Flybondi en la cuerda floja: el Gobierno evalúa suspender su licencia.
La aerolínea low cost enfrenta una posible pérdida de su permiso para operar debido a un historial de reprogramaciones y cancelaciones que afecta al 45% de sus vuelos en diciembre. Las autoridades plantean sanciones y medidas drásticas.
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El Gobierno de Javier Milei evalúa suspender a la aerolínea Flybondi, primera low cost del país, por un historial de incumplimientos operativos que generan fuertes reclamos de pasajeros. Según estadísticas de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), durante 2024 la empresa presentó un promedio de modificaciones en el 27% de sus vuelos. Este mes, las cancelaciones y reprogramaciones podrían superar el 45%.
Una alta fuente oficial señaló que "suspender su permiso es la última opción, pero la paciencia se agota". La medida implicaría retirar el Certificado de Explotador de Servicios Aéreos (CESA), que autoriza a la empresa a volar. El Gobierno también analiza multas de hasta $200 millones y la suspensión de rutas.
La crisis operativa de Flybondi incluye problemas graves, como incidentes de seguridad, irregularidades en sus talleres de mantenimiento, y un desorden significativo en el almacenamiento de materiales y herramientas. La Junta de Seguridad en el Transporte investiga varios eventos, como emergencias en vuelo y fallas en la gestión de aeronaves.
A pesar de haber presentado un plan correctivo con refuerzos en su flota y repuestos, el Gobierno lo consideró insuficiente. Además, se cuestiona la falta de inversión en equipos para los servicios de rampa, pese a la reciente autorización para operar en este sector.
Desde su fundación en 2018, Flybondi ha sido objeto de controversias. Actualmente, cuenta con una flota de 17 aviones, opera en 19 rutas nacionales y tres internacionales, y pertenece a fondos de inversión como Cartesian y Yamasa. Sin embargo, la compañía enfrenta rumores de venta y dificultades para cumplir con las expectativas del mercado aerocomercial.
La incertidumbre se agrava de cara a las fiestas y la temporada alta, cuando miles de pasajeros dependen de sus servicios. "Hemos sido flexibles con ellos en el pasado, pero los resultados siguen siendo inaceptables", concluyeron desde el Gobierno.