Cercado por las denuncias, renunció Melazo

Tras haber sido apartado y licenciado por presunto mal desempeño de sus funciones, el cuestionado magistrado presentó su dimisión al Juzgado de Garantías nº 2 de La Plata. Polémica por los métodos utilizados en la defensa del letrado

Tras las polémicas y los intentos por trabar el avance de la Justicia en su contra, ayer renunció definitivamente a su cargo al frente del Juzgado de Garantías nº 2 de La Plata el cuestionado juez César Ricardo Melazo. De esta manera, se cierra una carrera judicial en la que supo ganar un alto rechazo hacia su figura, lo cual lo obliga a irse por la puerta chica de la Justicia provincial.

La dimisión del magistrado que estuvo ligado a la “maldita Policía” en los años 90 se dio luego de que fuera apartado preventivamente el pasado 22 de noviembre por 90 días, plazo que luego fue prorrogado por otros tres meses en febrero. Además, vecido ese tiempo, fue licenciado por 60 días por orden expresa de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.

Ahora, la renuncia pasó al Ejecutivo provincial que encabeza María Eugenia Vidal, y en caso de aceptar la salida del cargo -como todo hace presuponer- Melazo quedará inmediatamente afuera del Poder Judicial. 

De esta manera, el magistrado sigue el camino de la impunidad iniciado por el controvertido Norberto Oyarbide, el exjuez ligado al menemismo y al oscuro mundo del espionaje, con el espía Antonio “Jaime” Stiuso a la cabeza, quien decidió no enfrentarse al “humillante” proceso de destitución, que le habría hecho perder su jubilación de juez, y renunció para mantener vigentes todos los beneficios económicos. Melazo, con su decisión, parece copiar un accionar discutido, que pone sobre la mesa la cuestión de la falta de castigos para aquellos que no cumplen con las reglas del sistema judicial.

Alejamiento total

Melazo, quien es conocido en el ámbito judicial como “el Oyarbide de la Justicia bonaerense”, es investigado por los delitos de cuatrerismo, abuso de poder y por otorgar favores a sus amigos. Ahora, al quedar sin fueros, el letrado podría ser denunciado ante la Justicia ordinaria por algunas de las acusaciones que pesan en su contra (ver página 7).

De acuerdo a la causa que se tramita todavía en la Bicameral de Enjuiciamiento de Magistrados, las pruebas contra el juez son “más que contundentes”. Esto llevó a que desde la misma comisión se decidiera “su apartamiento preventivo”, siguiendo en forma paralela el juicio político en su contra, el cual lo podría “haber alejado definitivamente de su rol de letrado”.

Ante los informes lapidarios realizados tanto por la Bicameral como por la Procuración bonaerense, Melazo intentó en todo momento “embarrar la cancha” introduciendo una serie de recursos legales para demorar los trámites en su contra. Así, llegó a recusar a todos los integrantes del Jurado de Enjuiciamiento, inclusive con un artilugio sobre la figura del entonces presidente de la Suprema Corte, Luis Genoud, que fue rechazado en forma instantánea por la Justicia.

De allí que se entienda por parte del mundo judicial que el magistrado utilizó una larga lista de “aprietes” hacia los miembros del Tribunal para intentar volcar la causa que se le sigue, y que, al no observar progresos en su defensa, decidiera dar un paso al costado y evitar el escarnio público a su figura con un fallo en su contra.

Entre los corrillos políticos y judiciales, la actitud asumida por Melazo de pegar un portazo y dimitir como juez fue interpretada como una forma de admitir su supuesta culpabilidad en varios de los hechos que se le imputan, ya que a lo largo de todo el proceso en su contra no pudo demostrar en forma fehaciente que haya actuado conforme a los reglamentos en los delitos por los que es acusado.

Ahora, con Melazo en el llano judicial, se debe iniciar un proceso para nombrar en forma interina a un juez subrogante del juzgado que antes conducía el cuestionado magistrado. Este podría llegar a ser otro juez de Garantías o un conjuez, hasta que se decida a través del debido procedimiento la designación de un titular para dicho tribunal.

Las acusaciones que provocaron su retiro

El jury contra el juez César Melazo se inició a partir de una denuncia sobre una causa por la sustracción, en 2002, de unos 4.000 cerdos y 1.000 caballos en la periferia de La Plata, en la que dos de los detenidos declararon haber pagado coimas al fiscal del caso, Carlos Gómez (destituido en 2013), y a Melazo.

Tiempo después, los senadores bonaerenses Juan Pablo Allan (Cambiemos) y Jorge D’Onofrio (Frente Renovador) acusaron al magistrado de incurrir en irregularidades en la investigación de la fuga del exbarrabrava Marcelo Mallo. 

Por esa causa, la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, había ordenado en junio del año pasado un allanamiento al despacho del ahora renunciante magistrado, para buscar información sobre la supuesta vinculación del exlíder de Hinchadas Unidas Argentinas con el doble crimen narco ocurrido en el shopping Unicenter en 2008.

Melazo también fue acusado por la jueza de Garantías platense, Marcela Garmendia, porque en febrero de 2015, mientras la magistrada estaba de vacaciones, habría intervenido en un expediente de su juzgado para sobreseer definitivamente a un sindicalista del gremio de carga y descarga de la ciudad, imputado por incidentes en el Mercado Regional de La Plata.

