Nuevo freno al intento oficial de recortar derechos básicos

La madrugada legislativa dejó al descubierto una pulseada que ya es constante. El gobierno volvió a intentar desentenderse de obligaciones básicas hacia las universidades públicas y hacia las personas con discapacidad, y otra vez encontró un límite en el Congreso. La caída del capítulo 11 del Presupuesto 2026 fue la evidencia de un oficialismo decidido a forzar recortes que la ley no habilita y que la sociedad ya rechazó en las calles y en los tribunales.

Tras vetar las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia en Discapacidad con el argumento repetido de que “no hay plata”, el Ejecutivo recibió un revés del Parlamento, que ratificó ambas normas. Luego intentó un rodeo administrativo al promulgarlas pero suspender su aplicación, y cuando la Justicia lo obligó a cumplir, buscó un atajo final dentro del presupuesto. El capítulo 11 condensaba ese intento de borrar por vía presupuestaria lo que la ley había establecido de manera explícita.

Un capítulo armado para condicionar votos

La oposición denunció que el oficialismo había cargado ese capítulo con medidas ajenas al financiamiento universitario y a la emergencia en discapacidad para forzar adhesiones. Desde la Coalición Cívica hasta Unión por la Patria, pasando por sectores del radicalismo y bloques provinciales, coincidieron en que se trataba de un mecanismo extorsivo que impedía votar cada tema por separado. La votación confirmó que el mecanismo de acumulación de medidas no tapaba la verdadera intención del artículo. Mientras el oficialismo reunió 117 apoyos, la oposición alcanzó 123 rechazos y dos abstenciones, suficiente para derribar el paquete completo.

El debate dejó expuestas tensiones internas y contradicciones de quienes habían acompañado al Gobierno en otras votaciones pero esta vez se negaron a avalar un recorte que afectaba directamente a jubilados, estudiantes, docentes y personas con discapacidad. Hubo legisladores que admitieron públicamente que votarían a favor del capítulo pese a no compartir su contenido, una confesión que reforzó la idea de que el mecanismo buscaba forzar alineamientos más que discutir políticas públicas.

Un límite político a una ofensiva persistente

El intento de eliminar derechos ya garantizados por ley no es un episodio aislado, forma parte de una estrategia más amplia del Ejecutivo para reducir obligaciones del Estado bajo la bandera del equilibrio fiscal. La caída del capítulo 11 no solo preserva el financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad sino que también frena otros recortes que el Gobierno había intentado colar en el mismo paquete.

El resultado deja una conclusión incómoda para el oficialismo. Cada vez que intenta avanzar sobre derechos básicos, necesita recurrir a maniobras que terminan expuestas. Y cada vez que insiste en desconocer leyes vigentes, encuentra resistencia institucional.

El freno parlamentario no resuelve la crisis de fondo, pero vuelve a dejar claro que el ajuste no puede construirse sobre quienes dependen del Estado para estudiar, trabajar o vivir con dignidad.