Alerta máxima por la minoridad en la Provincia

Institutos colapsados por falta de inversión pública y de personal. Programas sociales desfinanciados y subejecutados. Trabajadores denuncian que aumenta el número de internos mayores de edad alojados en esos centros, a lo que se le suma un creciente número de fugas 

La situación que se vive en el Organismo de la Niñez y Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires, área que depende orgánicamente del Ministerio de Desarrollo Social, es una bomba a punto de explotar. Así lo denuncian desde el gremio Soeme, que representa a los trabajadores del sector. Afirman que el deterioro va en consonancia con lo que está sucediendo con gran parte de los programas que forman parte de la cartera que conduce Santiago López Medrano.

A los graves problemas de infraestructura, producto de la falta de inversión pública, se le suma el agravamiento de una situación que desde hace más de un año viene siendo expuesta por el mencionado sindicato: la presencia de jóvenes mayores de 18 años -hay casos en los que superan incluso los 20- en institutos que solo deberían alojar a chicos de 16 y 17 años que han cometido infracciones a la Ley penal juvenil. Esta situación se da en un contexto en el que, según reconoce el propio gobierno bonaerense, viene aumentando el número de jóvenes con problemas penales.

La situación de colapso se traduce en recurrentes fugas de internos de la región con peligrosos prontuarios. Según informaron fuentes policiales a diario Hoy, el 19 de agosto se escaparon dos menores del instituto Nueva Esperanza de calle 520 y 226, quienes fueron recapturados por personal de la comisaría local, mientras que el 16 de este mes lo hizo otro interno del Instituto Legarra. En tanto, el 8 de agosto huyeron tres menores del Instituto Pellegrini, y uno de ellos pudo ser recapturado por la Policía adicional que custodia los perímetros externos. Además, en julio hubo otra fuga en el Instituto Legarra y un interno se escapó del centro cerrado Almafuerte de nuestra ciudad. En junio, en tanto, hubo varios hechos similares en el centro de contención Gambier de calle 520 y 223, mientras que se logró impedir un escape masivo en el centro de Minoridad “Eva Perón” -que se encuentra en el mismo predio-, lo cual derivó en un intento de motín.

Otra situación complicada se vive en el centro cerrado ubicado en la localidad de Virrey del Pino, que aloja a 60 jóvenes en tres módulos con 20 habitaciones cada uno. Varios de ellos son mayores de 18 años condenados por delitos cometidos siendo menores de edad. 

La situación, según denuncian desde el Soeme, es insostenible a punto tal que en los últimos días se registraron casos de violencia extrema que derivaron en que dos jóvenes terminaran en el área de sanidad producto de heridas con elementos corto-punzantes, mientras que otros dos internos se encuentran en el sector de admisión (denominada comúnmente como “leonera”) con medidas judiciales de resguardo físico. A su vez, muchas de las habitaciones se encuentran en mal estado, con inodoros tapados y desbordes, hay falta de luz, agua y presencia de roedores, lo que implica el riesgo que se propaguen enfermedades infecto-contagiosas.

En rigor, institutos como el de Virrey de Pino solamente debería asistir a los jóvenes  que están bajo el sistema de responsabilidad penal juvenil estipulado por la Ley 13.634. Se trata de un dispositivo que fue creado para evitar que los adolescentes que incurrieron en delitos graves y son condenados sean alojados en las cárceles comunes. Los trabajadores que tienen que custodiar esos centros, en su gran mayoría, son personal de Minoridad y no tienen la preparación de un agente penitenciario, como así tampoco los elementos necesarios para poder garantizar la paz y el orden en esos establecimientos. 

“Se pagan horas extras para tapar los baches generados por la falta de personal, ya que son beneficios salariales que se abonan en negro. Resulta más barato que tomar una persona. Pero ahora hasta empezaron a recortar las horas extras y hay institutos que se están quedando sin trabajadores. Hasta están aplicando recortes en la comida del personal que hace guardias de 24 horas”, explicó a este diario Sergio Otero, secretario de Minoridad del Soeme.

Los trabajadores, ante esta situación de extrema gravedad, están preparando una serie de medidas de fuerza que se instrumentarían en los próximos días.

Desfinanciamiento social

Algunos números hablan por sí solos (ver infografía): mientras que el Ministerio de Desarrollo So­cial absorbía en el año 2006 más del 5% del total de Presupuesto bonaerense, ac­tualmente la participación en el total de la “torta” de recursos apenas llega al 2,49%. 

