Revelan nuevos vínculos K con paraísos fiscales
Como no podía ser de otra manera, el empresario Lázaro Báez quedó involucrado. La operatoria le permitió ingresar 245 millones de pesos al patrimonio de Austral Construcciones con maniobras irregulares con dos firmas de la Isla caribeña de Curazao
Los negociados de los “amigos del poder” del kirchnerismo no paran de dar letra para agregar capítulos al libro gordo de la Corrupción K. Ahora se descubrieron más detallesobre una maniobra para lavar dinero para la empresa Austral Construcciones, que regentea el exempleado bancario y hoy millonario Lázaro Báez, con comprobados vínculos directos con la presidenta Cristina Fernández.
La transacción que le permitió al empresario patagónico engordar el patrimonio de Austral Construcciones con $ 254 millones durante el 2010, uno de los peores momentos financieros de esa empresa, fue un escándalo. Incluyó dos sociedades inactivas en la isla Curazao de las Antillas Holandesas, y la participación off shore de dos argentinos y un uruguayo que ya murieron.
En realidad ya se sabía que en balance de 2011 Austral Construcciones recibió $ 254 millones como indemnización por un supuesto proyecto inmobiliario que se frustró en las costas de Belice, del que se iba a encargar una sociedad de Curazao, J+J Holding, a través de un fideicomiso creado en Uruguay.
Sin embargo, la firma de Curazao se encuentra inactiva desde 1989 y el fideicomiso jamás se registró ante las autoridades uruguayas, como impone la ley local.
Un dibujo para blanquear plata
Todo parece indicar que Báez encaró la iniciativa inmobiliaria como una pantalla. Se habría tratado de un dibujo con el que el empresario inventó una justificación para el reingreso, ya blanco, de $ 254 millones en la Argentina.
En teoría, Báez se interesó en un proyecto inmobiliario para construir condominios de lujo en Caye Chapel Island, una pequeña isla frente a las costas de Belice, en el mar Caribe.
Ese proyecto -con una inversión global estimada en US$ 1000 millones- quedó en manos de dos firmas constituidas en Curazao, J+J Holding NV y Nederlandsche Fisheries NV. Pero para el Registro Público de Comercio de la isla, ambas sociedades se encuentran inactivas.
Un uruguayo, José Luis Balbi Dall’ Orto, fue el "apoderado" de J+J Holding, pero murió a fines de 2011. En tanto, el rostro visible para la segunda firma inactiva de Curazao, Nederlandsche Fisheries, fue el de Norberto Floreal Rivera, un argentino con domicilio en Villa Dominico, partido de Avellaneda, que también murió hace unos años, a poco de superar las seis décadas.
Al menos en los papeles, J+J Holding lideraría el fideicomiso, Nederlandsche Fisheries aportaría US$ 100 millones "en Bonos Euronotas Serie III, emitidos por la Cámara Internacional de Comercio del Mercosur", una ignota entidad a la que aluden como Cidecomer, y Benasque Invest sumaría "la isla".
Pero para noviembre de 2009, Austral Construcciones se sumó al proyecto. Firmó dos documentos con J+J Holding, la que se comprometió a invertir US$ 100 millones.
Apenas cinco meses y medio después, sin embargo, el proyecto quedó trunco. Hubo intimaciones legales cruzadas, y sin chistar, J+J Holding comenzó entonces a inyectar fondos, a modo de indemnización, cada mes en la cuenta de Austral Construcciones en el Banco Nación, hasta llegar a los $ 254 millones.
Un Vice en problemas
Lejos de mantenerse fuera del ámbito de la discusión política, el vicepresidente Amado Boudou vuelve a ser noticia por diversos hechos que lindan con la corrupción, caldeando aún más el agitado avispero político.
Según se pudo conocer, la empresa London Supply, ligada a amigos más que cercanos al presidente del Senado, ganó una licitación para gerenciar una zona franca en Santa Cruz, levantando la crítica de todos los sectores de la oposición.
La firma en cuestión está presidida por Ernesto "Teddy" Taratuty, amigo de la infancia de Boudou, y que ya está sumergida en la polémica por estar investigada por haber accedido en forma poco clara al control de otra zona franca, en Paso de los Libres, Corrientes, sin licitación ni conocimiento del Ministerio de Economía.
Según la denuncia que está en los ámbitos de la Justicia y que motivó que la Oficina Anticorrupción la emprendiera contra la empresa London Supply por el acto de supuesta administración fraudulenta, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, conlleva que todo lo relacionado con ella sea sospechado de nulidad e ilegalidad.