La CGT y las CTA avanzan con un plan de lucha en todo el país

Las principales centrales sindicales del país comenzaron a desplegar un plan de acción federal contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. Con la participación de gremios de la CGT y las dos CTA, la estrategia combina movilizaciones, advertencias a gobernadores y la posibilidad de nuevas medidas de fuerza si el proyecto avanza en el Congreso.

Desde el sindicalismo denuncian que la reforma se negocia a espaldas de los trabajadores y sin un debate real con las organizaciones que representan al movimiento obrero. En ese marco, la presión se trasladará a la calle, con protestas en provincias consideradas clave por su peso legislativo.

Las conducciones gremiales coinciden en que la reforma no puede corregirse con retoques parciales. Consideran que, aun con cambios menores, el proyecto implica una pérdida de derechos laborales y consolida un esquema de flexibilización que impactará de lleno en el empleo y las condiciones de trabajo.

Gobernadores en la mira

Como adelantó diario Hoy en su edición anterior, uno de los puntos centrales del plan es interpelar a los gobernadores cuyos legisladores pueden inclinar la balanza parlamentaria. Córdoba y Santa Fe aparecen como los primeros escenarios de protesta, con movilizaciones dirigidas a las administraciones provinciales y a sus representantes nacionales.

Desde ATE y otros sindicatos advierten que el respaldo a la reforma tendrá costos políticos y económicos para las provincias. Plantean que cualquier acuerdo coyuntural con la Casa Rosada terminará volviéndose en contra de los propios distritos, en un contexto de ajuste fiscal y recorte de recursos.

Crece el frente gremial

El armado sindical se amplió con el correr de los días y ya reúne a más de 50 organizaciones de distintos sectores. Metalúrgicos, estatales, aceiteros, aeronáuticos, gráficos, docentes y trabajadores del transporte, forman parte de un frente común que promete sostener la confrontación.

Las centrales no descartan escalar el conflicto si el oficialismo insiste con el tratamiento de la ley. Entre las opciones en evaluación aparecen nuevas marchas, paros sectoriales y una eventual huelga general. El objetivo es frenar una reforma que consideran regresiva y forzar al Gobierno a iniciar una discusión desde cero.