"Ultima Cama": así es el protocolo para definir a quien asistir en caso de colapso sanitario

En caso de que dos o más enfermos al mismo tiempo necesiten ser internados en terapia intensiva y exista, por ejemplo, una sola cama, los hospitales deberán resolver a quién atender.

A través de sus Comité de Ética, tendrán que seleccionar que paciente la recibirá primero y quién será relagado. El dramatismo que se vive en los centros de salud del conurbano bonaerense y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ya genera debates y planteos de principios morales entre los profesionales que, como ya ocurrió en otros países, deberán caminar por la fina línea de decidir a quién se le brinda los escasos recursos terapéuticos que le pueden salvar la vida y a quién no.

“El problema no es elegir a qué paciente salvar, sino después no tener culpa. Ese es el límite de la ética”, planteó, con pesadumbre, un prestigioso intensivista que observa con angustia las dos únicas camas, de 10, que le quedan en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) que dirige desde hace 12 años.

Con la frialdad que se le reconoce a los médicos por lidiar a diario con los padecimientos que se transitan en una unidad de terapia, cuando las preguntas requieren un mayor grado de precisión, el mismo especialista responde: “El principal indicador para no asignarle a un paciente los recursos críticos disponibles y a otros sí es, primero, la certeza de la cercanía del óbito (fallecimiento)”.

La definición choca con una intensidad traumática. Y surge en momentos en que los sistemas de salud públicos y privados del AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) empiezan a tocar sus límites.

En teoría, en cada hospital porteño y de la provincia de Buenos Aires hay protocolos que reciben distintos nombres, como el de “última cama”, que deben seguir los profesionales de la salud en situaciones límites, como la que se puede desatar si la segunda ola de contagios y hospitalizaciones por coronavirus no empieza a ceder.

El protocolo vigente

En algunos centros de salud, esas normas están escritas. En otros no, pero toman como marco general las recomendaciones realizadas por el Comité de Ética y Derechos Humanos en Pandemia COVID-19. Se trata de un organismo autónomo, creado por la resolución 1092 del Ministerio de Salud de la Nación, del 23 de junio del 2020, elaborado a instancia del entonces responsable del área, Ginés González García.

Las recomendaciones están basadas en certezas científicas, pero también aborda cuestiones morales y éticas. Describe criterios, por ejemplo, de “respeto igualitario” y de “no discriminación” para los pacientes en igual oportunidad de sobrevida. Es decir que no se debería decidir si a un paciente se le asigna o no un respirador por su raza, credo, condición sexual o social, entre otras.

Los profesionales de la salud se enfrentan en estas horas a un laberinto estudiado en los libros y al que ninguno espera enfrentar. Los recursos ante la segunda ola de coronavirus, que en las últimas 24 horas se cobró 557 vidas, son finitos, hay determinadas plazas de terapia intensiva operativas y una cantidad definida de respiradores mecánicos, pero al mismo tiempo circunstancias infinitas para resolver en un breve lapso.

La ferocidad de esa realidad, está marcada por los informes periódicos que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, recibe de Daniel Gollan, su ministro de Salud.

El informe que disparó las alarmas fue el del miércoles. Revelaba la saturación en el sistema de salud público y privado, que llegaban al extremo de no tener camas para atender los casos más graves y forzar derivaciones a otras jurisdicciones, un trámite que podía demorar horas, o días, a pesar de la urgencia. Hay municipios que tienen sus terapias intensivas colapsadas. El nivel de ocupación supera el 93 por ciento. La situación en clínicas y sanatorios es peor, fluctúan entre el 95 y el 100 por ciento.