Caso Maldonado: aumenta el número de pruebas que complican al Gobierno y Gendarmería
Se conoció un parte interno en el que el funcionario Pablo Noceti, mano derecha de Patricia Bullrich, advirtió a los integrantes de la fuerza que la Justicia iba a peritar las camionetas oficiales, una semana antes del procedimiento. Además, trascendieron otras graves irregularidades de los uniformados
El jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación, Pablo Noceti, advirtió a los gendarmes, una semana antes, que los vehículos utilizados en el operativo iban a ser peritados. El funcionario, mano derecha de la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, estaba en Chubut el 1º de agosto cuando desapareció Santiago Maldonado, y una vez ocurrida la represión perpetrada por Gendarmería habría seguido paso a paso la investigación, al punto que envió información de suma relevancia desde Buenos Aires al escuadrón de Esquel.
El 3 agosto quedó registrado en un parte interno de Gendarmería que “se recepcionó un llamado telefónico del ministro de Seguridad, Pablo Noceti, quien libraría oficio judicial a los efectos de realizar pericias a los vehículos utilizados en el operativo”. De este modo, se revela que el funcionario del Gobierno avisó al escuadrón de Esquel que la Justicia iba a hacer un peritaje sobre los vehículos usados el 1º de agosto.
El peritaje en las camionetas y demás móviles de la fuerza de seguridad se realizó el 10 de agosto, por lo que los gendarmes tuvieron 7 días para limpiarlos, acondicionarlos o lavarlos. El informe de la propia Gendarmería, que sigue día a día el caso, levanta sospechas sobre una posible conexión entre la Justicia, cuestionada por la familia Maldonado, y el Gobierno, dado que Noceti sabía con antelación que se pediría la medida de prueba.
En este marco, el secretario de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas del Ministerio de Seguridad de la Nación, Gonzalo Cané, confirmó ayer que la
Gendarmería nacional “limpió” las camionetas utilizadas en el operativo, justificando que fue porque “hay un reglamento de la Gendarmería que dispone que cuando se va a entregar la camioneta se la tiene que entregar limpia”.
La afirmación del funcionario nacional, que está hace varios días en Esquel mediando a favor del Gobierno, restaría importancia y desecharía los resultados de las pericias que se hicieron sobre las camionetas de la fuerza de seguridad, los cuales habían determinado que no había ADN del joven desaparecido en los vehículos. Cabe recordar que la ministra Patricia Bullrich, había señalado que el resultado de los peritajes en las camionetas demostraba que no hubo desaparición forzada.
La Justicia “no puede imputarle ahora a la Gendarmería haber limpiado pruebas porque lo que hizo la fuerza es cumplir el reglamento interno”, manifestó Cané, quien además afirmó que “el Gobierno no tiene ninguna influencia sobre un juez (por Guido Otranto), que ha demostrado ser absolutamente independiente”.
Cabe recordar que el defensor oficial de Esquel, Fernando Machado, y la familia Maldonado habían denunciado que las camionetas de Gendarmería fueron lavadas antes de que pudieran tomarse muestras de ADN. “Hay irregularidades en las pericias con las camionetas de Gendarmería, lavadas para no dejar rastro y, por el contrario, la pericia realizada con el perro adiestrado indica que Santiago no salió del perímetro de la comunidad. Es decir, fue llevado”, señaló la cuñada del artesano, Andrea Antieco, una semana después de su desaparición.
El mensaje
En el medio del análisis de las crecientes pruebas contra la Gendarmería, una fotografía que integra el expediente por la desaparición de Maldonado muestra a miembros de la fuerza portando piedras, un hacha y hasta una escopeta. Las imágenes son capturas de pantalla del video registrado por los propios gendarmes a las 11.22 del día del operativo. En una de ellas se ve a un agente no identificado con las manos detrás de su cuerpo sosteniendo algunas piedras, y a su derecha, en otra imagen, aparece otro oficial con chaleco antibalas y un hacha en su mano derecha.
Cabe destacar que tirar piedras, cargar hachas o utilizar cualquier arma no oficial no está contemplado en el protocolo para manifestaciones públicas del Ministerio de Seguridad, vigente desde febrero de 2016. Dicho documento contempla la regulación de la actuación de los cuerpos policiales y las fuerzas de seguridad federales y provinciales en movilizaciones populares, con el objetivo de cuidar “la vida, la libertad, la integridad física” de todos los involucrados.
En este contexto, cobra más fuerza la declaración del soldado Neri Armando Robledo, quien días atrás contó a funcionarios del Ministerio de Seguridad nacional que le dio un piedrazo a uno de los “encapuchados”. Además, en otra foto incluida en el expediente, se ve al subalférez Emmanuel Echazú, que declarará hoy, con una escopeta en la mano. Tanto las imágenes como la declaración del gendarme demostrarían que la fuerza de seguridad actuó fuera de la ley y se salió del mencionado protocolo.
En este contexto, el peritaje a los celulares de los gendarmes que participaron del operativo develó ayer que uno de ellos recibió el mensaje de una compañera aconsejándole que se “despegara del episodio de la piedra”. No se difundió más información al respecto, pero el mensaje podría haber sido recibido por Robledo, quien había confesado haber atacado a los mapuches.
Mientras tanto, ayer declararon cuatro gendarmes que se sumaron a los once que ya lo habían hecho, y el próximo miércoles se realizará la reconstrucción del operativo en el terreno, donde la Justicia le pedirá a miembros de la comunidad mapuche que describan cómo actuó la Gendarmería y cómo habría detenido al joven.
El juez Guido Otranto rechazó su recusación
El juez federal de Esquel, Guido Otranto, rechazó ayer la recusación planteada en su contra por la familia Maldonado, a partir de lo cual será la Cámara Federal de Chubut, con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, la que deberá determinar si el magistrado debe apartarse o continuar al frente de los expedientes que buscan dar con el paradero del joven desaparecido en la provincia patagónica.
“El querellante confunde el objeto procesal de esta investigación, que está pura y exclusivamente encaminada a establecer si Santiago Maldonado ha sido víctima del delito de desaparición forzada de personas”, expresó el juez en su resolución.
Cabe destacar que, como informó diario Hoy ayer, la familia había pedido apartar al magistrado de la causa por el “nulo avance” de la misma, y había solicitado “acumular las causas donde tramita la desaparición forzada de persona de Santiago, para evitar más dilaciones y desvíos en la investigación sobre su paradero actual”.
Otranto defendió su labor al destacar la “innumerable cantidad de medidas de prueba” que ordenó en el marco de la investigación, y destacó que esas decisiones “no hablan de una postura parcial sobre la existencia del hecho”. En este marco, resaltó que el convocar a efectivos de la Gendarmería para declarar ante su juzgado esta semana en condición de testigos “no permite suponer que tenga una posición predeterminada sobre la responsabilidad de esa fuerza”.
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