Boudou y un empresario platense hasta las manos

La Justicia procesó al ex vicepresidente por haber recibido dádivas por el uso de un helicóptero en un viaje que hizo a Necochea en 2011. También dictó el procesamiento de Marcelo Scaramellini

Amado Boudou fue la persona que caracterizó la corrupción, la impunidad y la putrefacción de la clase dirigente durante la larga década kirchnerista en el poder. Hoy, le toca el turno de pagar sus culpas ante la Justicia, de allí que el polémico juez federal Norberto Oyarbide -en un intento de lavar su imagen tras una década de proteger corruptos K- lo procesara ayer por el supuesto recibimiento de dádivas en diciembre de 2011.

Quien se desempeñara como número 2 de Cristina Kirchner, está acusado por haber usado un avión privado en la ciudad de Necochea, propiedad de la firma platense Ecodyma, lo que es visto y considerado por la Justicia como un claro recibimiento de dádivas por parte del ex vicepresidente. Los testimonios dados por testigos en sede judicial, constatan que a pesar de que había helicópteros de la flota oficial preparados para trasladar al exfuncionario, Boudou eligió hacer ese viaje en una nave perteneciente a una empresa contratista del Estado y que manejaba el propietario de la misma.

Junto al ex vicepresidente, fueron procesados el dueño de Ecodyma, el platense Marcelo Scaramellini, y el titular de la firma Alas del Fin del Mundo SRL, el empresario fueguino, Nazareno Natale. Ambos están acusados de haber puesto a disposición de Boudou distintas aeronaves con el fin oscuro de lograr contratos con el Estado.

Scaramellini confirmó ante el juez que el viaje del ex vicepresidente se hizo en forma gratuita, y que el traslado fue una “gauchada” que hizo por pedido del entonces intendente de Necochea, el kirchnerista Horacio Tellechea, quien se hizo famoso por inaugurar una Pelopincho y luego fue destituido por el Concejo Deliberante por presuntas irregularidades en la compra de insumos para el hospital local.

Contra las cuerdas

La investigación establece como agravante que Ecodyma no estaba en condiciones de efectuar vuelos rentados porque no poseía los debidos permisos de explotación aérea necesarios para realizarlos, violando así la ley de Ética Pública, ya que los viajes fueron gratuitos, lo que lleva a la Justicia que el viaje y traslado del ex vicepresidente se trató en realidad de un soborno.

Las pruebas en contra  de Boudou son mayúsculas, lo que llevó a que uno de los emblemas de la impunidad judicial hacia los funcionarios en la era K, como Oyarbide, le dictara el procesamiento por supuestas dádivas. El fiscal interviniente en el caso, Carlos Rívolo, expresó en su pedido de procesamiento que “independientemente de que las prestadoras no hayan recibido un pago en contraprestación, lo cierto es que cargaron con los costos del giro habitual de este tipo de transacciones, como los sueldos de los pilotos, el mantenimiento de la aeronave, entre otros, más allá del uso en sí de la aeronave, que ya tiene un precio de mercado".

La firma Ecodyma, está acusada además de ser socia del supuesto testaferro de la familia Kirchner, Lázaro Báez, y es investigada por Rívolo por haber prestado el servicio aéreo a Boudou para quedarse con grandes negocios que se estaban haciendo en Necochea en el Puerto Quequén y que la empresa planeaba quedárselos.

Un nuevo traspié que sumerge a Boudou en la más profunda de las soledades políticas, y que deja en evidencia el comienzo del final de la impunidad kirchnerista, con jueces que ya no responden a sus dictados políticos y que han salido del letargo judicial para empezar a mandar los corruptos al lugar donde tienen que estar, la cárcel.

Anomalías al por mayor

Todos los hechos que llevaron a que la Justicia procesara a Amado Boudou por el cobro de supuestas dádivas, fueron denunciados innumerable cantidad de veces desde las páginas del diario Hoy, como cuando se dio cuenta de la escandalosa realización del terraplén costero de Berisso, donde, con la complicidad del exalcalde K, Enrique Sleczak, la empresa Ecodyma se quedó con un negociado que presenta serios problemas de infraestructura, embolsando más de $200 millones, sobre un presupuesto inicial de $80 millones.

Junto a  Lázaro Báez y Austral Construcciones, se hicieron dueños de un contrato por $239,1 millones para la adecuación de una sección del cauce del Río Salado al sur de General Belgrano. Además, el intendente K de San Antonio de Areco, Fracisco “Paco” Durañona, benefició con contratos a Ecodyma para realizar obras como las de desagües pluviales en la Cuenca Este, por más de $90 millones y del Hospital Tito Domínguez por $44 millones.

Tercer procesamiento

El procesamiento dictado ayer por Oyarbide por el cobro de supuestas dádivas, no es el primero que Amado Boudou tiene en su contra, sino que es el tercero que pesa sobre su figura.

El extitular del Senado ya está procesado por supuestas negociaciones incompatibles y cohecho en la causa el salvataje de la empresa Ciccone Calcográfica y por la compra de un vehículo con documentación irregular a principios de los años 90.

También es inquirido por la Justicia por avalar un préstamo para construir viviendas como parte del Plan Federal de Viviendas cuando era funcionario del Partido de la Costa y por la supuesta malversación de fondos en la compra de bonos a precio superior que el del mercado; y por malversación de fondos durante su gestión como director de la Anses.