Aguas turbias del kirchnerismo

Crecen las denuncias de corrupción en torno a Yacimiento Carbonífero Río Turbio, la central térmica que Cristina inauguró en septiembre pasado pero que hoy está paralizada por atraso en los pagos y presunto desvío de fondos. El exministro de Planificación, Julio De Vido, en la mira

Luego de las irregularidades que denunciara el nuevo interventor de Yacimiento Carbonífero Río Turbio (YCRT), Omar Zeidán, en la empresa minera que el kirchnerismo buscó estatizar antes de retirarse del poder y una de las tantas promesas energéticas incumplidas de Cristina Kirchner, ahora trasciende el feroz atraso de las obras en la mina que el año pasado ya debería haber extraído carbón suficiente como para alimentar la usina.

Porque, pese a que en la última década se invirtieron $30.000 millones de pesos, crecen las denuncias en torno a un proyecto que no ha sido más que una caja de financiamiento político, sobre todo para el exministro de Planificación, Julio De Vido, que manejó la obra pública de los últimos 12 años.

Por esto, la nueva intervención ya investiga a estas sospechas de corrupción, con el objetivo de dar transparencia y, de una vez por todas, poner en funcionamiento la usina.

Mientras, cerca de un millar de contratistas de Isolux Corsán, la firma que construye la usina en la que se invirtieron algo más de US$ 700 millones, mantienen paralizada la obra que Cristina inauguró el año pasado, debido a los atrasos en los pagos del gobierno anterior.

Cancelación de contratos con universidades afines a los intereses K; gastos de publicidad por más de $80 millones; cuentas de celurares; alquileres de viviendas sin uso. Estas son algunas de las bajas que decidió el nuevo interventor para paliar una crisis que se extiende, más allá de Río Turbio, hacia otras zonas aledañas que comprenden la cuenca carbonífera y cuya economía se sustenta en esta actividad.

En 120 días estará la auditoría que se hace en Buenos Aires y Río Turbio en simultáneo y que echará luz  sobre los convenios con la Universidad de La Matanza para producir un documental sobre YCRT, por ejemplo, un programa en el que intervinieron unas 90 personas, aunque el trabajo no aparece; o sobre los contratos de 29 personas relacionadas con el poder político provincial, que no cumplían funciones en la empresa y que le costaban más de $ 3 millones a YCRT.

“Robaron. Ése es el gran problema, el alto nivel de corrupción. Al yacimiento lo han utilizado políticamente para ganar elecciones y económicamente para robar”, se le escuchó decir a Zeidán.