Corrupción K sin castigo
Los negociados de funcionarios kirchneristas han ido aumentando en los últimos años. A pesar del crecimiento, los acusados no encuentran condena en la Justicia y se mantienen impunes.
Los casos de corrupción de funcionarios públicos aumentaron de manera exponencial en los últimos años de gobierno kirchnerista. Ese crecimiento no está representado en cifras, pero se refleja en hechos concretos.
La tragedia de Once que dejó 52 muertes, los menos de dos mil pesos mensuales que cobran más del 70% de los jubilados, los daños ambientales que perjudican a diario la salud de los argentinos, entre muchos otros, son consecuencia directa o indirecta de la corrupción. Pero lo peor de todo es que en ninguno de esos casos los culpables encuentran castigo.
“Hay una conducta de inmoralidad que es superior a la ilegalidad, no todo lo ilegal es inmoral pero el Gobierno nacional viene dando un ejemplo de inmoralidad que es preocupante”, dijo a Hoy el abogado Ricardo Monner Sans, que motorizó varias causas por corrupción contra funcionarios públicos.
“El Gobierno nacional maneja todos los medios y narcotiza el problema de la corrupción, hace varios años anunciaba que lo íbamos a pagar y ahora lo estamos pagando”, completó.
La mayoría de los casos de corrupción K no tienen condena por la complicidad de la Justicia. El juez Norberto Oyarbide, un personaje repetido en esa situación, sobreseyó a al matrimonio Kirchner en una de las causas por enriquecimiento ilícito luego de recibir una pericia contable que certificaba que el patrimonio creció un 158% sólo en 2008.
El vicepresidente Amado Boudou está imputado por su vinculación con la imprenta ex Ciccone Calcográfica, con la cual habría hecho negocios en impresión de billetes antes de que fuera estatizada. Varias pruebas demuestran que la cara visible de la ex Ciccone, Alejandro Vandenbroele, sería el “testaferro” del vicepresidente, pero Boudou se las ingenió para hacer desaparecer expedientes, apartar a jueces, fiscales y hasta al procurador general de la Nación para garantizar su impunidad.
El exsecretario de Transporte Ricardo Jaime todavía no fue culpado a pesar de que se lo viene investigando hace más de cuatro años por varias denuncias de corrupción, entre ellas por haber recibido dádivas de parte del empresario transportista Claudio Cirigliano (que tenía la concesión de la línea Sarmiento cuando se originó la tragedia de Once), a quien Jaime debía controlar por la explotación de trenes y colectivos.
Por esa causa (en la que también está investigado otro exsecretario de Transporte K, Juan Pablo Schiavi) Jaime podrá ser el segundo exfuncionario K en llegar a un juicio oral después de la exministra de Economía Felisa Miceli, la única condenada por tener dinero no declarado en su despacho.
“Argentina viene descendiendo en el castigo a la corrupción si se la compara con las manifestaciones que han tenido gobiernos como el de Brasil o España e incluso Chile, donde se ha creado una conciencia sobre este tema”, dijo Monner Sans.