Comienza en Francia el juicio contra el expresidente Sarkozy
El exmandatario francés Nicolas Sarkozy enfrenta su juicio en apelación en el caso de las “escuchas”, por el que ya fue condenado en marzo de 2021 a tres años de cárcel por corrupción.
Sarkozy, quien estuvo al frente del Ejecutivo francés entre 2007 y 2012, se convirtió entonces en el primer presidente condenado a prisión firme (uno de los tres años) por haber intentado corromper a un juez con un puesto muy codiciado a cambio de información privilegiada sobre otro sumario en su contra.
El exmandatario conservador de 67 años apeló la condena, así como los otros acusados, su abogado Thierry Herzog y el exmagistrado Gilbert Azibert, que recibieron la misma pena. El caso se remonta al año 2014, cuando los dos teléfonos de Sarkozy estaban bajo escucha por parte de la Justicia en otra investigación sobre la presunta financiación libia de su campaña de 2007 que lo llevó al Elíseo.
Según la acusación, ambos organizaron así un pacto de corrupción con Azibert, fiscal en la Corte de Casación, que habría ofrecido su ayuda en un caso. A cambio, Sarkozy movería sus contactos para que el magistrado obtuviera un cargo de prestigio que aspiraba en Mónaco, que finalmente no logró.
El exmandatario quería entonces conseguir informaciones protegidas por el secreto profesional e influir en las diligencias abiertas ante la alta jurisdicción vinculadas con el caso de la heredera de L’Oréal, Liliane Bettencourt. Y para eso pedía que el alto tribunal anulara la incautación de sus diarios presidenciales.
El juicio en apelación comenzó ayer y durará hasta el 16 de diciembre. La decisión llegará varias semanas después, pero no pondrá fin a los problemas judiciales del ex jefe de Estado. El 8 de noviembre de 2023 comenzará también el juicio en apelación del caso Bygmalion, por el que fue condenado en septiembre de 2021 a un año de prisión firme por financiación ilegal de su campaña de 2012.
Sarkozy está imputado también en un caso sobre la presunta financiación ilegal de su campaña de 2007 por fondos ocultos libios. La Fiscalía Nacional Financiera (PNF) lo investiga además por tráfico de influencias y blanqueo de un crimen o un delito, en relación con sus actividades de asesoramiento en Rusia.
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