Zaffaroni defiende a liberador de violadores
Arrancó el Jury contra el juez federal Axel López. Lo acusan de beneficiar con total liviandad a presos con terribles antecedentes por abuso sexual, los que luego volvieron a atacar y matar. El exministro de la Corte Suprema y su polémico rol corporativo
Los acusadores del juez de Ejecución Penal Axel López pidieron ayer su destitución por haber determinado "con liviandad total" la libertad de condenados en condiciones de acceder a esos beneficios, pero que fuera de la cárcel volvieron a cometer delitos graves. Mientras que el exministro de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, uno de los abogados defensores del imputado, dijo que no hay delito porque el magistrado cumplió con las normas vigentes.
López está acusado por presunto mal desempeño de sus funciones por otorgar la libertad condicional a Juan Ernesto Cabeza, condenado a 24 años de prisión por cuatro violaciones, quien tras recuperar la libertad intentó violar y asesinó a Tatiana Kolodziey, de 33 años, en Chaco.
Al llegar a la sala de audiencias, Zaffaroni (codefensor de López junto con el abogado Adrián Albor, entre otros) advirtió sobre los riesgos que implica para los magistrados la eventual remoción del juez enjuiciado y reivindicó que está siendo sometido a un proceso de destitución por haber cumplido con lo que era obligación por su cargo.
El juez de Ejecución Penal fue enviado a juicio en noviembre pasado en una ajustada votación del Consejo de la Magistratura, que tuvo como inédita característica que no dispuso la suspensión de López en el cargo mientras se sustancia el proceso en el que podría llegar a ser destituido.
Ayer, al iniciarse el juicio político en los salones del Consejo de la Magistratura, López rehusó declarar y la defensa planteó la "inexistencia" de la acusación por entender que el juez "cumplió con la normativa vigente".
El jurado informó que luego informó que dispuso "diferir" una decisión al respecto hasta el final del juicio.
En tanto, el consejero acusador Jorge Candis reclamó la destitución de López por el mal desempeño que, según su criterio, se ciñe en "analizar la libertad de los condenados con liviandad total" y con "falta de compromiso" con las exigencias de su cargo.
Según Candis, el juez omitió evaluar situaciones que le hubieran permitido concluir que el condenado Cabeza "no estaba en condiciones de ser reintegrado a la vida social". El acusador consideró "lamentable" la forma en que desarrolla su trabajo el juez cuestionado.
El tribunal que juzga a López está integrado por los jueces Beatriz Fontana, de la Sala III de la Cámara del Trabajo; Mario Reynaldi, del Tribunal Oral federal de Santa Cruz; la abogada cordobesa Cristina Peleteiro; los senadores Rodolfo Urtubey (FPV) y Oscar Castillo (Alianza Frente Cívico y Social), y los diputados José María Díaz Bancalari (FPV) y Diego Matías Mestre (UCR).
Cuando él estuvo en la mira
La Fundación Alameda había presentado el año pasado un pedido de juicio político contra el entonces juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni por ser propietario, tal como se conoció en 2011, de seis departamentos donde se violó la ley de profilaxis y la ley de trata de personas y se sometió a explotación sexual a mujeres de nacionalidad extranjera, por lo que también habría incumplido con la legislación sobre Inmigración.
En esa ocasión se recordaron tres polémicos fallos donde Zaffaroni parecía más cerca de los delincuentes que de las víctimas de los delitos y se desempolvaron las declaraciones juradas de 2003, en las que omitió incluir aportes previsionales y un dinero que poseía en el exterior.
Un pedido de impugnación denegado
Las Madres del Dolor, entre ellas Vivian Perrone (foto) habían objetado que Eugenio Zaffaroni defienda al juez Axel López con el argumento de que la ley 23.187 establece que "los magistrados y funcionarios judiciales jubilados como tales" no pueden ejercer la profesión de abogado "ante el fuero al que hubieren pertenecido y por el término de dos (2) años a partir de su cese".
En el caso de Zaffaroni, según las organización, rige esa incompatibilidad porque el juez renunció a la Corte Suprema e inició los trámites de jubilación hace dos meses, a fines de diciembre del año pasado. Pero el Consejo de la Magistratura, dominado por referentes del kirchnerismo, no dio curso a la objeción y el polémico exministro de la Corte Suprema se salió con la suya y defiende al liberador de violadores.