Incluso, se registró una caída en el período 2016-2017 ya que el año pasado el Presupuesto de Desarrollo Social representaba el 2,7%. Asimismo, en 2016 se registró una preocupante subejecución ya que el crédito asignado era de $9.633.296.686 y se ejecutó $8.770.116.799, quedando un remanente de $863.179.887. 

Para tomar dimensión de la cantidad de dinero no utilizado o desviado, cabe destacar que esos más de $863 millones equivale a más de dos veces los recursos asignados al programa Envión, que tiene el objetivo de insertar a jóvenes de sectores socialmente postergados en el mercado laboral o a siete veces el presupuesto de los Juegos Deportivos Bonaerenses.

El impacto de la escasez de recursos

La Ley Nacional 26.061 y la Provincial 13.298 son las herramientas jurídicas sancionadas en 2005 y 2006 para garantizar “la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes”. Sin embargo, los organismos estatales encargados de aplicarlas cuentan con escasos recursos para la magnitud del problema.

En la Provincia, el gobierno bonaerense le bajó el rango a lo que era la Secretaría de Niñez y Adolescencia, que pasó a ser un Organismo Provincial dentro del Ministerio de Desarrollo Social. “No solo se perdió poder de decisión en lo que era el manejo de un presupuesto, sino que también se perdió jerarquía. De tener rango ministerial como Secretaría, se pasó a depender de un Ministerio. Para nosotros es un retroceso”, afirmó a este medio María José Cano, profesional del organismo y presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales bonaerense.

En ese sentido, señaló: “En el caso de la vía administrativa, para dar respuestas a las necesidades de los pibes o de los propios trabajadores te genera un paso más que burocratiza muchísimas cosas que antes eran más directas. Desde la compra de una resma hasta un calefón para un hogar, y después se pasan la pelota por si le corresponde al Ministerio o a Niñez, lo cual termina en indefiniciones que hacen que últimamente no haya respuestas en absolutamente nada en el organismo”.

En Niñez existen dos grandes áreas, una es la de Promoción y Protección de Derechos, de la que dependen los hogares y distintos tipos de programas, y la otra la de Responsabilidad Penal Juvenil, que se encarga de los niños y adolescentes en conflicto con la ley. La diferencia de funcionamiento entre ambas es abismal.

“Venimos denunciando hace tiempo lo que es el desmantelamiento y vaciamiento en las políticas de niñez. Desde ya, es mucho más visible en el área de Promoción y Protección de Derechos. Ahí ni siquiera están aseguradas ciertas condiciones para trabajar lo que es el restablecimiento de derechos vulnerados con los que llegan los pibes a los hogares o instituciones oficiales cuando ya todo fracasó en instancias previas”, aseguró Cano.

El problema de las adicciones

Marcelo Brizuela trabaja desde hace más de diez años con niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad en el Centro de Recepción, Evaluación y Ubicación de Lomas de Zamora. 

Uno de los problemas más importantes que señala es el de las adicciones, en torno al cual aseguró que no existe una adecuada respuesta del Estado. “Son escasos los CPA (Centros Provinciales de Atención a las Adicciones) que tienen condiciones para atender como hospitales de día, con tratamiento ambulatorio y alojamiento. En Lomas de Zamora, de los tres que hay, uno solo (el Centro de La Paz) tiene esas cualidades, pero está siempre desbordado en su capacidad de alojamiento y tiene problemas edilicios, por falta de inversión”, dijo a este diario. 

“Los cupos de los CPA siempre fueron insuficientes, pero la situación se ha agravado en los últimos tiempos. Vos vas a cualquier escuela, hablás con los auxiliares y te cuentan que los alumnos tienen problemas de adicciones. Pero no se consiguen cupos donde alojarlos. Entonces terminan yendo al hospital público, que ahí el turno se lo dan cuando ya la persona atravesó trastornos de comportamiento o de salud más agravados”, concluyó Brizuela.

Formación neoliberal

La titular del organismo Niñez y Adolescencia de la Provincia es Pilar Molina, una licenciada en Ciencias Políticas cuyo antecedente inmediato antes de llegar a la Provincia es haber ocupado un cargo similar en la jefatura de gobierno porteña. 

Molina se formó en el denominado Grupo Sophia, una fundación de neto corte neoliberal creada por el actual jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, cuando era funcionario en el gobierno de Fernando de la Rúa.