiene una estrecha relación con Novo, a tal punto que le ordenó a sus legisladores intentar entorpecer el jury. Incluso, el líder del Frente Renovador habría operado políticamente para evitar que el actual titular de la Procuración bonaerense, Julio Conte Grand, confirmara las acusaciones contra el suspendido fiscal general de San Isidro. Pero se quedó con las manos vacías ya que, tal como lo anticipo en exclusiva este medio, Conte Grand realizó la correspondiente acusación en el mes mayo, imputándole graves irregularidades.

Según Arroyo Salgado, algunas de las medidas adoptadas por el suspendido funcionario judicial, quien supo establecer lazos fluidos con el actual candidato a senador por 1País, Sergio Massa, fueron el ingreso sin autorización a despachos de distintos fiscales por parte de letrados afines, la sustracción de expedientes y la elaboración de listas negras para quienes no cumplieran con sus órdenes. 

Entre los métodos utilizados por los funcionarios que dependían de Novo, la jueza redactó en el expediente que el 4 de septiembre de 2012 la puerta del despacho del fiscal Luis Angelini (quien tuvo a cargo la investigación de los crímenes de tres colombianos, ocurridos en 2008 y 2009, todos con sello narco) fue forzada bajo la dirección de los letrados Juan Manuel Esperante (actual fiscal de Exaltación de la Cruz) y Mariana Busse, quienes alegaron una orden de Novo. 

Busse es la secretaria del suspendido fiscal general y pareja del abogado Carlos Alberto Broitman, defensor del narco Gustavo Adolfo Juliá, condenado en España por haber intentado ingresar casi una tonelada de cocaína a Barcelona, escondida en un avión.

Similares acciones utilizó el suspendido fiscal general de San Isidro con otros colegas, entre ellos el fiscal Miguel Zárate, quien declaró que, cuando estaba escribiendo un pedido de allanamiento en la causa por el robo a la sucursal 

Acassuso del Banco Río, “entraron los doctores Duilio Cámpora, Eduardo Vaiani y Rodrigo Caro, fiscales generales adjuntos de San Isidro” y este último ordenó “que dejara de escribir, que lo iba a redactar él”. De acuerdo al testimonio de Zárate, “pese a que le dije que yo conocía puntualmente los datos de la causa, Caro terminó redactando este pedido”. En este sentido, el funcionario judicial agregó que “si no hacías caso a estos requerimientos, uno pasaba a formar parte de un grupo de personas que terminaban trasladando a fiscalías alejadas, generalmente a Pilar”.

Una situación parecida relató el fiscal Diego Molina Pico, quien indicó que “Vaiani se metía en mi despacho y me sacaba información”, lo que lo llevó a indicarle a su secretaria que realizara copias de cada declaración que tomaba en la causa. Molina Pico también señaló que en su despacho siempre dejaba un expediente “trucho” y se llevaba el original, consciente de que había funcionarios que tenían la orden de Novo de espiarlo, romper su cerradura y robar expedientes.

Relaciones peligrosas

Con respecto al desarrollo que Arroyo Salgado hizo sobre el entorpecimiento a la investigación contra los hermanos Juliá en la causa por contrabando de estupefacientes, detalló la situación de la abogada Mariana Busse, quien ingresó el 16 de febrero de 2006 a trabajar en la Fiscalía General de San Isidro, donde llegó a ocupar el cargo de secretaria, y renunció el 30 de junio de 2008 para dedicarse a su profesión.  

Casi tres años después, en noviembre de 2011, por pedido de Novo, a instancias de la entonces titular de la Procuración bonaerense y actual asesora del Ministerio de Justicia de la Nación, María del Carmen Falbo, la letrada volvió al Ministerio Público para ocupar el cargo de secretaria que había dejado antes, lo que les llamó la atención a su compañeros de trabajo. Lo más grave del caso es que durante los años en que Busse estuvo fuera de la función pública se dedicó al ejercicio de la abogacía y fue designada, el 27 de abril de 2011, letrada defensora sustituta de Gustavo Juliá.

En ese mismo expediente, en trámite ante el Juzgado Nacional en lo Penal Económico n° 4, también fueron propuestos Ximena Natalí Broitman y el actual cónyuge de Mariana Busse, el ya mencionado Carlos Alberto Broitman. Esa petición fue rechazada por el juez de la causa ya que Juliá estaba siendo juzgado en España, por lo que investigarlo en una causa en la Argentina por el mismo hecho habría violado el principio de la prueba.

Broitman, quien tiene un historial judicial mediático y muy polémico, tuvo en sus manos la defensa de varios de los casos más importantes relacionados con el narcotráfico. Además de los hermanos Juliá, patrocinó al sindicado narco colombiano “Mi Sangre”, y también intervino en la negociación por la entrega de Ibar Pérez Corradi, el presunto líder intelectual del Triple Crimen de General Rodríguez. 

Otro de los casos registrados es que, luego de que Angelini fuera removido por Novo del Área Criminal de la Fiscalía de San Fernando, “la secretaria Busse impartió una orden para que no se les informase a quienes preguntaban dónde había sido trasladado, a la par de interrogar a los empleados en torno a si lo habían ayudado o no a trasladar sus cosas o si, incluso, le habían hablado”.