“Comienza a cerrarse un oscuro capítulo de la Justicia bonaerense”

La reacciones políticas a la renuncia de César Melazo no se hicieron esperar. Uno de los primeros en salir a hablar fue el senador provincial por Cambiemos, Juan Pablo Allan, quien sentenció que “con la renuncia de Melazo comienza a cerrarse un oscuro capítulo de la Justicia bonaerense, signado por los favores políticos y la corrupción”.

Allan, quien fue uno de los denunciantes contra el magistrado, aseguró que la dimisión del juez es “un avance significativo en la mejora de la Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Ahora se empieza a escribir otro que se caracteriza por la independencia y aptitud de los jueces que se seleccionan desde el Consejo de la Magistratura”.

El senador provincial apuntó a que “la mayor rigurosidad en la selección de candidatos por parte del Consejo de la Magistratura y la mejora en el funcionamiento de los mecanismos de enjuiciamiento a los magistrados, sumado a los proyectos presentados para acotar la arbitrariedad en algunas medidas como las excarcelaciones, nos ayudan a lograr la Justicia que nos merecemos”.

Sin fueros, podrían denunciar en la órbita penal al exmagistrado platense 

En el caso de que el gobierno de María Eugenia Vidal le acepte el pedido de renuncia como juez a César Melazo, este se quedará sin fueros y bien podría ser denunciado ante la Justicia ordinaria.

“El jury no tiene naturaleza sancionatoria. El jury en realidad lo que persigue es un interés público superior, que es mantener la buena salud de la Justicia. No importa por qué camino el magistrado acusado se vaya, no importa si se lo remueve o decidió irse para no enfrentar el juicio. El sistema cumplió con que el tipo no siga trabajando en el Poder Judicial”, explicó a este diario un especialista en juicios a magistrados.

La misma fuente agregó: “Ahora, si el hombre tuviera alguna cuenta que pagar con la Justicia ordinaria, será en esa órbita donde deberá dar respuestas”. Por eso nadie descarta que los mismos que acusaron a Melazo para que ya no sea juez podrían avanzar para que el ahora exmagistrado termine en la cárcel.

El dictamen de la Procuración de la Corte, ahora conducida por Julio Conte Grand, consideró que Melazo debía ser apartado del cargo y ser acusado, ante la Justicia ordinaria, por los delitos de “abuso de autoridad, omisión de deberes inherentes al cargo, participación en extorsión y cohecho”. 

Hay que tener en cuenta que el artículo 29 bis de la Ley 13.661 prevé que “el jurado de enjuiciamiento puede apartar preventivamente del cargo al funcionario cuestionado si existieran elementos probatorios que hicieran verosímiles los hechos denunciados” y si la naturaleza y gravedad de los mismos torna inadmisible la permanencia, en este caso de Melazo, en el ejercicio de su función.

Como se recordará, los cinco legisladores (Hernán Albisu, Leandro Santiago, Ramiro Gutiérrez, Mauricio Barrientos y Rocío Soledad Antinori) más los cinco conjueces que conformaron el jurado para analizar las pruebas en contra de Melazo votaron de manera unánime, algo que nunca había sucedido, y decidieron suspenderlo de manera preventiva.

Elevan a juicio causa que complica al fiscal suspendido Julio Novo

Un fiscal federal de San Isidro pidió la elevación a juicio de los cinco imputados por el crimen de dos ciudadanos colombianos vinculados al narcotráfico, cometido en el estacionamiento del centro comercial Unicenter de la localidad bonaerense de Vicente López en 2008.

Se trata de una causa conexa a aquella en la que se encuentran procesados por “encubrimiento agravado” el suspendido fiscal general de San Isidro, Julio Novo, sus excolaboradores adjuntos Rodrigo Caro y Eduardo Vaiani, y sus secretarias Mariana Busse y Melisa Rey. Todos suspendidos en sus cargos.

El expediente por el doble crimen tiene como acusados al empresario farmacéutico Martín López Magallanes (48), los exbarrabravas Richard “El Uruguayo” Laluz Fernández (49), Víctor Hugo Ovejero Olmedo (35) y Jorge Moreira (37) y a Carlos Gustavo Luaces (55), exsocio de los hermanos Juliá, condenados en España por tráfico de cocaína.

El fiscal Fernando Domínguez explicó que los hechos imputados se habrían desarrollado en el marco de un “complejo entramado de crimen organizado vinculado al tráfico nacional e internacional de sustancias estupefacientes”. El representante del Ministerio Público imputó a los cinco “haber causado la muerte, por encargo oneroso”, de los colombianos Jorge Alexander Quintero Gartner (35) y Héctor Edilson Duque Ceballos, alias “Monoteto” (35).

Domínguez dio por probado que el hecho sucedió el 24 de julio de 2008, alrededor de las 20 en Unicenter, “previa ideación mancomunada de un plan delictivo orientado en tal sentido y propósito, en el cual cada uno de los acusados, de manera coordinada y organizada, tomó parte mediante un aporte imprescindible para su efectiva concreción”.

Según la elevación a juicio requerida a la jueza federal nº 1 de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, los barrabravas Ovejero Olmedo y Moreyra interceptaron y asesinaron con armas de fuego a las víctimas “en cumplimiento de un plan trazado con antelación”.