Causa de los sobres: audiencia clave con uno de los imputados

La jueza de Garantías recibirá el martes próximo al excomisario de la Tercera, Sebastián Cuenca.  ¿Prenderá el ventilador? Luego de esa reunión, la magistrada definirá si avala los pedidos de prisión preventiva presentados por el fiscal Martini para los nueve exjefes policiales

La jueza de Garantías, Marcela Garmendia definirá a partir del martes próximo si avala el pedido de prisión preventiva realizado por el fiscal Marcelo Martini para los nueve exjefes policiales imputados en el marco de la causa de los sobres, informaron fuentes judiciales.

De acuerdo con lo que pudo averiguar este medio, Garmendia recibirá en una audiencia en su despacho al extitular de la comisaría Tercera (Los Hornos), Sebastián Cuenca, y luego definirá la solicitud de Martini.

Un vocero judicial indicó que “el pedido de Cuenca para hablar con la jueza despierta esperanzas de que se rompa el código de silencio”. 

Cuenca comparte el lugar de detención en la seccional Quinta de Florencio Varela, en la localidad de El Pato, con el resto de los detenidos: el extitular de la Jefatura Departamental de La Plata, Darío Camerini, el exsegundo jefe, Roberto Carballo, el exsecretario Walter Skramowskyj  y el exjefe de Operaciones, Ariel Huck. También los excomisarios Raúl Frare y Federico Máximo Jurado, que estaban a cargo de las comisarías de Villa Elisa y Villa Ponsati, Sebastián Velázquez, de la Segunda, y Julio Sáenz, de la Sexta.

Los nueve están imputados por el delito de asociación ilícita en el marco de la investigación que sigue el fiscal Martini tras el secuestro el 1º de abril pasado en la Departamental de La Plata de 36 sobres numerados con 153.700 pesos, cuya procedencia podría tener relación con recaudación ilegal.

Martini, como adelantó diario Hoy, solicitó esta semana la prisión preventiva a los imputados, luego de que la Sala III de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal rechazara los habeas corpus presentados por los representantes legales de los exjefes policiales, quienes requerían la eximición de prisión.

Si la jueza Garmendia avala las preventivas y luego esa medida queda confirmada por la Cámara de Apelaciones y Garantías, los imputados serán trasladados a un establecimiento carcelario del Servicio Penitenciario Bonaerense.

El único que por el momento quedó al margen del pedido de detención fue el exjefe de la comisaría Cuarta, Juan Retamozo, ya que se negó a realizar el peritaje caligráfico y en sus legajos no encontraron una sola anotación.

Una voz en el teléfono

La investigación se inició el 26 de febrero pasado cuando una denuncia anónima advirtió a Asuntos Internos que el jefe de la departamental de Seguridad de La Plata recaudaba alrededor de 200.000 pesos por mes de coimas.

A partir de allí, se realizó un procedimiento en la Departamental ubicada en la calle 12 entre 60 y 61 de La Plata, donde se secuestraron los sobres y en cada uno de ellos estaba escrito de qué repartición provenían.

Por el hecho, además, Martini pidió a la Auditoría General de Asuntos Internos que investigara al jefe de la Policía Bonaerense, comisario general Pablo Bressi, y al superin­tendente de la región sur, Fernando Grasso, para determinar si conocían las maniobras ilícitas cometidas en la Departamental de la capital provincial.

Cabe destacar que entre los 36 sobres había uno que tenía inscripta la legra “G” y contenía la suma de 30.000 pesos. Se presume que esa inicial indicaba que el envoltorio iba a ir para Grasso.

Se consumen los artilugios legales  

En el transcurso de la jornada de ayer, llamó la atención que la defensa de los nueve exjefes policiales detenidos por la causa de los sobres no haya apelado el rechazo de las excarcelaciones, determinado esta semana por la Sala III de la Cámara.

Todo parece indicar que los tiempos legales se terminaron y, ante la ausencia de la solicitud de ese recurso ante Casación, la investigación podría acelerarse.

A los policías imputados por asociación ilícita, entre ellos el exjefe de la Departamental, Darío Camerini, les queda ahora apelar la prisión preventiva y, en caso de que quede confirmada, luego bregar por una detención domiciliaria.

Por el momento, los uniformados están cobrando la mitad del sueldo, y en el caso de que sean condenados serán exonerados.