Buscan anular el tarifazo en el gas por “inconstitucional”

A través de una presentación en la Justicia Federal, una ONG pidió detener el aumento en la tarifa por considerarlo “ilegal” y “confiscatorio”. Afirman que el costo del producto en boca de pozo está alrededor de los 2 dólares, lejos de los US$ 6,80 fijados por Aranguren. Las ganancias de las empresas, bajo la lupa

Lejos de pasar un invierno tranquilo en materia política, el Gobierno nacional no para de recibir malas noticias desde el ámbito judicial. Ayer, el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis) presentó ante el Juzgado Federal nº 2 de La Plata, a cargo de Adolfo Gabino Ziulu, una acción judicial para frenar el aumento de gas ordenado por el ministro de Energía Juan José Aranguren por considerar que el mismo es “confiscatorio” e “inconstitucional”.

A pesar de que las autoridades habían anunciado a comienzos de marzo -cuando se dio el tarifazo- que el aumento promedio iba a ser de en un 51% para las familias, en las últimas semanas decenas de miles de hogares y pymes se encontraron con que los incrementos en sus boletas habían trepado entre un 400 o un 500 por ciento, escalando la conflictividad social en medio de la retracción económica que sufre el país.

Desde el Cepis, organización que el año pasado consiguió que la Corte Suprema fallara a favor de la realización de audiencias públicas, creen que con esta presentación judicial se pondrá “freno” al aumento de las empresas, que con “anuencia” del Gobierno fijan la tarifa que quieren “sin ningún tipo de control” por parte del Estado.

Para la ONG, el aumento es “confiscatorio” de los salarios de los argentinos. Además, alegan que en forma “ilegal” se somete a los usuarios a un incremento “brutal” en las tarifas, ya que no se cumplió con los pasos previos en los plazos previstos por la ley para poder efectuar una suba de este tipo.

Según consta en la denuncia, el ministro Aranguren y su equipo no siguieron las normas que se exigen en este tipo de casos, usando “dos resoluciones que son inconstitucionales”. Además, sostienen que el Ejecutivo “no tomó ninguna de las conclusiones de las audiencias públicas”, y que se usaron criterios “irrisorios para fijar tarifas confiscatorias” para los trabajadores.

Lejos del usuario

Una de las cuestiones claves en la demanda presentada por el Cepis es el valor real del gas en boca de pozo, que según la ONG no va en consonancia con lo que el Gobierno, a través de Aranguren, le da a las empresas. 

Para ello tomaron en cuenta las cifras brindadas por YPF a Wall Street. Según la petrolera estatal, dicho precio oscila en los 2 dólares, un valor muy alejado de los US$ 6,80 fijados por el Ministerio de Energía para los usuarios. De esta manera, se observa una diferencia de casi el 250%.

Para los denunciantes, el Gobierno utilizó como argumento para el tarifazo la crisis energética que vive el país. Sin embargo, los propios datos oficiales que se dan a conocer desde el área que conduce Aranguren muestran que el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) viene evidenciando una sostenible mejoría desde el año 2013, convirtiéndolo en un sector sustentable.

De acuerdo al texto de la acción judicial, “si YPF, que concentra el 40% del gas que consumimos, aduce un costo de US$ 2,09, se torna irrazonable que el Gobierno establezca que el usuario pague US$ 6,80”. Y a eso agrega el dato de que la petrolera Total“produce el 90% del gas nuevo y declaró inversiones por US$ 2.000 millones entre 2013 y 2015 con las tarifas viejas, con lo cual no era necesario que los usuarios tengamos que pagar US$ 6,80”.

La parte demandante le solicitó al juez Ziulu que se requiera como medida de prueba a las firmas petroleras que “certifiquen la veracidad de la información que nosotros conseguimos en la Bolsa”, las cuales “demuestran la falsedad del discurso esgrimido por Aranguren y su equipo”.

Además, trascendió que el trámite judicial  podría “durar mucho tiempo”, muy lejos de las intenciones del Cepis de que sea tratado de manera “exprés” por la importancia del tema. En caso de que la causa judicial prospere, el tarifazo podría ser declarado “ilegal” y las empresas deberían devolver a la gente toda la plata que pagó de más en los últimos meses.

Discurso insustentable

Uno de los argumentos claves de la denuncia presentada por el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis) para frenar el ajuste tarifario en el gas es la falta de solidez del discurso oficial, el cual habla de la “imposibilidad” de las empresas para producir, cuando en realidad las mismas tienen “amplias ganancias”.

Como prueba de ello no solo se presentó el informe de YPF en Wall Street, sino también los balances financieros de las empresas Total, Petrolera Pampa o Petrobras, que en los últimos años reportaron ingresos extraordinarios en la Argentina. Uno de los ejemplos que se dio es la explotación del yacimiento gasífero de Vega Pléyade en Tierra del Fuego en manos de la francesa Total, que en su balance indica que su producción “inyectó 22 millones de metros cúbicos al gasoducto San Martín, lo que representa más de un 20% de la producción del país. Hemos subido de 6 a 22 millones”, con ganancias que superaron los 500 millones de dólares.

Números que golpean el bolsillo

- 250%

Es la diferencia en el valor del gas en boca de pozo que se le paga a las petroleras

- 400%

De suba en la tarifa de gas de una gran cantidad de familias argentinas

- 500%

De incremento para la mayoría de las pymes

- 51%

Era el promedio de aumento anunciado por el Gobierno nacional

- 45%

Tenía pensado acrecentar Aranguren las boletas en noviembre  

- 5

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