Cómo se investigan los delitos que ocurren en las cárceles de la Provincia

Las denuncias efectuadas dentro de las unidades carcelarias son instruidas solo por dos letrados en todo el suelo provincial, quienes mantienen quince audiencias por día y colaboran con otros departamentos judiciales. Detalles de una tarea poco conocida

La Ayudantía Fiscal sobre Delitos Carcelarios se creó el 14 de mayo de 2013 para investigar ilícitos ocurridos en contextos de encierro en penales y alcaidías departamentales, siempre y cuando los sospechados sean agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y no se trate de disputas entre los internos. Al principio, el único titular del cuerpo era Patricio Ignacio Barraza, hasta que hace un año atrás se le sumó Leandro Rubio. 

En total, la ayudantía está compuesta por seis personas y tiene programadas quince audiencias por día, en las cuales se reúnen con los detenidos para interiorizarse sobre su situación. Si sufren algún tipo de agresión por parte de los guardias carcelarios, los internos se lo transmiten a sus familiares y estos realizan la denuncia, o son los mismos presos los que se presentan en las oficinas de la Procuración General de Justicia que existen en la mayoría de los penales de la Provincia. 

En el caso, primero toma intervención el fiscal de turno del Departamento Judicial de La Plata y si este considera que las pruebas reunidas indican que el sospechado es un miembro del SPB, se deriva el mismo a la Ayudantía. 

Según el último informe estadístico de la Procuración General de la Provincia que comanda Julio Conte Grand, en diciembre de 2016 había 42.419 personas privadas de su libertad en la Provincia de Buenos Aires, distribuidas en 54 unidades penales. De ellas, 3.781 corresponden a la Departamental La Plata, ocupando así el cuarto lugar con más detenidos en suelo bonaerense. 

Aumento de denuncias

El Registro Único de Detenidos de la Procuración señala que, del total de privados de la libertad en nuestra ciudad, 3.457 personas están en unidades carcelarias y 324 imputados se encuentran con arresto domiciliario. De esa cifra, el 96% son hombres y solo el 4% son mujeres. Asimismo, en la actualidad hay 1.492 detenidos con sentencia firme por disposición de la Justicia y 395 internos se encuentran en proceso de investigación. 

Los delitos que investiga la Ayudantía fiscal son torturas seguidas de muerte, lesiones y homicidios, aunque también se encuentran con presos que mueren por causas naturales. Durante el año pasado hubo 135 fallecidos en el total de penales de la Provincia, y las unidades donde se registró el mayor número de decesos fueron en los complejos penitenciarios de La Plata y Olmos.

En la Departamental local funcionan las Unidades Penitenciarias nº 8 y nº 33 (de mujeres, en Los Hornos); nº 12 y nº 18 (Gorina); nº 9 (Villa Elvira); nº 10, nº 34 y nº 45 (Melchor Romero) y las alcaidías departamentales Pettinato; nº 1, nº 22, nº 25 y nº 26 (Olmos); La Plata II y La Plata III (Melchor Romero). De estas últimas, la Unidad nº 34 aloja a enfermos psiquiátricos. 

La Ayudantía también interviene en casos de los penales de Magdalena y colabora con otros departamentos judiciales mediante exhortos. Por ejemplo, si hay un detenido en una cárcel local pero la investigación de su encierro está en Dolores, no se traslada al preso hasta allí sino que los doctores Barraza y Rubio le toman declaración en su lugar de encierro. 

Si bien el organismo público recibe gran cantidad de denuncias de los internos hacia los guardias, no pudieron establecer la cifra exacta por mes. Según cifras oficiales del Ministerio Público, en 2015 se iniciaron 3.582 causas (superando las 2.998 de 2014), en las que se investiga a agentes de una fuerza de seguridad. De estas denuncias, 1.275 se efectuaron contra agentes penitenciarios. 

De los casos detallados con anterioridad, un 73,2% de ellos se caratularon como apremios ilegales o severidades y vejaciones, que son delitos con penas menores, y solo once casos (un 0,3%) fueron caratulados como torturas, cuya pena es equiparable al homicidio. Con la carátula más benévola, los pocos agentes atrapados por el sistema penal accederán a excarcelaciones o mejoras en su situación procesal. Apenas un 2,6% de estas causas fueron elevadas a juicio.

Recorridas por los penales

El trabajo de Patricio Barraza y Leandro Rubio no se termina con las quince audiencias diarias, sino que los funcionarios se encuentran recorriendo los penales frecuentemente. Cuando llega una denuncia de un interno sobre lesiones o presuntas torturas, los letrados se dirigen al lugar del hecho, toman allí mismo las declaraciones y se aseguran de recolectar todas las pruebas en colaboración con la Asesoría Pericial, la Policía Científica y hospitales de la zona, esto último para la atención inmediata del detenido. 

La mayor dificultad en la investigación radica en comprobar el hecho denunciado, ya que básicamente dependen de testimonios que, muchas veces, no llegan a concretarse. 

A pesar de ello, desde la Ayudantía fiscal resaltaron que “hay un avance por parte del Estado” en que funcionarios “se dediquen a la investigación de estos delitos. Hay un interés por parte del Estado para que la Justicia funcione de una manera más adecuada”. 

Actualmente, el caso con más relevancia en el que se encuentran trabajando desde el organismo es la tortura seguida de muerte del interno Narciso Ayala Aquino (36), ocurrida el 1º de agosto de 2016 en la Unidad nº 1 de Olmos. Nueve penitenciarios están imputados en la causa, de los cuales seis fueron excarcelados, mientras que los tres jefes de la cárcel permanecen detenidos con prisión preventiva.