Alberto Pérez, muy complicado por usina de facturas truchas

El fiscal Álvaro Garganta confirmó que los talonarios secuestrados en distintos allanamientos durante las dos últimas semanas corresponden a empresas fantasmas. Las boletas se vendían a la Jefatura de Gabinete y otros organismos para respaldar gastos inexistentes

La investigación que encabeza el fiscal Álvaro Garganta, luego de la denuncia radicada en agosto pasado por la legisladora Elisa Carrió, avanza. En las últimas horas se informó que las facturas secuestradas durante los distintos allanamientos en La Plata y Ensenada corresponden a empresas fantasmas creadas para generar boletas y respaldar gastos en maniobras de defraudación al Estado.

De acuerdo a un vocero de la UFI nº 11, cuyo titular es Garganta, se explicó que la causa tiene en la mira a las exautoridades de la Jefatura de Gabinete, entre ellas a Alberto Pérez, y de otros organismos. 

“Estamos armando un rompecabezas. Estamos abocados a escribir y coordinar acciones mientras la causa la tiene la Sala III de la Cámara de Apelaciones”, señaló Garganta, en diálogo con diario Hoy.

Los investigadores habrían detectado a contadores que se dedicaban a vender facturas “truchas” para respaldar gastos. “Se trata de lavado de activos, una forma de recaudar para campañas políticas o enriquecimientos personales”, explicó un vocero judicial.

Como se recordará, Garganta investiga una presunta maniobra que supondría irregularidades de aproximadamente 17 millones de pesos. Por eso ordenó allanar hace dos semanas un estudio contable de La Plata y una ferretería en Ensenada, donde se detectaron centenares de facturas apócrifas que eran abonadas por organismos estatales.

El primero se realizó en el estudio contable, impositivo y laboral de Eduardo Ferri y Roberto Espósito, ubicado en la calle 48 número 632 Piso 1 Oficina 16 de la capital provincial, y se secuestraron varios talonarios de facturas.

En el marco del allanamiento, se comprobó que los comprobantes eran facturados a Participación Ciudadana de la Provincia de Buenos Aires, Ministerio de Desarrollo Social, Defensoría del Pueblo y Dirección de Servicios Sociales de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

La complicidad de la Bonaerense

“En la Dirección de Servicios Sociales de la Policía de la Provincia de Buenos Aires es donde hay más facturas truchas”, expresó el vocero judicial.

Garganta indicó también que en el rubro de proveedores del Estado que emitían facturas apócrifas figuran la Cooperativa de Trabajo La Esperanza, situada en 155 entre 524 y 525, de Melchor Romero, y la Cooperativa de Trabajo La Josefa Limitada, ubicada en la calle 48 número 632, de La Plata.

También se detectaron emisiones de los ciudadanos: Jona Cardozo, Laura Formiga y Emilio Stefanini, entre otros.

“Las facturas truchas presentaban montos que van desde los 6.000 pesos hasta los $20.000 y figuraban por diversos servicios, entre ellos por realización de folletería, alquiler de sonido, proyectores, banners, etc”, indicó la fuente.

En el otro allanamiento, realizado en la Ferretería Industrial Magaró Sociedad Anónima -una compañía dedicada a la venta de maquinarias eléctricas e hidráulicas, herramientas especiales, pinturería, bulonería y electricidad-, ubicada en la calle 122 número 270 de la localidad de Ensenada, se secuestró el sistema informático de facturación de la empresa. Los informantes comentaron que es la segunda vez que se allana el lugar, ya que anteriormente los investigadores habían incautado documentación “importante” del establecimiento.

Finalmente, tras el trabajo de los instructores de la UFI nº 11 se comprobó que esas facturas eran truchas, y las empresas, fantasmas. Todo ello deja muy complicado a Alberto Pérez, ya que el organismo que comandaba es uno de los que más adquirieron boletas apócrifas.

Confirmado: intentaron eliminar pruebas

El 13 de octubre pasado, a la madrugada, hallaron una caja inmensa con unas 7.500 boletas en la vereda de 48 entre 7 y 8, frente a una de las oficinas allanadas días atrás, con facturación a distintos organismos bonaerenses y municipales, cuyas fechas van de 2009 a 2012, más copias de cheques recibidos y emitidos, junto con constancias de pagos.

Enterado el fiscal Álvaro Garganta del descubrimiento de los talonarios y el resto de documentos, dispuso su secuestro y traslado a sede judicial. En tanto, el encargado del edificio mencionado, que tiene el nombre de Palacio de Cristal, fue citado a brindar declaración testimonial.

Los investigadores indicaron que la pista más firme para vincular las facturas apiladas en talonarios con este tema da cuenta de que en ese edificio, en otro de los pisos, al parecer en el octavo, funcionaba una “usina de facturas”. 

Luego de analizar los elementos incautados, el fiscal confirmó que las boletas descubiertas entre cartones correspondían a empresas fantasmas.

Entre los talonarios recuperados hay registros de presuntos cobros a diferentes organismos, entre los cuales hay públicos y privados. Entre aquellos, a los que pudo acceder nuestro diario, figuran como emisores la empresa Construmet SRL (pintura y mantenimiento de obras) y Materiales Oscar SA, con facturaciones al centro comunal de Etcheverry, la Universidad Nacional de La Plata y Cantaros SRL.

Un plan ideado para obtener dinero “sucio”

En la megacausa iniciada tras la denuncia presentada por Carrió, se sindica al exgobernador Scioli y al exjefe de Gabinete, Alberto Pérez, como las cabezas de un plan ideado para recaudar fondos del Estado a fin de llevar a cabo una intensa campaña presidencial. La legisladora señaló a ambos como ideólogos de maniobras para enriquecerse de manera ilícita, extrayendo dinero de las arcas públicas.

Carrió detalló en su escrito que el robo al Estado no pudo haber sido posible sin la complicidad de altos funcionarios con cargos en diversas dependencias de la Provincia de Buenos Aires.

En ese marco, surgen los nombres de los funcionarios Walter Carbone (exsubsecretario de Administración de la Jefatura de Gabinete); Antonio Scarcella (extitular de ABSA), y de Luis Alberto “Chiche” Peluso (empresario y exinterventor del Instituto de Lotería y Casinos).